La diplomacia tras la invasión
Entre las primeras medidas tomadas por Argentina, estuvieron algunas de carácter administrativo, aunque con fuerte valor simbólico: cambios de topónimos por sus versiones argentinas, instauración del español como lengua oficial y modificación del código de la circulación vehicular para que se condujese por la derecha en vez de por la izquierda.
Frente a las celebraciones argentinas, el Reino Unido se conmocionó ante las imágenes de una derrota ante un ejército que consideraban inferior.
El gobierno de Margaret Thatcher, inmerso en distintas reformas muy contestadas socialmente, se hallaba en una situación delicada. Francis Pym, su ministro deAsuntos Exteriores, no veía con buenos ojos un conflicto con Argentina por la posesión de unas islas remotas en el Atlántico Sur.
Con todo, el 3 de abril el Reino Unido logró que la ONU aprobara la resolución 502, exigiendo a la Argentina que retirara sus tropas de los archipiélagos ocupados:
El Consejo de Seguridad,
Recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo de Seguridad en día 23 45a. Sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 1º de abril de 1982 (S/14944), en la que se instaba a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la amenaza de la fuerza en la región de las Islas Malvinas (Falkland),
Profundamente preocupado por los informes acerca de una invasión por parte de las fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril de 1982,
Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas Malvinas (Falkland),
1. Exige la cesación inmediata de las hostilidades.
2. Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland).
3. Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Resolución 502 del Consejo de Seguridad. Nueva York, 3 de abril de 1982.
Votaron a favor Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Jordania, Togo, Uganda, Zaire, Guyana, Irlanda y Japón.
En contra: Panamá.
Se abstuvieron la Unión Soviética, China, Polonia y España.
El presidente de Francia, François Mitterrand, telefoneó a Thatcher para expresarle su apoyo. El Reino Unido también cortó todas las relaciones comerciales con Argentina, y comenzó a buscar aliados diplomáticos con un éxito mucho mayor al de la Junta militar argentina
miércoles, 23 de febrero de 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
Uso de fósforo blanco por parte de Israel
Israel admitió que masacró Gaza con fósforo blanco
El Ejército israelí reconoció el uso de fósforo blanco contra un edificio de la ONU en la masacre de Gaza del pasado invierno, pero trató de limitar su responsabilidad castigando a dos oficiales.
Se trata del comandante de la división que operó en Gaza, el general Eyal Eisenberg, y el jefe de un regimiento de Infantería, el coronel Ilan Malka, que han sido acusados de «haber sobrepasado sus prerrogativas poniendo en riesgo la vida de civiles».
En un informe oficial enviado a la ONU, para intentar refutar las acusaciones de crímenes de guerra formuladas por la comisión de investigación dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone, las autoridades israelíes destacaban que habían puesto en marcha un procedimiento disciplinario contra un general y un coronel, sin identificarlos. El informe de Goldstone también acusa de crímenes de guerra a Hamas.
Según la radio pública, los mandos israelíes están dispuestos a castigar a los dos oficiales.
El Ejército confirmó que se ha abierto el procedimiento contra los dos oficiales, pero rechazó comentar si éstos habían sido castigados.
Junto a ello, el Ejército israelí puntualizó que el general Eisenberg y el coronel Malka no «han sido sanciones porque las armas contuviesen alguna cantidad de fósforo blanco, sino porque se dispararon hacia zonas habitadas».
El bombardeo durante la operación «Plomo Fundido» afectó el 15 de enero de 2009 al principal almacén de la agencia de la ONU para la ayuda a los refugiados palestinos (Unrwa) en la ciudad de Gaza, que ardió tras recibir el impacto de obuses israelíes.
Este bombardeo, que hirió a tres empleados de la Unrwa fue unánimemente condenado por la comunidad internacional.Como «compensación» por este ataque y otros cometidos contra instalaciones de la ONU, Israel entregó 10,5 millones de dólares [7,57 millones de euros].
Junto a ello, Israel afirma que ha iniciado investigaciones sobre 150 «incidentes», de los que 36 son objeto de una investigación criminal.
En su justificación de 46 páginas presentada a la ONU, el Estado sionista subraya la «independencia e imparcialidad» de su sistema judicial y asegura que su Ejército actuó conforme al derecho internacional durante la masacre de Gaza.
Sin embargo, el reconocimiento de haber empleado fósforo blanco en una zona densamente poblada por civiles ya supone una conculcación de las normas internacionales, puesto que el uso de esta sustancia está prohibido en zonas habitadas por las graves quemaduras que provoca, ya que se inflama al contactar con el oxígeno del aire.
Por otra parte, Breaking the Silence difundió ayer los testimonios de 96 mujeres israelíes que reconocen haber maltratado a palestinos durante su servicio militar. «Queremos mostrar a los israelíes que sus mujeres participan en violaciones de derechos humanos», señalaron.
El fósforo blanco es un alótropo (puede existir en más de un estado físico) común del elemento químico fósforo, blanco o amarillo y de olor similar al ajo, que ha tenido su uso militar como agente incendiario.
Se utiliza para crear pantallas de humo en segundos, para ocultar movimientos de tropas e identificación de blancos. El fósforo blanco empezó a usarse en la Primera Guerra Mundial y el Ejército británico introdujo las primeras granadas con este elemento químico en 1916.
Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el fósforo blanco fue usado de forma intensiva por los EE UU y en menor medida por Japón para crear pantallas de humo y también contra la población civil. Las municiones con fósforo blanco se han utilizado posteriormente en la Guerra de Corea, de Vietnam, la ha usado Marruecos contra la población Saharaui, y en Grozny (Chechenia), en 1994 una cuarta parte de los proyectiles contenían fósforo blanco, según GlobalSecurity.org.
Además, hay al menos cuatro casos probados en que se ha usado este elemento químico contra personas en Irak.
Las partículas incandescentes del fósforo blanco que se producen en la explosión inicial pueden producirprofundas, extensas y dolorosas quemaduras de segundo y tercer grado. Además, por su capacidad de absorción, las quemaduras del fósforo blanco pueden dañar órganos internos. Y según GlobalSecurity.org, “el fósforo blanco provoca daños por quemadura químicamente dolorosos”.
La combustión de este elemento provoca una nube blanca, densa y caliente, que en concentraciones moderadas puede producir irritación en los ojos y nariz.
El uso del fósforo blanco contra objetivos militares no está específicamente prohibido por ningún tratado internacional, aunque existe el debate de si debería considerarse una arma química y por lo tanto, ilegal según la Convención de Armas Químicas de abril de 1997.
El Ejército israelí reconoció el uso de fósforo blanco contra un edificio de la ONU en la masacre de Gaza del pasado invierno, pero trató de limitar su responsabilidad castigando a dos oficiales.
Se trata del comandante de la división que operó en Gaza, el general Eyal Eisenberg, y el jefe de un regimiento de Infantería, el coronel Ilan Malka, que han sido acusados de «haber sobrepasado sus prerrogativas poniendo en riesgo la vida de civiles».
En un informe oficial enviado a la ONU, para intentar refutar las acusaciones de crímenes de guerra formuladas por la comisión de investigación dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone, las autoridades israelíes destacaban que habían puesto en marcha un procedimiento disciplinario contra un general y un coronel, sin identificarlos. El informe de Goldstone también acusa de crímenes de guerra a Hamas.
Según la radio pública, los mandos israelíes están dispuestos a castigar a los dos oficiales.
El Ejército confirmó que se ha abierto el procedimiento contra los dos oficiales, pero rechazó comentar si éstos habían sido castigados.
Junto a ello, el Ejército israelí puntualizó que el general Eisenberg y el coronel Malka no «han sido sanciones porque las armas contuviesen alguna cantidad de fósforo blanco, sino porque se dispararon hacia zonas habitadas».
El bombardeo durante la operación «Plomo Fundido» afectó el 15 de enero de 2009 al principal almacén de la agencia de la ONU para la ayuda a los refugiados palestinos (Unrwa) en la ciudad de Gaza, que ardió tras recibir el impacto de obuses israelíes.
Este bombardeo, que hirió a tres empleados de la Unrwa fue unánimemente condenado por la comunidad internacional.Como «compensación» por este ataque y otros cometidos contra instalaciones de la ONU, Israel entregó 10,5 millones de dólares [7,57 millones de euros].
Junto a ello, Israel afirma que ha iniciado investigaciones sobre 150 «incidentes», de los que 36 son objeto de una investigación criminal.
En su justificación de 46 páginas presentada a la ONU, el Estado sionista subraya la «independencia e imparcialidad» de su sistema judicial y asegura que su Ejército actuó conforme al derecho internacional durante la masacre de Gaza.
Sin embargo, el reconocimiento de haber empleado fósforo blanco en una zona densamente poblada por civiles ya supone una conculcación de las normas internacionales, puesto que el uso de esta sustancia está prohibido en zonas habitadas por las graves quemaduras que provoca, ya que se inflama al contactar con el oxígeno del aire.
Por otra parte, Breaking the Silence difundió ayer los testimonios de 96 mujeres israelíes que reconocen haber maltratado a palestinos durante su servicio militar. «Queremos mostrar a los israelíes que sus mujeres participan en violaciones de derechos humanos», señalaron.
El fósforo blanco es un alótropo (puede existir en más de un estado físico) común del elemento químico fósforo, blanco o amarillo y de olor similar al ajo, que ha tenido su uso militar como agente incendiario.
Se utiliza para crear pantallas de humo en segundos, para ocultar movimientos de tropas e identificación de blancos. El fósforo blanco empezó a usarse en la Primera Guerra Mundial y el Ejército británico introdujo las primeras granadas con este elemento químico en 1916.
Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el fósforo blanco fue usado de forma intensiva por los EE UU y en menor medida por Japón para crear pantallas de humo y también contra la población civil. Las municiones con fósforo blanco se han utilizado posteriormente en la Guerra de Corea, de Vietnam, la ha usado Marruecos contra la población Saharaui, y en Grozny (Chechenia), en 1994 una cuarta parte de los proyectiles contenían fósforo blanco, según GlobalSecurity.org.
Además, hay al menos cuatro casos probados en que se ha usado este elemento químico contra personas en Irak.
Las partículas incandescentes del fósforo blanco que se producen en la explosión inicial pueden producirprofundas, extensas y dolorosas quemaduras de segundo y tercer grado. Además, por su capacidad de absorción, las quemaduras del fósforo blanco pueden dañar órganos internos. Y según GlobalSecurity.org, “el fósforo blanco provoca daños por quemadura químicamente dolorosos”.
La combustión de este elemento provoca una nube blanca, densa y caliente, que en concentraciones moderadas puede producir irritación en los ojos y nariz.
El uso del fósforo blanco contra objetivos militares no está específicamente prohibido por ningún tratado internacional, aunque existe el debate de si debería considerarse una arma química y por lo tanto, ilegal según la Convención de Armas Químicas de abril de 1997.
viernes, 11 de febrero de 2011
Producto interno bruto de Letonia en crisis
Ha caído 22% el PIB de Letonia en 2 años
Letonia está sufriendo una enorme depresión económica. En los dos últimos años su PIB ha descendido un 25%, y se prevé que pierda otros 4 puntos más este año. Su desempleo es más del 22% y continúa subiendo. Sólo EEUU, en la época 1929-1933, sufrió una depresión semejante. Y la razón de que ello ocurra es que el gobierno está llevando a cabo las políticas liberales necesarias para la integración en la Unión Europea, políticas supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.
Estas políticas son las políticas estándar que los países tienen que seguir para integrarse a la eurozona. Y que España sufrió en los años noventa y principios del siglo XXI. Incluyen la reducción del déficit del Estado mediante la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social. Las medidas de austeridad de tal gasto han supuesto, según las páginas económicas del The New York Times (12/2/10), un recorte del 50% de los salarios de los empleados públicos y un 40% de los gastos en los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El problema de tales medidas no es sólo el descenso de la calidad de vida de la ciudadanía, sino la disminución del consumo doméstico –tal como reconocía The New York Times- creando un problema grave de demanda interna, responsable de la enorme reducción del PIB, un descenso sin precedentes en Europa.
Otro factor que contribuye al descenso de la demanda interna, es la bajada de salarios, también promovida por el FMI (con el apoyo de la UE). En teoría la bajada de los salarios se justifica a fin de que la economía pueda competir mejor y exportar los productos producidos en el país, asumiendo que las exportaciones salvarán al país. Tal argumento se está utilizando también en España. Se subraya que la única manera de salir de esta crisis –dado que no está permitida la devaluación de la moneda, que está fijada al euro –es bajar los salarios, recomendación hecha también para España por Paul Krugman. Como consecuencia de estas políticas, la economía del país está en una situación desesperada. Como era de esperar, el deseo popular de integrarse en el euro se está desvaneciendo muy rápidamente, pues no creían que Europa significara sufrir todo esto. Un hecho semejante está ocurriendo en otros países de la euro zona. El último caso es Francia, donde el rechazo al euro es hoy mayoritario en aquel país. El porcentaje de la población en contra del euro ha pasado de un 39% en 2002 a un 69% este año (Finantial Times, 17.02.10).
Letonia está sufriendo una enorme depresión económica. En los dos últimos años su PIB ha descendido un 25%, y se prevé que pierda otros 4 puntos más este año. Su desempleo es más del 22% y continúa subiendo. Sólo EEUU, en la época 1929-1933, sufrió una depresión semejante. Y la razón de que ello ocurra es que el gobierno está llevando a cabo las políticas liberales necesarias para la integración en la Unión Europea, políticas supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.
Estas políticas son las políticas estándar que los países tienen que seguir para integrarse a la eurozona. Y que España sufrió en los años noventa y principios del siglo XXI. Incluyen la reducción del déficit del Estado mediante la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social. Las medidas de austeridad de tal gasto han supuesto, según las páginas económicas del The New York Times (12/2/10), un recorte del 50% de los salarios de los empleados públicos y un 40% de los gastos en los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El problema de tales medidas no es sólo el descenso de la calidad de vida de la ciudadanía, sino la disminución del consumo doméstico –tal como reconocía The New York Times- creando un problema grave de demanda interna, responsable de la enorme reducción del PIB, un descenso sin precedentes en Europa.
Otro factor que contribuye al descenso de la demanda interna, es la bajada de salarios, también promovida por el FMI (con el apoyo de la UE). En teoría la bajada de los salarios se justifica a fin de que la economía pueda competir mejor y exportar los productos producidos en el país, asumiendo que las exportaciones salvarán al país. Tal argumento se está utilizando también en España. Se subraya que la única manera de salir de esta crisis –dado que no está permitida la devaluación de la moneda, que está fijada al euro –es bajar los salarios, recomendación hecha también para España por Paul Krugman. Como consecuencia de estas políticas, la economía del país está en una situación desesperada. Como era de esperar, el deseo popular de integrarse en el euro se está desvaneciendo muy rápidamente, pues no creían que Europa significara sufrir todo esto. Un hecho semejante está ocurriendo en otros países de la euro zona. El último caso es Francia, donde el rechazo al euro es hoy mayoritario en aquel país. El porcentaje de la población en contra del euro ha pasado de un 39% en 2002 a un 69% este año (Finantial Times, 17.02.10).
¿DEVALUAR LA MONEDA LETONA?
La crisis económica de Letonia ¿Debe Letonia devaluar su moneda? ¿Qué otra solución le queda a Letonia?
Escrito el 10 Agosto 2009 por Rafael Pampillón en Unión Europea
En estos momentos Letonia es el país del mundo que atraviesa la mayor crisis económica. Su PIB es el que más cae en el mundo: -18%. Tiene una deuda enorme, los bancos, nacionales y extranjeros, tienen problemas de solvencia y la población lo está pasando mal por el aumento del desempleo (un paro que supera el 16%) y la reducción de los salarios. A ello se une la fuerte inflación de los últimos años (el año pasado fue del 18%) con pérdidas elevadas de competitividad. (Su moneda, el lat, está atada al euro, a través de un sistema de tipo de cambio fijo.)
¿Qué opciones de política económica tiene Letonia?
Hay una que es evidente que es devaluar su moneda (con respecto al euro) con el fin de ganar competitividad y así aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y aumentar el empleo. Sin embargo, tendrá que seguir importando muchos bienes que necesita y de los que carece y con una moneda devaluada les van a salir mas caros, importará inflación.
¿Qué otras cosas podrían pasar si devalúa sus moneda?
Pongamos un ejemplo. Si un habitante de Letonia que antes ganaba mensualmente 1.000 lats (1 lats = 1€), y que mensualmente debía pagar 200 euros (muchas deudas están nominadas en euros) de un crédito hipotecario, aún contaba con 800 euros o lats (1 lats = 1€) adicionales para vivir. ¿Qué pasará si se devalúa? Tras la devaluación, digamos de un 30% (ahora 1,3 lats = 1€) los 1.000 lats que recibe mensualmente, ahora deberá seguir pagando 200 euros, que ahora equivalen a 260 lats, lo que le deja con 740 lats para vivir, un 7,5% menos que antes. Si a ello se une que se trata de una economía pequeña y que una parte importante de lo que compra es importado el lituano medio tendrá que pagar ahora un 30% más de lats para comprar los mismos bienes importados que compraba antes en euros. Muy probablemente con la devaluación el lituano medio haya perdido un 20% de poder adquisitivo. (Este razonamiento, que se mueve en el terreno del consumidor se puede trasladar a las empresas lituanas).
Desgraciadamente como mucha de la deuda externa letona la tienen nominada en euros al devaluar su moneda tendrán que pagar por la misma cantidad de euros más dinero en moneda local. Eso quiere decir, que en una situación de escasez de divisas y tipo de cambio depreciado, la deuda contraída con los bancos europeos costará mucho más amortizarla. Los bancos extranjeros ubicados o que han concedido crédito a Letonia lo van a pasar fatal. Por ejemplo, como ya he indicado la deuda pública alcanza niveles del 150% del PIB y el estado se encuentra en dificultades para su devolución. Y encima la deuda pública es en moneda extrajera, con lo que en caso de una devaluación de la moneda local la deuda aumentaría más en moneda letona y el problema de solvencia se agravaría.
¿Qué se consigue devaluando?
Devaluando la moneda se consigue reactivar la economía con políticas de demanda. De esta manera las empresas locales ganarían competitividad y la balanza comercial del país se vería saneada por un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Aunque esta es una solución a corto plazo puesto que el resultado final conocido es una importación de inflación.
En todo caso, ha llegado el momento de pasar de la bonanza económica expansiva y desequilibrada de la que ha disfrutado Letonia a afrontar un ajuste duro y doloroso en términos de aumento del desempleo. A Letonia se le acabó la fiesta.
Escrito el 10 Agosto 2009 por Rafael Pampillón en Unión Europea
En estos momentos Letonia es el país del mundo que atraviesa la mayor crisis económica. Su PIB es el que más cae en el mundo: -18%. Tiene una deuda enorme, los bancos, nacionales y extranjeros, tienen problemas de solvencia y la población lo está pasando mal por el aumento del desempleo (un paro que supera el 16%) y la reducción de los salarios. A ello se une la fuerte inflación de los últimos años (el año pasado fue del 18%) con pérdidas elevadas de competitividad. (Su moneda, el lat, está atada al euro, a través de un sistema de tipo de cambio fijo.)
¿Qué opciones de política económica tiene Letonia?
Hay una que es evidente que es devaluar su moneda (con respecto al euro) con el fin de ganar competitividad y así aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y aumentar el empleo. Sin embargo, tendrá que seguir importando muchos bienes que necesita y de los que carece y con una moneda devaluada les van a salir mas caros, importará inflación.
¿Qué otras cosas podrían pasar si devalúa sus moneda?
Pongamos un ejemplo. Si un habitante de Letonia que antes ganaba mensualmente 1.000 lats (1 lats = 1€), y que mensualmente debía pagar 200 euros (muchas deudas están nominadas en euros) de un crédito hipotecario, aún contaba con 800 euros o lats (1 lats = 1€) adicionales para vivir. ¿Qué pasará si se devalúa? Tras la devaluación, digamos de un 30% (ahora 1,3 lats = 1€) los 1.000 lats que recibe mensualmente, ahora deberá seguir pagando 200 euros, que ahora equivalen a 260 lats, lo que le deja con 740 lats para vivir, un 7,5% menos que antes. Si a ello se une que se trata de una economía pequeña y que una parte importante de lo que compra es importado el lituano medio tendrá que pagar ahora un 30% más de lats para comprar los mismos bienes importados que compraba antes en euros. Muy probablemente con la devaluación el lituano medio haya perdido un 20% de poder adquisitivo. (Este razonamiento, que se mueve en el terreno del consumidor se puede trasladar a las empresas lituanas).
Desgraciadamente como mucha de la deuda externa letona la tienen nominada en euros al devaluar su moneda tendrán que pagar por la misma cantidad de euros más dinero en moneda local. Eso quiere decir, que en una situación de escasez de divisas y tipo de cambio depreciado, la deuda contraída con los bancos europeos costará mucho más amortizarla. Los bancos extranjeros ubicados o que han concedido crédito a Letonia lo van a pasar fatal. Por ejemplo, como ya he indicado la deuda pública alcanza niveles del 150% del PIB y el estado se encuentra en dificultades para su devolución. Y encima la deuda pública es en moneda extrajera, con lo que en caso de una devaluación de la moneda local la deuda aumentaría más en moneda letona y el problema de solvencia se agravaría.
¿Qué se consigue devaluando?
Devaluando la moneda se consigue reactivar la economía con políticas de demanda. De esta manera las empresas locales ganarían competitividad y la balanza comercial del país se vería saneada por un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Aunque esta es una solución a corto plazo puesto que el resultado final conocido es una importación de inflación.
En todo caso, ha llegado el momento de pasar de la bonanza económica expansiva y desequilibrada de la que ha disfrutado Letonia a afrontar un ajuste duro y doloroso en términos de aumento del desempleo. A Letonia se le acabó la fiesta.
Letonia y su crisis
Letonia
Aunque ya hace meses que la situación económica de Europa del Este ha dejado de estar de moda, sus problemas siguen sin solucionarse y su solvencia sigue siendo un peligro económico global. No obstante, aunque lo consideremos una misma región económica hay muchas diferencias entre los países y uno de los más curiosos es Letonia, que tiene el triste honor de competir con España por la mayor tasa de paro de la Unión Europea.
Letonia es un país joven (fue independiente de 1918 a 1940 –víctima del acuerdo nazi-soviético- y de nuevo desde 1991) con poco más de 2 millones de habitantes que en poco tiempo pasó de una estructura económica “comunista” dirigida por Rusia a un experimento ultraliberal que originó unas cifras de crecimiento asombrosas y a la situación actual en la que la solvencia del país depende –de nuevo- de la ayuda exterior. Lo primero que hay que resaltar es que desde que Letonia recobró su independencia se volcó en olvidar el pasado soviético (en 1991 dieron la ciudadanía sólo a aquellos que pudieran demostrar su residencia en Letonia antes de 1940, y a sus descendientes, dejando sin nacionalidad a la minoría rusa –el 30%- que la consiguió 10 años después pero que aún es discriminada) volcándose en occidentalizar el país (en 2004 ingresó en la OTAN y la UE) y construir una economía radicalmente distinta, se puede decir que llegaron al liberalismo por su nacionalismo antisoviético. En política siempre han estado gobernados por la “derecha” que estableció un tipo impositivo único para todos los asalariados (“flat-tax”) del 23% en 1997, despido libre y prácticamente gratuito, condiciones fiscales muy ventajosas para las empresas y sin costes a las ganancias de capital.
Se convirtió durante muchos años en uno de los países con mayores crecimientos del continente y desde 2004 de la UE (con crecimientos del PIB de dos dígitos). Los bancos escandinavos inundaron de crédito barato el país provocando una burbuja de consumo que tuvo su reflejo en la burbuja inmobiliaria: un apartamento de dos habitaciones en Riga –la capital- costaba 250 mil euros y se vendía sin entrada cuando el salario medio de un letón es de 400€ al mes. El paro se redujo a un 5%, y desde 2006 hasta 2008 el costo de la mano de obra se duplicó. La inflación se triplicó hasta el punto que la ropa local y costo de los alimentos eran de casi el doble que en Inglaterra. En 2007, los letones presentaron la menor tasa de ahorro de los hogares en la UE y, contra lo que se pudiera pensar, era típico ver a letones viajando a Alemania y Finlandia a comprar productos más baratos que en su país. Según la Asociación de Bancos de Letonia, los préstamos y créditos baratos se habían cuadruplicado desde 2004 hasta 2008, alcanzando el 95 por ciento del PIB de Letonia a principios de 2008. La mayoría de las inversiones fueron en la construcción de viviendas y edificios de oficinas – en lugar de la capacidad de exportación – en la creencia de que los bienes raíces -¿Os suena de algo?- crecen de forma indefinida. El resto fue a comprar productos importados, muchos de ellos subsidiados, lo que debilitó la fabricación local de Letonia y la base de exportación. En 2007, Letonia tenía el segundo mayor déficit comercial en la UE, después de Bulgaria.
Hasta aquí un esquema que ya vimos repetido en Irlanda e Islandia pero aún más agudizado por otra característica letona que le acerca al caso español: Según varios estudios internacionales, Letonia tenía el peor registro de corrupción entre sus funcionarios gubernamentales de alto rango de los estados post-soviéticos. En 2004, cuando Letonia se sumó a la UE, recibió más de $ 1 mil millones en “fondos estructurales” para el desarrollo de la infraestructura de Letonia -la modernización de las escuelas y la construcción de carreteras y puentes, entre otras cosas- pero junto con esos fondos se produjo un resurgimiento de la antigua afición al soborno típica de la era soviética. Un informe de 2004 de la Comisión Europea estimaba que alrededor del 20 por ciento de la mano de obra letona cobraba en negro, en comparación con sólo el 9 por ciento en Estonia.
Pero la crisis global afectó mucho a una sociedad con unos empleos y unos ingresos relacionados con el consumo. Las hipotecas pronto superaron a los sueldos. Según la Guía Mundial de la Propiedad, Letonia sufrió la mayor caída de precios inmobiliarios en el mundo: 50% en un año. En la actualidad hay propiedades que valen el 70% menos, muchas pymes han quebrado y son numerosos los saldos: zapatos importados comprados por 35€ ahora se venden por 5. Fuera de la capital, Riga, las grandes explotaciones agrícolas también se endeudaron y la bajada de precios de la leche y los cereales les está conduciendo a la quiebra. Como se puede apreciar aquí el PIB pasó de crecer 2 dígitos a bajarlos en poco tiempo:
El FMI y la UE aceptaron evitar con sus fondos la bancarrota del país a cambio de un plan de austeridad inaudito que ha supuesto una rebaja de dos dígitos en pensiones y sueldos de funcionarios y el cierre de al menos 30 hospitales. El Gobierno letón ha aceptado reducir drásticamente su presupuesto cada año hasta 2012, año en que espera adoptar el euro. Funcionarios del Gobierno esperaron hasta el día después de las elecciones municipales del 6 de junio para anunciar recortes del 50 por ciento en los salarios de los docentes. Y es que aunque con los fondos otorgados en diciembre Letonia pudo salvarse, para recibir el total del crédito aprobado debe reducir su déficit público del 9% actual al 5%, algo que no está consiguiendo –el recorte de gastos ha sido compensado por el aumento del gasto social hasta el punto que en agosto de 2009 los costes del gobierno central seguían siendo los mismos que en agosto de 2008- y que está precipitando una nueva crisis en el país. Los que más están presionando a la coalición de gobierno actual de Letonia son el primer ministro sueco y el gobernador del Riksbank, su banco central, ya que los bancos de aquel país son con diferencia los que más intereses económicos tienen, y exigen un enorme recorte presupuestario en 2010 que, a pesar de todos los ajustes, el propio gobierno letón espera sea del 8.5%. Los bancos escandinavos están perdiendo muchísimo dinero por la constante devaluación de la moneda letona y por la enorme cantidad de impagados pero también son conscientes de que aún sería peor la quiebra del país.
La negociación está tan tensa que el 5 de octubre el Daily Telegraph publicó que el ministro de Finanzas de Suecia, Anders Borg, había dicho a los bancos en secreto que se prepararan para el colapso porque Letonia no cumplía y no se le iba a dar más crédito y por tanto empezarían los impagos. Por el contrario, el gobierno letón, cansado de ceder (por ejemplo, han aprobado un nuevo impuesto sobre bienes inmuebles y cerrado varias empresas y servicios públicos) ha amenazado con una nueva ley que obligue a que las deudas hipotecarias de los letones con la banca extranjera se actualicen al actual valor de tasación de las propiedades (si se deben 200 mil por una vivienda que vale 100 mil, que la deuda quede en 100 mil), medida que más bien parece un órdago para conseguir la nueva línea de crédito que una medida real. En la polémica ha intervenido George Soros (que asegura ser neutral y no tener posiciones especulativas en Letonia): “La presión para reducir el gasto público cuando el problema está en el sector privado es un error que debe ser evitado”, “Creo que los países de la Unión Europea están en buena posición y deben ayudar a Letonia más de lo que están haciendo actualmente”. Por supuesto, los CDS de riesgo de quiebra se están tensionando y Moody´s y Standard & Poors están pendientes de las negociaciones para rebajar aún más el rating del país. Es cuestión de días o semanas el que se haga oficial si finalmente Letonia quiebra o no. El FMI y la Unión Europea están en medio de la “paradoja del amigo” (que ya comentamos con el caso de GM) al que si no le prestan más dinero jamás devolverá lo anterior prestado pero quizás sea mejor así que arriesgar más fondos… No debemos olvidar que Letonia es obligada por el FMI a hacer lo contrario de lo que los miembros del FMI hacen: mientras el resto del mundo ha utilizado el endeudamiento y el gasto público para intentar solventar esta crisis, Letonia es obligada a la austeridad.
Aunque ya hace meses que la situación económica de Europa del Este ha dejado de estar de moda, sus problemas siguen sin solucionarse y su solvencia sigue siendo un peligro económico global. No obstante, aunque lo consideremos una misma región económica hay muchas diferencias entre los países y uno de los más curiosos es Letonia, que tiene el triste honor de competir con España por la mayor tasa de paro de la Unión Europea.
Letonia es un país joven (fue independiente de 1918 a 1940 –víctima del acuerdo nazi-soviético- y de nuevo desde 1991) con poco más de 2 millones de habitantes que en poco tiempo pasó de una estructura económica “comunista” dirigida por Rusia a un experimento ultraliberal que originó unas cifras de crecimiento asombrosas y a la situación actual en la que la solvencia del país depende –de nuevo- de la ayuda exterior. Lo primero que hay que resaltar es que desde que Letonia recobró su independencia se volcó en olvidar el pasado soviético (en 1991 dieron la ciudadanía sólo a aquellos que pudieran demostrar su residencia en Letonia antes de 1940, y a sus descendientes, dejando sin nacionalidad a la minoría rusa –el 30%- que la consiguió 10 años después pero que aún es discriminada) volcándose en occidentalizar el país (en 2004 ingresó en la OTAN y la UE) y construir una economía radicalmente distinta, se puede decir que llegaron al liberalismo por su nacionalismo antisoviético. En política siempre han estado gobernados por la “derecha” que estableció un tipo impositivo único para todos los asalariados (“flat-tax”) del 23% en 1997, despido libre y prácticamente gratuito, condiciones fiscales muy ventajosas para las empresas y sin costes a las ganancias de capital.
Se convirtió durante muchos años en uno de los países con mayores crecimientos del continente y desde 2004 de la UE (con crecimientos del PIB de dos dígitos). Los bancos escandinavos inundaron de crédito barato el país provocando una burbuja de consumo que tuvo su reflejo en la burbuja inmobiliaria: un apartamento de dos habitaciones en Riga –la capital- costaba 250 mil euros y se vendía sin entrada cuando el salario medio de un letón es de 400€ al mes. El paro se redujo a un 5%, y desde 2006 hasta 2008 el costo de la mano de obra se duplicó. La inflación se triplicó hasta el punto que la ropa local y costo de los alimentos eran de casi el doble que en Inglaterra. En 2007, los letones presentaron la menor tasa de ahorro de los hogares en la UE y, contra lo que se pudiera pensar, era típico ver a letones viajando a Alemania y Finlandia a comprar productos más baratos que en su país. Según la Asociación de Bancos de Letonia, los préstamos y créditos baratos se habían cuadruplicado desde 2004 hasta 2008, alcanzando el 95 por ciento del PIB de Letonia a principios de 2008. La mayoría de las inversiones fueron en la construcción de viviendas y edificios de oficinas – en lugar de la capacidad de exportación – en la creencia de que los bienes raíces -¿Os suena de algo?- crecen de forma indefinida. El resto fue a comprar productos importados, muchos de ellos subsidiados, lo que debilitó la fabricación local de Letonia y la base de exportación. En 2007, Letonia tenía el segundo mayor déficit comercial en la UE, después de Bulgaria.
Hasta aquí un esquema que ya vimos repetido en Irlanda e Islandia pero aún más agudizado por otra característica letona que le acerca al caso español: Según varios estudios internacionales, Letonia tenía el peor registro de corrupción entre sus funcionarios gubernamentales de alto rango de los estados post-soviéticos. En 2004, cuando Letonia se sumó a la UE, recibió más de $ 1 mil millones en “fondos estructurales” para el desarrollo de la infraestructura de Letonia -la modernización de las escuelas y la construcción de carreteras y puentes, entre otras cosas- pero junto con esos fondos se produjo un resurgimiento de la antigua afición al soborno típica de la era soviética. Un informe de 2004 de la Comisión Europea estimaba que alrededor del 20 por ciento de la mano de obra letona cobraba en negro, en comparación con sólo el 9 por ciento en Estonia.
Pero la crisis global afectó mucho a una sociedad con unos empleos y unos ingresos relacionados con el consumo. Las hipotecas pronto superaron a los sueldos. Según la Guía Mundial de la Propiedad, Letonia sufrió la mayor caída de precios inmobiliarios en el mundo: 50% en un año. En la actualidad hay propiedades que valen el 70% menos, muchas pymes han quebrado y son numerosos los saldos: zapatos importados comprados por 35€ ahora se venden por 5. Fuera de la capital, Riga, las grandes explotaciones agrícolas también se endeudaron y la bajada de precios de la leche y los cereales les está conduciendo a la quiebra. Como se puede apreciar aquí el PIB pasó de crecer 2 dígitos a bajarlos en poco tiempo:
El FMI y la UE aceptaron evitar con sus fondos la bancarrota del país a cambio de un plan de austeridad inaudito que ha supuesto una rebaja de dos dígitos en pensiones y sueldos de funcionarios y el cierre de al menos 30 hospitales. El Gobierno letón ha aceptado reducir drásticamente su presupuesto cada año hasta 2012, año en que espera adoptar el euro. Funcionarios del Gobierno esperaron hasta el día después de las elecciones municipales del 6 de junio para anunciar recortes del 50 por ciento en los salarios de los docentes. Y es que aunque con los fondos otorgados en diciembre Letonia pudo salvarse, para recibir el total del crédito aprobado debe reducir su déficit público del 9% actual al 5%, algo que no está consiguiendo –el recorte de gastos ha sido compensado por el aumento del gasto social hasta el punto que en agosto de 2009 los costes del gobierno central seguían siendo los mismos que en agosto de 2008- y que está precipitando una nueva crisis en el país. Los que más están presionando a la coalición de gobierno actual de Letonia son el primer ministro sueco y el gobernador del Riksbank, su banco central, ya que los bancos de aquel país son con diferencia los que más intereses económicos tienen, y exigen un enorme recorte presupuestario en 2010 que, a pesar de todos los ajustes, el propio gobierno letón espera sea del 8.5%. Los bancos escandinavos están perdiendo muchísimo dinero por la constante devaluación de la moneda letona y por la enorme cantidad de impagados pero también son conscientes de que aún sería peor la quiebra del país.
La negociación está tan tensa que el 5 de octubre el Daily Telegraph publicó que el ministro de Finanzas de Suecia, Anders Borg, había dicho a los bancos en secreto que se prepararan para el colapso porque Letonia no cumplía y no se le iba a dar más crédito y por tanto empezarían los impagos. Por el contrario, el gobierno letón, cansado de ceder (por ejemplo, han aprobado un nuevo impuesto sobre bienes inmuebles y cerrado varias empresas y servicios públicos) ha amenazado con una nueva ley que obligue a que las deudas hipotecarias de los letones con la banca extranjera se actualicen al actual valor de tasación de las propiedades (si se deben 200 mil por una vivienda que vale 100 mil, que la deuda quede en 100 mil), medida que más bien parece un órdago para conseguir la nueva línea de crédito que una medida real. En la polémica ha intervenido George Soros (que asegura ser neutral y no tener posiciones especulativas en Letonia): “La presión para reducir el gasto público cuando el problema está en el sector privado es un error que debe ser evitado”, “Creo que los países de la Unión Europea están en buena posición y deben ayudar a Letonia más de lo que están haciendo actualmente”. Por supuesto, los CDS de riesgo de quiebra se están tensionando y Moody´s y Standard & Poors están pendientes de las negociaciones para rebajar aún más el rating del país. Es cuestión de días o semanas el que se haga oficial si finalmente Letonia quiebra o no. El FMI y la Unión Europea están en medio de la “paradoja del amigo” (que ya comentamos con el caso de GM) al que si no le prestan más dinero jamás devolverá lo anterior prestado pero quizás sea mejor así que arriesgar más fondos… No debemos olvidar que Letonia es obligada por el FMI a hacer lo contrario de lo que los miembros del FMI hacen: mientras el resto del mundo ha utilizado el endeudamiento y el gasto público para intentar solventar esta crisis, Letonia es obligada a la austeridad.
Crisis econòmica de Letonia
Letonia al borde del abismo económico… Y NACIONAL (2)
La mayoría de los nacionalistas letones han sido unos grandes defensores del capitalismo salvaje, y se han mostrado orgullosos de las políticas neoliberales que ha implementado el país. Pero ¿qué tipo de nacionalistas son? ¿Aman realmente a su país o aman sus bolsillos?
En este Blog hemos visto como una gran parte de los nacionalistas letones profesa un odio revanchista y casi enfermizo contra los rusos. Está es la única característica que comparten, y en la mayoría de los casos, ese odio hacia todo lo ruso es lo único que les identifica como tal. Más allá de ahí, el discurso de la mayoría está hueco de contenido, y por ello, está vacuidad ayuda a desarrollar simpatías hacia los alemanes (incluso hacía los nazis como oposición a los soviéticos), escandinavos y finalmente, hacia los neocons norteamericanos en el caso de los mandatarios.
Pero la realidad es cruda. La independencia y el futuro de la nación letona no la pone en peligro Rusia (aunque se hayan atrevido los gobernantes a afirmarlo durante la guerra en Osetia del Sur). El problema principal de Letonia es que está sojuzgada a intereses económicos foráneos para los que la población letona y sus niveles de vida no son una prioridad.
Un ejemplo muy sencillo es lo que se está pasado con el cambio fijo entre el Euro y el Lat (moneda nacional letona). Por cierto, en mayor o menor medida están viviendo parecidas circunstancias en Estonia, Lituania y Bulgaria, que junto con Letonia, mantienen el cambio fijo entre sus monedas nacionales y el euro.
Los pocos defensores de mantener el tipo de cambio fijo argumentan que no tiene sentido una devaluación en un país que no tiene nada que exportar, por ello señalan que la devaluación sólo producirá inflación. Según ellos, la economía es más fácil de manejar con una tasa de inflación baja. En consecuencia, la única receta que ofrecen es la reducción drástica del gasto público y el aumento de impuestos indirectos. Medidas que han adoptado los tres países bálticos a instancias, sobre todo, de los bancos suecos. Dicen que sólo así se evitará el impago masivo de hipotecas y préstamos concedidos en euros.
Este discurso esconde muchas trampas, y sobre todo, la imposición de políticas económicas que van en perjuicio de la población letona, del futuro de la economía del país y de los letones como nación. Al respecto, en diciembre de 2008 Juris Paiders publicó un excelente artículo (“La dictadura fiscal sueca en Letonia”) donde explicaba que los bancos suecos no tenían intención de quedarse en los Países bálticos por mucho tiempo. Compraron bancos e insuflaron la burbuja financiera e inmobiliaria para luego poder vender esos activos “tóxicos” a los alemanes, siempre dispuestos a volver al Báltico vía intercambio cultural y colonialismo económico. Pero antes de que se efectuase la compra, ya hablada con un gran grupo financiero alemán, llegó el pinchazo económico. Los suecos (y en menor medida, finlandeses, noruegos y daneses) se quedaron sin redondear el gran negocio, y ahora, sólo tienen una prioridad, salvar los muebles y evitar que sus inversiones en los países bálticos se devalúen, es decir, salvar el dinero de muchos planes de pensiones de ciudadanos escandinavos.
Por lo demás, resultan más que curiosas las recomendaciones escandinavas respecto a mantener el tipo de cambio fijo con el euro, ya que la corona sueca o la noruega no paran de devaluarse respecto al euro desde hace un año. Claro, tiene sentido si se pretende impulsar las exportaciones y así evitar que el mercado interno se inunde de productos extranjeros. ¿Qué Letonia no tiene nada que exportar? Quizás no tenga mucho que exportar pero una devaluación ayudaría a las pocas empresas que exportan, ayudaría a los agricultores para que al menos pudiesen seguir vendiendo sus productos de una forma competitiva, daría aire al sector turístico y ayudaría a la creación de nuevos proyectos empresariales con base en la economía real, en la producción de bienes y servicios que fuesen exportables. Esto significa entre otras cosas, paciencia. Es un proyecto a largo plazo, pero más sólido.
¿Pero si no hay devaluación estará asegurado el pago de las hipotecas y préstamos? Eso es una falacia, tal y como queda claro en las declaraciones de Neivelt, presidente del Fondo de Desarrollo Estonio, recientemente se quejaba diciendo que Estonia no es competitiva y que por ello, la única opción que tiene es reducir los precios costes y los sueldos:
<<…El dinero se ha devaluado en muchos mercados de exportación. Con nuestra base de gastos y de los precios ya no somos competitivos. Los alimentos polacos entran en Lituania y pronto estarán aquí. En breve no seremos capaces de producir alimentos de una manera competitiva (…) Hoy en día la situación es que las compras en el Reino Unido son más baratas, sentarte en un taxi es más barato que en Tallin, comer afuera es más barato que en Tallin (…) >>
No ha habido devaluación pero el paro no ha parado de crecer. Letonia ya está en el 10,4% y Estonia en el 9,2%. Esa población queda prácticamente excluida en un sistema de protección muy precario en el que el seguro de desempleo es insignificante, debido sobre todo a la doble contabilidad por la que se pagan los salarios, una pequeña parte oficial (en blanco) y una gran parte en negro (sin que pague impuestos y seguro de desempleo). A está situación hay que añadir el recorte de salarios generalizado. Mínimo del 10% y en algunos casos rondando el 30%. No hay devaluación pero para la gente es como si lo hubiese habido, tienen menos dinero en el bolsillo y por lo tanto, el mercado interno (demanda) se empequeñecerá y la gente tendrá grandes problemas para pagar sus préstamos e hipotecas. Sólo lo conseguirán a costa de empobrecer mucho su vida material y perjudicando al consumo interno del país.
Respecto a que la devaluación pudiera causar inflación, no parece una crítica seria. El riesgo actual es de deflación, y por ello, incluso la devaluación podría ayudar a evitar ese peligroso escenario. Al menos por ello no están preocupados los suecos, polacos, británicos, rusos, ucranianos, noruegos, húngaros… todos ellos han devaluado en parte su divisa respecto al euro, y muchos de ellos son vecinos de los Países bálticos con los que competirán por vender más en está parte de Europa; mientras fabricas como la de electrodomésticos Snaige de Lituania anuncia recortes en su producción, ¿dónde va vender sus productos con la moneda nacional lituana sobre valorada?
Pero el escenario aún puede y va empeorar mucho. El préstamo que va a recibir Letonia, de 7,5 mil millones de euros va a ser la tumba para el pequeño país báltico. Está ingente cantidad la van a utilizar para entre otras cosas sostener el cambio fijo del Lat respecto al euro, a cambio de prometer un sinfín de recortes en el gasto público que paralizará aún más la economía, una economía que antes o después colapsará por no poder pagar la deuda contraída y los intereses que se generarán. Mientras la política de intentar sostener la moneda se va hacer cada vez más dura, ya que los préstamos se adquieren en euros reforzando a está moneda respecto al Lat. Si demandas euros está moneda se fortalece (sube su cotización), pero resulta que se te ha metido en la cabeza no adaptarte a la ley de la oferta y la demanda para ajustar el precio del Lat porque hay unos señores escandinavos que tienen mucho interés en seguir haciendo negocio.
La solución más lógica sería la devaluación y volver a recuperar competencias en política monetaria y dejar de estar supeditados a la del Banco de Central Europeo. Es una cuestión de soberanía, en plena crisis es importante poder tener una política monetaria adaptada a las necesidades del país y sus habitantes, aunque ello suponga que los escandinavos tengan que dejar de ganar tanto.
Pero no, los nacionalistas letones son de cartón-piedra. Están al servicio de los intereses escandinavos. No devalúan por ahora (aunque si la cosa se pone muy fea ya hay negociado una posible devaluación de hasta el 15%), y en consecuencia, acelerarán el cierre de fábricas y negocios letones, mientras las firmas escandinavas como Rimi, Stockman, Narvesen, SwedBank, SEB, Norvik Banka etc. con más cintura financiera se irán quedando con la cuota de mercado y con el país.
Mientras el gobierno cierra organismos para promocionar la cultura y lengua letona, sube el IVA de los libros del 5% al 21% para estrujar más a la ya precaria industria del libro en letón, y prosigue hundiendo al país económicamente con las consecuencias graves que ello tiene en su demografía.
Letonia oficialmente ha perdido medio millón de habitantes desde la caída de la Unión Soviética, pero los números reales son peores ya que hay muchos ciudadanos empadronados que realmente están viviendo en Irlanda y el Reino Unido. La mitad de está huida ha ocurrido durante los años de crecimiento económico de dos dígitos, pero ahora que la economía letona se está contrayendo la fuga se acentuará. El efecto es doble, por una parte en la economía, Letonia necesita de mano de obra pero el país se niega a importar mano de obra extranjera; y por otra parte, está situación tiene un efecto peligroso de envejecimiento de la población que hace que los cambios sociales y económicos sean excepcionalmente difíciles de alcanzar en una sociedad poco dinámica. Y este es el problema real de la nación letona, es de esto y no de los rusos de lo que deberían de preocuparse los mandatarios letones, pero es más fácil identificar un enemigo, demonizarlo y hacer demagogia para desviar la atención de los auténticos problemas.
Quizás es que no existen nacionalistas de verdad en Letonia, quizás es que no existen tampoco patriotas y simplemente son antirusos, o quizás es que los letones y los rusos de Letonia se lo pasan bien tirándose los trastos a la cabeza, aunque no engañaremos a nadie si decimos que la responsabilidad número uno en está ocasión recae sobre la elite política letona. Los letones se lo pasan bien echando la culpa de todo a los rusos, prosiguen con su exclusión social y política, y los rusos de Letonia siguen con sus banderas rusas en los coches, camisetas de Rusia y de CCCP , ahora incluso sacando pecho a cuenta de la “renovada” fortaleza rusa.
Los primeros, los letones, en su ejemplo de nacionalismo y patriotismo vacío impulsaron en Internet una iniciativa pidiendo a los suecos que invadiesen el país (como si no lo hubiesen hecho ya), y en contestación, algún ruso de Letonia abrió una página para recoger firmas pidiendo a Abramovich que compre Letonia. Pero no, Abramovich ni los rusos no van a comprar Letonia. Hace tiempo que en ella se ha impuesto la dictadura de los bancos y empresas escandinavas. Y lo que mejor lo simboliza es ver la camiseta de la selección nacional de jockey sobre hielo (el deporte nacional), de baloncesto y de cualquier otra disciplina deportiva. Compiten en campeonatos del mundo con una camiseta en la que además de poner Latvia, está la propaganda que dice: SwedBank. Más humillante imposible.
La mayoría de los nacionalistas letones han sido unos grandes defensores del capitalismo salvaje, y se han mostrado orgullosos de las políticas neoliberales que ha implementado el país. Pero ¿qué tipo de nacionalistas son? ¿Aman realmente a su país o aman sus bolsillos?
En este Blog hemos visto como una gran parte de los nacionalistas letones profesa un odio revanchista y casi enfermizo contra los rusos. Está es la única característica que comparten, y en la mayoría de los casos, ese odio hacia todo lo ruso es lo único que les identifica como tal. Más allá de ahí, el discurso de la mayoría está hueco de contenido, y por ello, está vacuidad ayuda a desarrollar simpatías hacia los alemanes (incluso hacía los nazis como oposición a los soviéticos), escandinavos y finalmente, hacia los neocons norteamericanos en el caso de los mandatarios.
Pero la realidad es cruda. La independencia y el futuro de la nación letona no la pone en peligro Rusia (aunque se hayan atrevido los gobernantes a afirmarlo durante la guerra en Osetia del Sur). El problema principal de Letonia es que está sojuzgada a intereses económicos foráneos para los que la población letona y sus niveles de vida no son una prioridad.
Un ejemplo muy sencillo es lo que se está pasado con el cambio fijo entre el Euro y el Lat (moneda nacional letona). Por cierto, en mayor o menor medida están viviendo parecidas circunstancias en Estonia, Lituania y Bulgaria, que junto con Letonia, mantienen el cambio fijo entre sus monedas nacionales y el euro.
Los pocos defensores de mantener el tipo de cambio fijo argumentan que no tiene sentido una devaluación en un país que no tiene nada que exportar, por ello señalan que la devaluación sólo producirá inflación. Según ellos, la economía es más fácil de manejar con una tasa de inflación baja. En consecuencia, la única receta que ofrecen es la reducción drástica del gasto público y el aumento de impuestos indirectos. Medidas que han adoptado los tres países bálticos a instancias, sobre todo, de los bancos suecos. Dicen que sólo así se evitará el impago masivo de hipotecas y préstamos concedidos en euros.
Este discurso esconde muchas trampas, y sobre todo, la imposición de políticas económicas que van en perjuicio de la población letona, del futuro de la economía del país y de los letones como nación. Al respecto, en diciembre de 2008 Juris Paiders publicó un excelente artículo (“La dictadura fiscal sueca en Letonia”) donde explicaba que los bancos suecos no tenían intención de quedarse en los Países bálticos por mucho tiempo. Compraron bancos e insuflaron la burbuja financiera e inmobiliaria para luego poder vender esos activos “tóxicos” a los alemanes, siempre dispuestos a volver al Báltico vía intercambio cultural y colonialismo económico. Pero antes de que se efectuase la compra, ya hablada con un gran grupo financiero alemán, llegó el pinchazo económico. Los suecos (y en menor medida, finlandeses, noruegos y daneses) se quedaron sin redondear el gran negocio, y ahora, sólo tienen una prioridad, salvar los muebles y evitar que sus inversiones en los países bálticos se devalúen, es decir, salvar el dinero de muchos planes de pensiones de ciudadanos escandinavos.
Por lo demás, resultan más que curiosas las recomendaciones escandinavas respecto a mantener el tipo de cambio fijo con el euro, ya que la corona sueca o la noruega no paran de devaluarse respecto al euro desde hace un año. Claro, tiene sentido si se pretende impulsar las exportaciones y así evitar que el mercado interno se inunde de productos extranjeros. ¿Qué Letonia no tiene nada que exportar? Quizás no tenga mucho que exportar pero una devaluación ayudaría a las pocas empresas que exportan, ayudaría a los agricultores para que al menos pudiesen seguir vendiendo sus productos de una forma competitiva, daría aire al sector turístico y ayudaría a la creación de nuevos proyectos empresariales con base en la economía real, en la producción de bienes y servicios que fuesen exportables. Esto significa entre otras cosas, paciencia. Es un proyecto a largo plazo, pero más sólido.
¿Pero si no hay devaluación estará asegurado el pago de las hipotecas y préstamos? Eso es una falacia, tal y como queda claro en las declaraciones de Neivelt, presidente del Fondo de Desarrollo Estonio, recientemente se quejaba diciendo que Estonia no es competitiva y que por ello, la única opción que tiene es reducir los precios costes y los sueldos:
<<…El dinero se ha devaluado en muchos mercados de exportación. Con nuestra base de gastos y de los precios ya no somos competitivos. Los alimentos polacos entran en Lituania y pronto estarán aquí. En breve no seremos capaces de producir alimentos de una manera competitiva (…) Hoy en día la situación es que las compras en el Reino Unido son más baratas, sentarte en un taxi es más barato que en Tallin, comer afuera es más barato que en Tallin (…) >>
No ha habido devaluación pero el paro no ha parado de crecer. Letonia ya está en el 10,4% y Estonia en el 9,2%. Esa población queda prácticamente excluida en un sistema de protección muy precario en el que el seguro de desempleo es insignificante, debido sobre todo a la doble contabilidad por la que se pagan los salarios, una pequeña parte oficial (en blanco) y una gran parte en negro (sin que pague impuestos y seguro de desempleo). A está situación hay que añadir el recorte de salarios generalizado. Mínimo del 10% y en algunos casos rondando el 30%. No hay devaluación pero para la gente es como si lo hubiese habido, tienen menos dinero en el bolsillo y por lo tanto, el mercado interno (demanda) se empequeñecerá y la gente tendrá grandes problemas para pagar sus préstamos e hipotecas. Sólo lo conseguirán a costa de empobrecer mucho su vida material y perjudicando al consumo interno del país.
Respecto a que la devaluación pudiera causar inflación, no parece una crítica seria. El riesgo actual es de deflación, y por ello, incluso la devaluación podría ayudar a evitar ese peligroso escenario. Al menos por ello no están preocupados los suecos, polacos, británicos, rusos, ucranianos, noruegos, húngaros… todos ellos han devaluado en parte su divisa respecto al euro, y muchos de ellos son vecinos de los Países bálticos con los que competirán por vender más en está parte de Europa; mientras fabricas como la de electrodomésticos Snaige de Lituania anuncia recortes en su producción, ¿dónde va vender sus productos con la moneda nacional lituana sobre valorada?
Pero el escenario aún puede y va empeorar mucho. El préstamo que va a recibir Letonia, de 7,5 mil millones de euros va a ser la tumba para el pequeño país báltico. Está ingente cantidad la van a utilizar para entre otras cosas sostener el cambio fijo del Lat respecto al euro, a cambio de prometer un sinfín de recortes en el gasto público que paralizará aún más la economía, una economía que antes o después colapsará por no poder pagar la deuda contraída y los intereses que se generarán. Mientras la política de intentar sostener la moneda se va hacer cada vez más dura, ya que los préstamos se adquieren en euros reforzando a está moneda respecto al Lat. Si demandas euros está moneda se fortalece (sube su cotización), pero resulta que se te ha metido en la cabeza no adaptarte a la ley de la oferta y la demanda para ajustar el precio del Lat porque hay unos señores escandinavos que tienen mucho interés en seguir haciendo negocio.
La solución más lógica sería la devaluación y volver a recuperar competencias en política monetaria y dejar de estar supeditados a la del Banco de Central Europeo. Es una cuestión de soberanía, en plena crisis es importante poder tener una política monetaria adaptada a las necesidades del país y sus habitantes, aunque ello suponga que los escandinavos tengan que dejar de ganar tanto.
Pero no, los nacionalistas letones son de cartón-piedra. Están al servicio de los intereses escandinavos. No devalúan por ahora (aunque si la cosa se pone muy fea ya hay negociado una posible devaluación de hasta el 15%), y en consecuencia, acelerarán el cierre de fábricas y negocios letones, mientras las firmas escandinavas como Rimi, Stockman, Narvesen, SwedBank, SEB, Norvik Banka etc. con más cintura financiera se irán quedando con la cuota de mercado y con el país.
Mientras el gobierno cierra organismos para promocionar la cultura y lengua letona, sube el IVA de los libros del 5% al 21% para estrujar más a la ya precaria industria del libro en letón, y prosigue hundiendo al país económicamente con las consecuencias graves que ello tiene en su demografía.
Letonia oficialmente ha perdido medio millón de habitantes desde la caída de la Unión Soviética, pero los números reales son peores ya que hay muchos ciudadanos empadronados que realmente están viviendo en Irlanda y el Reino Unido. La mitad de está huida ha ocurrido durante los años de crecimiento económico de dos dígitos, pero ahora que la economía letona se está contrayendo la fuga se acentuará. El efecto es doble, por una parte en la economía, Letonia necesita de mano de obra pero el país se niega a importar mano de obra extranjera; y por otra parte, está situación tiene un efecto peligroso de envejecimiento de la población que hace que los cambios sociales y económicos sean excepcionalmente difíciles de alcanzar en una sociedad poco dinámica. Y este es el problema real de la nación letona, es de esto y no de los rusos de lo que deberían de preocuparse los mandatarios letones, pero es más fácil identificar un enemigo, demonizarlo y hacer demagogia para desviar la atención de los auténticos problemas.
Quizás es que no existen nacionalistas de verdad en Letonia, quizás es que no existen tampoco patriotas y simplemente son antirusos, o quizás es que los letones y los rusos de Letonia se lo pasan bien tirándose los trastos a la cabeza, aunque no engañaremos a nadie si decimos que la responsabilidad número uno en está ocasión recae sobre la elite política letona. Los letones se lo pasan bien echando la culpa de todo a los rusos, prosiguen con su exclusión social y política, y los rusos de Letonia siguen con sus banderas rusas en los coches, camisetas de Rusia y de CCCP , ahora incluso sacando pecho a cuenta de la “renovada” fortaleza rusa.
Los primeros, los letones, en su ejemplo de nacionalismo y patriotismo vacío impulsaron en Internet una iniciativa pidiendo a los suecos que invadiesen el país (como si no lo hubiesen hecho ya), y en contestación, algún ruso de Letonia abrió una página para recoger firmas pidiendo a Abramovich que compre Letonia. Pero no, Abramovich ni los rusos no van a comprar Letonia. Hace tiempo que en ella se ha impuesto la dictadura de los bancos y empresas escandinavas. Y lo que mejor lo simboliza es ver la camiseta de la selección nacional de jockey sobre hielo (el deporte nacional), de baloncesto y de cualquier otra disciplina deportiva. Compiten en campeonatos del mundo con una camiseta en la que además de poner Latvia, está la propaganda que dice: SwedBank. Más humillante imposible.
lunes, 7 de febrero de 2011
Nuevos desafíos de América Latina
AMÉRICA LATINA,
CRECIMIENTO Y DESAFÍOS
JOSÉ MIGUEL INSULZA
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
SEGUNDA PARTE Y FINAL
Con todo, la situación actual de América Latina y el Caribe presenta un conjunto de elementos favorables que permiten pensar que, de mantenerse y profundizarse, es posible revertir los aspectos negativos y dar a la región un nuevo impulso hacia una posición de mayor justicia y desarrollo. Estas tendencias favorables dependen aún de factores externos, como la actual situación favorable de la economía mundial; pero también requieren un esfuerzo interno que es principalmente político y tiene que ver con la extensión de la democracia y los derechos humanos y la profundización de la gobernabilidad externa.
Según estimaciones de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL)[7], el Producto Interno Bruto regional creció un 5,3% durante 2006, lo que representa un aumento de 3,8% por habitante. Se trata del cuarto año consecutivo de alza y del tercero por sobre 4%, lo que a su vez contrasta muy favorablemente con el crecimiento promedio de 2,2% anual experimentado entre 1980 y 2002. Para 2007 se espera una ligera desaceleración que llevaría al PIB regional a un crecimiento en derredor del 4,7%, pero aún en esa circunstancia el período 2003 – 2007 habrá concluido con un alza acumulada cercana al 15%.
Según la misma CEPAL, la región experimentó además un aumento de 8,4% en el volumen de sus exportaciones durante el año pasado, a lo que se sumó una mejoría en los precios de los principales productos de exportación que se tradujo en un alza de más de 7% en los términos de intercambio con respecto al año anterior. Del mismo modo la mayoría de los países registró un descenso de la inflación, que bajó de un 6,1% (promedio ponderado) en 2005 a un 4,8% en 2006.
Este buen rendimiento económico ha hecho sentir parcialmente sus efectos en otras áreas y particularmente en una de mucha sensibilidad regional: la pobreza. Efectivamente, de acuerdo a cifras de la propia CEPAL, basadas en encuestas directas de hogares en 18 países de América Latina más Haití, durante el último año el número de pobres habría disminuido de 209 millones a 205, lo que representaría una baja desde el 39,8 de la población en 2005 al 38,5 en 2006. El número de indigentes, a su vez, habría disminuido en dos millones (de 81 a 79) lo que representaría una variación desde el 15,4 al 14,7 por ciento. La importancia de los avances en este terreno se torna aún más relevante si las cifras de 2006 son comparadas con las de 2002, año en que los pobres se elevaban a 221 millones y los indigentes a 97, por lo que durante el período se habría reducido en 16 millones el número de pobres y en 18 millones el número de indigentes. Los últimos cuatro años, en consecuencia, han sido también los de mejor desempeño social regional en los últimos veinticinco años.
El mejoramiento de la situación económica se ha visto acompañado de una mayor estabilidad política y un fortalecimiento del sistema democrático. En el período reciente no se han presentado situaciones de crisis y, por el contrario, la mayor parte de los países de la región han renovado sus gobiernos a través de elecciones legítimas, con buena participación y resultados aceptados por todos.
Sólo entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 se realizaron trece elecciones presidenciales, lo que lo convierte en el año en que más elecciones presidenciales ha habido en toda la historia de América Latina y el Caribe. Si se considera adicionalmente que en la región sólo veintiún países tienen régimen presidencial, lo anterior significa que la mayoría tuvo elecciones en un solo año; y todas ellas –incluso aquellas con resultados tan estrechos que provocaron ciertas tensiones o dificultades en el momento de reconocerlos- estuvieron marcadas por el signo de la normalidad democrática. Durante el año, además, se realizaron doce elecciones legislativas, dos referendos y una elección de Asamblea Constituyente.
Para percibir la verdadera importancia de esta situación democrática, es menester compararla con lo que ocurría en la región pocas décadas atrás, cuando no había entre esos veintiún países trece que tuvieran democracia, y mucho menos elecciones limpias y competitivas en las que pudiera vencer la oposición y el gobierno estuviere dispuesto a entregar la conducción del país a sus adversarios.
La recuperación de los principios y de la práctica de la democracia ha tenido, a su vez, efectos en la percepción que los propios latinoamericanos tienen de ésta. Así, la encuesta regional anual conocida como “Informe Latinobarómetro” muestra, en su versión 2006 dada a conocer el 9 de diciembre pasado, que el porcentaje de la población de América Latina que opina que “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, se elevó a 74% en promedio en 2006, lo que contrasta con lo que ocurría cinco años antes, en 2002, cuando sólo un 68% de la población pensaba de esa manera. Y contrasta mucho más vigorosamente aún con la respuesta entregada a otra encuesta realizada por “Latinobarómetro”, esta vez en 2004, que mostró que ese año, en promedio, los latinoamericanos opinaban en un 55% de los casos que no les importaría sufrir un gobierno no democrático si éste resolvía los problemas económicos de su país.
Todo eso llama a ser optimista, más aún si se considera que durante los quince años anteriores hubo dieciséis gobiernos que no terminaron su mandato. Pero este optimismo debe ser acompañado de una extrema cautela, porque es preciso reconocer que persisten en la región una serie de importantes incertidumbres. Las he agrupado en torno a cuatro grandes temas.
1.- EL DESAFÍO DEL CRECIMIENTO
El crecimiento está en la base de las posibilidades de mejorar en todos los otros planos. Algo importante de tener en consideración en nuestra región, que ha crecido a un ritmo menor que cualquier otra región del mundo en los últimos veinticinco años. Las economías emergentes de Asia, el Oriente Medio, Europa Central y del Este, así como los “países recientemente industrializados” de Asia, siguen superándonos en este terreno y también el mundo desarrollado. Por contraste con el crecimiento en otras regiones, hay países en América Latina que no han crecido nada y aún otros, como Haití, que incluso han disminuido sostenidamente su ingreso por capita en los últimos veinte o treinta años.
¿Por qué esta debilidad? En mi opinión existen por lo menos siete razones que explican la fragilidad de nuestro crecimiento. En primer lugar la persistencia de sectores financieros débiles que impiden a nuestros países beneficiarse de oportunidades de inversión más lucrativas. En segundo término la ausencia de un sistema energético regional bien definido, que elimine las inseguridades sobre el abastecimiento de energía en la mayoría de nuestros países. Tercero, un nivel muy insuficiente de comercio intraregional, que recientemente se ha visto agravado por tendencias a elevar el proteccionismo. Cuarto, los bajos niveles de ahorro e inversión que son característicos de la abrumadora mayoría de nuestros países. Quinto, la ausencia de sistemas tributarios eficientes que permitan a los países de América Latina y el Caribe incrementar sus actuales niveles de recaudación relativamente bajos. Sexto, la baja calidad del gasto público en nuestros países. Séptimo, la aún más baja competitividad regional, puesta de manifiesto por el “Global Competitivnes Report” de 2006, en el que los únicos países de la región que se sitúan entre los primeros cincuenta (entre ciento diecisiete) son Chile (27) y Barbados (31).
La superación al menos relativa de algunas de estas insuficiencias será determinante para saber si es posible mantener ese crecimiento por un periodo prolongado, o si tal crecimiento se debe solamente a circunstancias externas y, en consecuencia, se desvanecerá apenas el ciclo económico internacional haya cambiado de signo.
Somos conscientes, por otra parte, que la superación de esas insuficiencias nos podrá permitir crecer a un ritmo más acelerado. No nos garantiza, sin embargo, que ese mayor crecimiento vaya a beneficiar a los más necesitados de entre los habitantes de nuestra región y que, por el contrario, simplemente contribuya a aumentar las desigualdades ya existentes. Es preciso recordar a este respecto que no es la primera vez que democracia y crecimiento coinciden en nuestro continente; que a principio de los años noventa ya tuvimos una situación semejante –con una democracia que entonces renacía entre nosotros- y que en esa oportunidad las esperanzas de millones de latinoamericanos y caribeños se vieron frustradas.
Y la tendencia actual al respecto no puede dejar de ser preocupante. Por ejemplo, estudios de la misma CEPAL sobre el cumplimiento de las metas del milenio nos muestran que los países más pobres de nuestro hemisferio son los que van quedando rezagados en su cumplimiento y que por lo tanto es bastante probable que en el futuro se extienda la brecha entre ellos y los países más ricos. Es posible constatar, por otra parte, que incluso en aquellos países de mayor crecimiento no se ha visto un mejoramiento sustantivo de la distribución del ingreso o una disminución importante de la pobreza, no obstante que la pobreza efectivamente haya disminuido en el último año de manera sensible en toda la región.
También soy consciente de que no ayuda a lograr el objetivo del crecimiento el clima de incertidumbre que, respecto de las políticas económicas y públicas, se crea muchas veces en nuestros países. Contrariamente a lo que muchos creen, el capital –es decir los recursos de inversión necesarios para el crecimiento- no es atraído exclusivamente por la perspectiva de la ganancia, que ciertamente tiene que existir, sino también por la estabilidad política, la seguridad y la certeza
de las reglas del juego. Si quienes pueden invertir en nuestra región en emprendimientos de largo plazo sienten que su inversión puede ser amenazada por cambios en las reglas del juego o por la corrupción o la delincuencia, ciertamente no invertirán, lo que significa que desperdiciaremos esos recursos. Por el contrario, los únicos recursos que en esas condiciones podremos aspirar a recibir serán aquellos de corto plazo o especulativos que la mayor parte de las veces no dejan beneficio alguno a nuestros países.
Muchos de los países citados en estudios recientes como actores de la sociedad del futuro, gozan en la actualidad de menos democracia y muestran peores índices que los nuestros en materias tan relevantes como pobreza y analfabetismo. Buena parte de los países que son visualizados como base de la industria del futuro tienen hoy centenas de millones de pobres y en países que actualmente son sostenedores de la industria mundial del software la mitad de la población es analfabeta. Uno de los grandes “milagros" económicos de nuestros días tiene hoy niveles de desnutrición equivalentes a los del África Subsahariana. Sin embargo son sistemas estables que ejercen reglas del juego claras y que están disponibles para permanecer dentro de las actualizaciones de la globalización. Esas son las características que garantizan su condición de actores del futuro.
En nuestro caso, lamentablemente, no es esa la imagen que ofrecemos. Experimentamos la realidad de unas economías estables, pero acompañada de la percepción de que en muchos casos esa estabilidad no está garantizada debido a la falta de consenso respecto de sus instrumentos. Por ello es que no puede dejar de llamar la atención favorablemente que al analizar los pronósticos previos a las últimas elecciones presidenciales habidas en la región, se pueda distinguir como común denominador la afirmación de que cualquiera hubiese sido su resultado no se habría modificado la política económica del país correspondiente. Y se trataba de elecciones en países tan determinantes de la economía regional como Brasil y México. Esa es la seguridad que nuestros países deben ofrecer si quieren captar los recursos que necesitan para desarrollar su infraestructura o su energía; si buscan captar las inversiones de largo plazo que requieren para asegurar un crecimiento estable. La seguridad de que nuestras economías son estables porque nuestras políticas básicas también lo son.
2.- LOS LÍMITES DE LA INTEGRACIÓN
El proceso de integración regional y subregional presenta un panorama muy diverso en distintas partes del hemisferio. El CARICOM, por ejemplo, enfrenta hoy día la discusión acerca del tránsito desde el mercado único hacia la economía común y en América Central cada día se hacen mayores progresos en materia de integración en un sentido amplio que incluye, además de los temas económicos, temas migratorios y de otro tipo. El NAFTA, por su parte, es hoy una realidad que nadie puede negar y en las elecciones recientes en Canadá y México no se escuchó siquiera una voz que clamara por volver atrás en ese terreno; más bien al contrario, lo que se pudo oír
fueron proposiciones para perfeccionar el sistema.
Así pues, el problema y el desafío, en este caso, competen especialmente a América del Sur donde es posible identificar una tendencia negativa en los últimos años, un cierto decaimiento de las políticas reales de integración.
Lo cierto es que en América Latina se ha ido cíclicamente de una pesimista comparación con Europa a eufóricas declaraciones relativas a la inminencia de una integración “aquí y ahora”, sin que se visualice una efectiva disposición ni de sacar las enseñanzas que derivan de la experiencia europea ni de avanzar realmente en un proceso integrador. Todo ello resulta aún más lamentable si se considera que este hemisferio, y sobre todo el Sur del hemisferio, comenzó a hablar de integración mucho antes que Europa para quedar luego tremendamente atrasado con relación a ésta [8]. Un fenómeno cuya única explicación parece ser que, a diferencia de Europa, en Sur América se ha optado siempre por detener el proceso ante cualquier escollo –grande o pequeño- que se haya encontrado en el camino y esas detenciones, en no pocas oportunidades, han llevado a dramáticos retrocesos.
Por contraste, si observamos a la Unión Europea podremos constatar que se trata de un proceso de integración que nunca se ha detenido. Ha sido criticado y duramente en muchos países de la Unión, ha tenido altos y bajos, ha atravesado por enormes problemas pero siempre ha seguido adelante Nuestra historia
en cambio, como he señalado, es una historia de avances y retrocesos cuya única explicación razonable es que, a diferencia de Europa, nosotros hemos tendido a eludir los verdaderos problemas que trae consigo un proceso integrador.
El primero y quizá principal entre esos problemas es, querámoslo o no, el de la reticencia ante la “supranacionalidad”, o si se prefiere la resistencia a ceder soberanía para alcanzar la integración. Y si algo demuestran todas las experiencias exitosas en este terreno es que no puede haber una integración real sin una cesión igualmente real de soberanía.
Todos los temas comerciales son potestad de la Unión Europea y no de sus países miembros. ¿Contamos con algo parecido en América Latina? Por cierto que no y ni siquiera soñamos con tenerlo. En una región en la que ni siquiera tenemos mecanismos de solución de controversias, existe una mucha menor disposición –sobre todo en el Sur- de entregar a alguna entidad supranacional atribución alguna en materia económica o comercial.
El segundo gran problema es que aparentemente se cree que, por ser la integración económica una situación en la que todos han de ganar, nadie tendrá que pagar por ella. Se trata sin duda de un error, pues no habría habido integración europea si algunos países no hubiesen aportado el dinero necesario para financiarla. Es más: no habría habido integración europea si desde los años cincuenta y hasta hoy día, algunos países no hubieran estado dispuestos a pagar ingentes sumas de dinero para financiar los costos que, para la agricultura de otros países, tenía esa integración. Y, así como financiaron ese esfuerzo en materia agrícola,
los mismos países financiaron un amplio conjunto de otras materias de presupuesto común europeo, teniendo siempre en consideración que ese gasto presente iba a redundar en enormes beneficios futuros.
Guardando las distancias, no hay mucha diferencia entre esa situación y la de América del Sur hoy día. También entre nosotros hay países grandes y pequeños y países que cuentan con más recursos que otros. Y si no existe disposición a replicar de alguna manera esos “Acuerdos Diferenciados” en que no todos contribuyen o se benefician en la misma proporción, no se va a llegar muy lejos en materia de integración efectiva.
El tercer problema dice relación con una suerte de obsesión maximalista respecto de la integración. La obstinación con que se plantea que, desde un inicio, ésta debe ir “desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego”. Lo cierto es que, en Europa, un acuerdo que hubiese ido desde el Báltico hasta las Islas Griegas no habría prosperado jamás: la integración europea es lo que es porque ha avanzado en forma paulatina. Y justamente por ello es que, entre nosotros y no obstante sus dificultades, son tan promisorios los acuerdos subregionales: el MERCOSUR o la Comunidad Andina son más reales y generan más esperanza que la ilusión de unificar, de una vez, al conjunto del continente. Esperando las condiciones para alcanzar esa integración “de una vez” sólo se puede terminar en la condición de una flota que marche a la velocidad del barco más lento; una situación que únicamente sirve para que todo el continente termine rezagado. Por el contrario, es mi firme convicción que los países que estén dispuestos a avanzar más rápido deben integrarse entre sí a la mayor velocidad posible. Y debe tenerse consciencia de que, para avanzar rápido, inevitablemente se deberá enfrentar temas aún más complejos, como el de la integración de las políticas económicas porque ciertamente es muy difícil, sino imposible, lograr la integración entre países que no lleven adelante políticas similares. En suma, para integrarse los países tienen que tener algo o mucho en común; se trata de un factor que también nos muestra la integración europea: que la integración ocurre entre países que son afines antes de integrarse.
3.- EL DESAFÍO DE LA DEMOCRACIA
Ninguna de las situaciones que podrían calificarse como efectivamente críticas vividas por América Latina en los últimos años fue provocada por revoluciones o golpes militares o tuvo una raíz ideológica, sino que se originaron en momentos de descontento popular que terminaron por expresarse de manera tumultuaria. Tal descontento está bastante extendido entre la gente común, que observa, con una impaciencia creciente la ineficiencia y a veces también la corrupción de sus gobiernos, no obstante que ellos hayan sido generados democráticamente o que gobiernen con estricta observancia de la Constitución y las leyes.
La política no es sólo materia de ideas o valores sino también, y mucho más importante, de resultados que sean benéficos para el pueblo. Y es allí en donde algunos de nuestros gobiernos y algunas de nuestras elites políticas han fallado, porque para hacer un buen gobierno no basta con sentir y comportarse como un demócrata: el verdadero desafío es mantener la estabilidad de la democracia proveyendo al mismo tiempo a los ciudadanos de todos aquellos beneficios y soluciones a sus problemas que esa misma democracia les promete. Eso es lo que yo entiendo por gobernabilidad: un tema que concierne a la eficacia y a la eficiencia de los gobiernos y que, como acabo de decir, en mi juicio es la condición necesaria para abordar luego la superación de todos nuestros restantes desafíos.
El primero de ellos es ser conscientes de que la ampliación de la democracia y sus instituciones son justamente las primeras obligaciones de un gobierno democrático. Para ello son un requisito imprescindible la participación y el consenso. Por el contrario, la exclusión y a veces la represión del adversario son un seguro camino para el debilitamiento de las instituciones democráticas. Esta obligación no siempre es tenida en consideración por nuestros gobernantes que, con alguna frecuencia y sin importar su historial democrático previo, no bien adquieren el favor de la mayoría caen en la tentación de buscar formas de ampliación de sus potestades o de prolongación de sus mandatos más allá de sus límites originales. Al actuar de esta manera estos gobiernos, aunque hayan sido electos democráticamente, no gobiernan de manera democrática pues no cumplen con el primer deber de un gobierno democráticamente electo: ejercer el poder de la misma manera democrática, ampliando la libertad mediante la inclusión, la transparencia y la participación.
Debo anotar que no se trata de un fenómeno que afecta sólo a nuestra región pues, como ha señalado Fareed Zacharia [9], existen en la historia muchos casos de gobiernos que han sido electos por una clara mayoría y luego, casi siempre con el apoyo complaciente de esa misma mayoría, han suprimido la libertad de expresión, limitado la libertad de prensa y en general de disidencia, han promovido o tolerado la discriminación y han violado los derechos humanos. Se trata de gobiernos que han sido electos democráticamente pero que no han gobernado de manera democrática. El tema, por cierto, ha abierto una discusión teórica –de la que el propio Zacharia no ha sido ajeno- entre quienes sostienen que basta que un gobierno se constituya democráticamente para que su legitimidad esté garantizada y quienes afirman que para legitimarse democráticamente los gobiernos deben además practicar un ejercicio democrático del poder del que están investidos.
La Organización de los Estados Americanos tiene una posición sólidamente consolidada sobre este punto, expresada en su Carta Fundamental y reafirmada en la Carta Democrática Interamericana aprobada por los cancilleres de las Américas en septiembre de 2001. En esta última se establece: “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Y agrega: “Son componentes fundamentales del ejercicios de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
La implementación plena de esta carta Democrática es indispensable para la creación de un clima de democracia estable en la región. Es la vía para garantizar a todos, a los ciudadanos en primer lugar y al entorno internacional luego, de que estos países no sólo realizan elecciones democráticas, sino que también son capaces de mantener una institucionalidad estable, en que las políticas, las leyes y las formas de gobierno no varían.
Dentro de esta institucionalidad, la separación clara de los poderse públicos y, en especial, la independencia del Poder Judicial y de los organismos de control público es indispensable. La falta de acceso a la justicia es una de las principales frustraciones de los ciudadanos en América Latina. También es preocupante la tendencia a usar la judicatura para fines políticos, sea por parte de los gobiernos para fortalecer su poder o de sus adversarios para atacarlos indebidamente
Por otra parte los sistemas mediante los cuales las autoridades son electas suelen no considerar la necesidad de mayorías estables y, por el contrario, crean condiciones inestables que se mantienen sólo mientras los gobiernos son exitosos. La debilidad de los partidos y otras organizaciones intermedias tiende a acentuar el problema. Como los partidos no son representativos y por lo general no gozan de una gran disciplina interna, las mayorías cambian frecuentemente y no es posible conformar coaliciones políticas estables. La debilidad del sistema convierte a la lucha por el poder en el único elemento constante, dejando poco espacio al compromiso y a la toma de decisiones de largo plazo.
Por ello una condición de la gobernabilidad en nuestra región es la generación de sistemas políticos que permitan una participación amplia y faciliten la formación de coaliciones sólidas y gobiernos mayoritarios. Esto, a su vez, demanda de los partidos políticos una mayor representatividad popular y la capacidad de participar en la formación de esas mayorías.
4-EL DESAFÍO DE LA GOBERNABILIDAD
América Latina y el Caribe tienen hoy democracias elegidas por voto secreto y universal de todos sus ciudadanos. Debe ahora avanzar mucho más hacia la forja de democracias institucionalmente estables, dotadas de efectivo balance de poder, control interno y ejercicio pleno de la ciudadanía política, civil y social.
Los gobiernos deben gobernar democráticamente, pero también deben ser capaces de gobernar realmente. Dicho de otra manera, para ser eficaz en su cometido, un gobierno electo democráticamente debe tener el poder y las condiciones de regir de manera efectiva en su país. Esto dice relación con el estado de derecho y también con el fortalecimiento de las instituciones políticas y los sistemas de representación y, particularmente, con la existencia de instituciones públicas permanentes que sean realmente respetadas. El crecimiento, la generación de empleo, la entrega de certezas para la inversión de capitales, la integración, los problemas de pobreza, discriminación y delincuencia, son todas cuestiones que pueden ser solucionadas con la aprobación y aplicación democrática de políticas públicas eficaces, eficientes y en las que debería considerarse la opinión, la participación y los derechos de todos. Para estar a la altura de esa empresa, sin embargo, los gobiernos de América Latina deben todavía satisfacer algunos requisitos y desarrollar algunas capacidades que se constituyen en requisitos y condiciones de la gobernabilidad.
Este es un problema de difícil superación en América Latina y el Caribe, pues muchos países de la región no están en condiciones de exhibir leyes básicas o instituciones formalmente capaces de sacar adelante políticas públicas. Muchas veces esas instituciones son ineficientes, demasiados “politizadas” o simplemente no son respetadas. Un poder judicial independiente, un Contralor General con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente y una fuerza policial eficiente y no corrupta son algunas de las instituciones que, en nuestras democracias, suelen existir en el papel pero no en la realidad.
Un segundo requisito de la gobernabilidad es hoy, más que nunca, la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública. Sólo unos pocos países de nuestra región escapan a una historia de mal gobierno y aprovechamiento de la función pública para beneficio personal. Debo declarar que creo que en esta materia se ha progresado significativamente en los últimos años y a ello no sido ajena la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, cuyo seguimiento corresponde a la OEA. Pero también es un hecho que subsisten aún focos graves de corrupción que, de no ser corregidos a tiempo, corren el riesgo de extenderse al conjunto de las instituciones en varios países.
El problema de la corrupción es también de imagen; una vez que la población se ha formado la convicción de que sus autoridades son corruptas, toma mucho tiempo convencerla de que esas prácticas han sido superadas. La opinión pública tiende a ver más corrupción de la que hay y la razón de ello es muchas veces la falta de transparencia y rendición adecuada de cuentas en la actividad gubernamental. Por eso hablamos en conjunto de probidad y transparencia. La autoridad debe estar siempre sometida a escrutinio público y ser capaz de dar cuenta también pública de todas sus actividades a través de mecanismos serios, técnicamente eficaces y apartados de la lucha política cotidiana.
Un tercer requisito de la gobernabilidad es que, para ser eficaces en su cometido, los gobiernos deben estar dotados de los instrumentos necesarios. Algo que tampoco ocurre satisfactoriamente con relación a buena parte de los gobiernos de la región, que vieron disminuir significativamente los medios institucionales o materiales con los que antaño podían enfrentar buena parte de los problemas a los que debían dar solución como parte de su mandato esencial. El fenómeno se explica por la reducción, exagerada en muchos casos, del tamaño del Estado.
Uno de los efectos de las reformas de los años noventa en muchos países del mundo en desarrollo fue la desaparición de los aparatos estatales gigantes, lo que constituyó un cambio positivo toda vez que la mayoría de esas estructuras estatales estaban a cargo de actividades productivas costosas, ineficientes o que podían ser manejadas mucho mejor por el sector privado. Sin embargo, bajo la consigna importada de que el Estado era parte del problema y no de la solución, una nueva noción, la de “gobierno pequeño”, sustituyó a la de Estado pequeño y terminó convertida en una cuestión de principios. Sobre esa base se desmantelaron y empobrecieron servicios contribuyendo así a aumentar el número de pobres e indigentes y reduciendo la calidad de la atención que el Estado debe a sus ciudadanos y que ellos esperan y exigen.
La desaparición de estas actividades gubernamentales, sin ser substituidas por nada que cubriera las necesidades que ellas atendían, ha generado una sensación de gran inseguridad en las personas, al grado que justamente desde hace una década muchas encuestas están mostrando que una parte muy significativa de la población vive con altos grados de incertidumbre. Según la encuesta de “Latino barómetro” que he citado antes, más de dos tercios de los latinoamericanos están preocupados por la posibilidad de perder su empleo en los próximos doce meses. La misma incertidumbre la tienen con relación a la posibilidad de lograr acceso a algún sistema de salud y, lo que es aún peor, muchos tienen la sensación de que si bien quizás sus hijos puedan gozar algún día de esos beneficios, ellos no los conocerán jamás.
Hoy está claro que el Estado es muy parte de la solución y que muchos de los problemas que nos afectan, especialmente la reducción de la desigualdad, la provisión de mejores servicios de educación, salud, agua potable y oportunidades de empleo, depende de la formulación de políticas públicas destinadas a ampliar y fortalecer la cohesión social.
Depende también de la presencia, en el aparato del Estado, de funcionarios públicos dotados de competencia profesional para el cumplimiento de sus tareas. A la representación política que ejercen los mandatarios popularmente electos, debe unirse un servicio civil del Estado capaz de mantener la continuidad y eficacia de la función pública. Convertir la administración pública en un simple premio para los vencedores de las elecciones es un vicio que también se practica en el mundo desarrollado, pero que debe ser erradicado para alcanzar los niveles de eficiencia que nuestra gobernabilidad requiere.
Uno de los mitos vinculados al “gobierno pequeño” es que disminuye las posibilidades de corrupción; y digo mito porque no ha sido esa la experiencia de muchos países del hemisferio durante los últimos años. De una parte porque ni los Estados ni los gobiernos –grandes o pequeños- son la única fuente o espacio de corrupción: el sector privado es también fuente, espacio y víctima de la corrupción, como han mostrado muchos escándalos corporativos en los últimos años en nuestro continente y fuera de él. Por otro lado se debe constatar que si bien el Estado puede haber disminuido su importancia como productor directo de bienes y servicios, ha aumentado su capacidad de hacer concesiones y asignaciones de recursos al sector privado, actividades en las que pueden llegar a establecerse asociaciones indebidas entre el dinero y la política.
Lo cierto es que, en materia de corrupción, el tamaño de los Estados y de los gobiernos no importa. Sí es importante, en cambio, la existencia de leyes y normas que proporcionen una adecuada respuesta a la necesidad de separar el dinero de la política; que regulen el lobby; que limiten y hagan transparente el financiamiento de las campañas políticas; que establezcan la obligatoriedad para la declaración de ingresos, propiedades e intereses de los servidores públicos y que permitan también la transparencia de los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte de los gobiernos. Sin elementos de ese tipo, operando de manera permanente y acompañados de un eficiente sistema de contraloría de las actividades públicas, siempre existirá la posibilidad que funcionarios de gobiernos -grandes o pequeños- sean objeto de las presiones y la influencia del dinero.
Quiero concluir esta muy larga presentación con una nota de optimismo respecto del futuro de América Latina y el Caribe, cuya situación he presentado a veces con tintes de extrema crudeza. Hemos salido hace pocas décadas de situaciones de extrema represión y conflicto. Enfrentamos hoy los tremendos desafíos de fortalecer nuestra democracia, asegurar el crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad, proteger nuestro medio ambiente y mejorar nuestra seguridad. Son desafíos pendientes, en mayor o menor medida, en el mundo entero. Creo sinceramente que nuestra región tiene los medios para lograr superarlos antes que otras, en la medida en que sus líderes sean capaces de forjar los consensos necesarios para ello y en que en la comunidad internacional se imponga una lógica efectiva de cooperación internacional.
CRECIMIENTO Y DESAFÍOS
JOSÉ MIGUEL INSULZA
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
SEGUNDA PARTE Y FINAL
Con todo, la situación actual de América Latina y el Caribe presenta un conjunto de elementos favorables que permiten pensar que, de mantenerse y profundizarse, es posible revertir los aspectos negativos y dar a la región un nuevo impulso hacia una posición de mayor justicia y desarrollo. Estas tendencias favorables dependen aún de factores externos, como la actual situación favorable de la economía mundial; pero también requieren un esfuerzo interno que es principalmente político y tiene que ver con la extensión de la democracia y los derechos humanos y la profundización de la gobernabilidad externa.
Según estimaciones de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL)[7], el Producto Interno Bruto regional creció un 5,3% durante 2006, lo que representa un aumento de 3,8% por habitante. Se trata del cuarto año consecutivo de alza y del tercero por sobre 4%, lo que a su vez contrasta muy favorablemente con el crecimiento promedio de 2,2% anual experimentado entre 1980 y 2002. Para 2007 se espera una ligera desaceleración que llevaría al PIB regional a un crecimiento en derredor del 4,7%, pero aún en esa circunstancia el período 2003 – 2007 habrá concluido con un alza acumulada cercana al 15%.
Según la misma CEPAL, la región experimentó además un aumento de 8,4% en el volumen de sus exportaciones durante el año pasado, a lo que se sumó una mejoría en los precios de los principales productos de exportación que se tradujo en un alza de más de 7% en los términos de intercambio con respecto al año anterior. Del mismo modo la mayoría de los países registró un descenso de la inflación, que bajó de un 6,1% (promedio ponderado) en 2005 a un 4,8% en 2006.
Este buen rendimiento económico ha hecho sentir parcialmente sus efectos en otras áreas y particularmente en una de mucha sensibilidad regional: la pobreza. Efectivamente, de acuerdo a cifras de la propia CEPAL, basadas en encuestas directas de hogares en 18 países de América Latina más Haití, durante el último año el número de pobres habría disminuido de 209 millones a 205, lo que representaría una baja desde el 39,8 de la población en 2005 al 38,5 en 2006. El número de indigentes, a su vez, habría disminuido en dos millones (de 81 a 79) lo que representaría una variación desde el 15,4 al 14,7 por ciento. La importancia de los avances en este terreno se torna aún más relevante si las cifras de 2006 son comparadas con las de 2002, año en que los pobres se elevaban a 221 millones y los indigentes a 97, por lo que durante el período se habría reducido en 16 millones el número de pobres y en 18 millones el número de indigentes. Los últimos cuatro años, en consecuencia, han sido también los de mejor desempeño social regional en los últimos veinticinco años.
El mejoramiento de la situación económica se ha visto acompañado de una mayor estabilidad política y un fortalecimiento del sistema democrático. En el período reciente no se han presentado situaciones de crisis y, por el contrario, la mayor parte de los países de la región han renovado sus gobiernos a través de elecciones legítimas, con buena participación y resultados aceptados por todos.
Sólo entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 se realizaron trece elecciones presidenciales, lo que lo convierte en el año en que más elecciones presidenciales ha habido en toda la historia de América Latina y el Caribe. Si se considera adicionalmente que en la región sólo veintiún países tienen régimen presidencial, lo anterior significa que la mayoría tuvo elecciones en un solo año; y todas ellas –incluso aquellas con resultados tan estrechos que provocaron ciertas tensiones o dificultades en el momento de reconocerlos- estuvieron marcadas por el signo de la normalidad democrática. Durante el año, además, se realizaron doce elecciones legislativas, dos referendos y una elección de Asamblea Constituyente.
Para percibir la verdadera importancia de esta situación democrática, es menester compararla con lo que ocurría en la región pocas décadas atrás, cuando no había entre esos veintiún países trece que tuvieran democracia, y mucho menos elecciones limpias y competitivas en las que pudiera vencer la oposición y el gobierno estuviere dispuesto a entregar la conducción del país a sus adversarios.
La recuperación de los principios y de la práctica de la democracia ha tenido, a su vez, efectos en la percepción que los propios latinoamericanos tienen de ésta. Así, la encuesta regional anual conocida como “Informe Latinobarómetro” muestra, en su versión 2006 dada a conocer el 9 de diciembre pasado, que el porcentaje de la población de América Latina que opina que “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, se elevó a 74% en promedio en 2006, lo que contrasta con lo que ocurría cinco años antes, en 2002, cuando sólo un 68% de la población pensaba de esa manera. Y contrasta mucho más vigorosamente aún con la respuesta entregada a otra encuesta realizada por “Latinobarómetro”, esta vez en 2004, que mostró que ese año, en promedio, los latinoamericanos opinaban en un 55% de los casos que no les importaría sufrir un gobierno no democrático si éste resolvía los problemas económicos de su país.
Todo eso llama a ser optimista, más aún si se considera que durante los quince años anteriores hubo dieciséis gobiernos que no terminaron su mandato. Pero este optimismo debe ser acompañado de una extrema cautela, porque es preciso reconocer que persisten en la región una serie de importantes incertidumbres. Las he agrupado en torno a cuatro grandes temas.
1.- EL DESAFÍO DEL CRECIMIENTO
El crecimiento está en la base de las posibilidades de mejorar en todos los otros planos. Algo importante de tener en consideración en nuestra región, que ha crecido a un ritmo menor que cualquier otra región del mundo en los últimos veinticinco años. Las economías emergentes de Asia, el Oriente Medio, Europa Central y del Este, así como los “países recientemente industrializados” de Asia, siguen superándonos en este terreno y también el mundo desarrollado. Por contraste con el crecimiento en otras regiones, hay países en América Latina que no han crecido nada y aún otros, como Haití, que incluso han disminuido sostenidamente su ingreso por capita en los últimos veinte o treinta años.
¿Por qué esta debilidad? En mi opinión existen por lo menos siete razones que explican la fragilidad de nuestro crecimiento. En primer lugar la persistencia de sectores financieros débiles que impiden a nuestros países beneficiarse de oportunidades de inversión más lucrativas. En segundo término la ausencia de un sistema energético regional bien definido, que elimine las inseguridades sobre el abastecimiento de energía en la mayoría de nuestros países. Tercero, un nivel muy insuficiente de comercio intraregional, que recientemente se ha visto agravado por tendencias a elevar el proteccionismo. Cuarto, los bajos niveles de ahorro e inversión que son característicos de la abrumadora mayoría de nuestros países. Quinto, la ausencia de sistemas tributarios eficientes que permitan a los países de América Latina y el Caribe incrementar sus actuales niveles de recaudación relativamente bajos. Sexto, la baja calidad del gasto público en nuestros países. Séptimo, la aún más baja competitividad regional, puesta de manifiesto por el “Global Competitivnes Report” de 2006, en el que los únicos países de la región que se sitúan entre los primeros cincuenta (entre ciento diecisiete) son Chile (27) y Barbados (31).
La superación al menos relativa de algunas de estas insuficiencias será determinante para saber si es posible mantener ese crecimiento por un periodo prolongado, o si tal crecimiento se debe solamente a circunstancias externas y, en consecuencia, se desvanecerá apenas el ciclo económico internacional haya cambiado de signo.
Somos conscientes, por otra parte, que la superación de esas insuficiencias nos podrá permitir crecer a un ritmo más acelerado. No nos garantiza, sin embargo, que ese mayor crecimiento vaya a beneficiar a los más necesitados de entre los habitantes de nuestra región y que, por el contrario, simplemente contribuya a aumentar las desigualdades ya existentes. Es preciso recordar a este respecto que no es la primera vez que democracia y crecimiento coinciden en nuestro continente; que a principio de los años noventa ya tuvimos una situación semejante –con una democracia que entonces renacía entre nosotros- y que en esa oportunidad las esperanzas de millones de latinoamericanos y caribeños se vieron frustradas.
Y la tendencia actual al respecto no puede dejar de ser preocupante. Por ejemplo, estudios de la misma CEPAL sobre el cumplimiento de las metas del milenio nos muestran que los países más pobres de nuestro hemisferio son los que van quedando rezagados en su cumplimiento y que por lo tanto es bastante probable que en el futuro se extienda la brecha entre ellos y los países más ricos. Es posible constatar, por otra parte, que incluso en aquellos países de mayor crecimiento no se ha visto un mejoramiento sustantivo de la distribución del ingreso o una disminución importante de la pobreza, no obstante que la pobreza efectivamente haya disminuido en el último año de manera sensible en toda la región.
También soy consciente de que no ayuda a lograr el objetivo del crecimiento el clima de incertidumbre que, respecto de las políticas económicas y públicas, se crea muchas veces en nuestros países. Contrariamente a lo que muchos creen, el capital –es decir los recursos de inversión necesarios para el crecimiento- no es atraído exclusivamente por la perspectiva de la ganancia, que ciertamente tiene que existir, sino también por la estabilidad política, la seguridad y la certeza
de las reglas del juego. Si quienes pueden invertir en nuestra región en emprendimientos de largo plazo sienten que su inversión puede ser amenazada por cambios en las reglas del juego o por la corrupción o la delincuencia, ciertamente no invertirán, lo que significa que desperdiciaremos esos recursos. Por el contrario, los únicos recursos que en esas condiciones podremos aspirar a recibir serán aquellos de corto plazo o especulativos que la mayor parte de las veces no dejan beneficio alguno a nuestros países.
Muchos de los países citados en estudios recientes como actores de la sociedad del futuro, gozan en la actualidad de menos democracia y muestran peores índices que los nuestros en materias tan relevantes como pobreza y analfabetismo. Buena parte de los países que son visualizados como base de la industria del futuro tienen hoy centenas de millones de pobres y en países que actualmente son sostenedores de la industria mundial del software la mitad de la población es analfabeta. Uno de los grandes “milagros" económicos de nuestros días tiene hoy niveles de desnutrición equivalentes a los del África Subsahariana. Sin embargo son sistemas estables que ejercen reglas del juego claras y que están disponibles para permanecer dentro de las actualizaciones de la globalización. Esas son las características que garantizan su condición de actores del futuro.
En nuestro caso, lamentablemente, no es esa la imagen que ofrecemos. Experimentamos la realidad de unas economías estables, pero acompañada de la percepción de que en muchos casos esa estabilidad no está garantizada debido a la falta de consenso respecto de sus instrumentos. Por ello es que no puede dejar de llamar la atención favorablemente que al analizar los pronósticos previos a las últimas elecciones presidenciales habidas en la región, se pueda distinguir como común denominador la afirmación de que cualquiera hubiese sido su resultado no se habría modificado la política económica del país correspondiente. Y se trataba de elecciones en países tan determinantes de la economía regional como Brasil y México. Esa es la seguridad que nuestros países deben ofrecer si quieren captar los recursos que necesitan para desarrollar su infraestructura o su energía; si buscan captar las inversiones de largo plazo que requieren para asegurar un crecimiento estable. La seguridad de que nuestras economías son estables porque nuestras políticas básicas también lo son.
2.- LOS LÍMITES DE LA INTEGRACIÓN
El proceso de integración regional y subregional presenta un panorama muy diverso en distintas partes del hemisferio. El CARICOM, por ejemplo, enfrenta hoy día la discusión acerca del tránsito desde el mercado único hacia la economía común y en América Central cada día se hacen mayores progresos en materia de integración en un sentido amplio que incluye, además de los temas económicos, temas migratorios y de otro tipo. El NAFTA, por su parte, es hoy una realidad que nadie puede negar y en las elecciones recientes en Canadá y México no se escuchó siquiera una voz que clamara por volver atrás en ese terreno; más bien al contrario, lo que se pudo oír
fueron proposiciones para perfeccionar el sistema.
Así pues, el problema y el desafío, en este caso, competen especialmente a América del Sur donde es posible identificar una tendencia negativa en los últimos años, un cierto decaimiento de las políticas reales de integración.
Lo cierto es que en América Latina se ha ido cíclicamente de una pesimista comparación con Europa a eufóricas declaraciones relativas a la inminencia de una integración “aquí y ahora”, sin que se visualice una efectiva disposición ni de sacar las enseñanzas que derivan de la experiencia europea ni de avanzar realmente en un proceso integrador. Todo ello resulta aún más lamentable si se considera que este hemisferio, y sobre todo el Sur del hemisferio, comenzó a hablar de integración mucho antes que Europa para quedar luego tremendamente atrasado con relación a ésta [8]. Un fenómeno cuya única explicación parece ser que, a diferencia de Europa, en Sur América se ha optado siempre por detener el proceso ante cualquier escollo –grande o pequeño- que se haya encontrado en el camino y esas detenciones, en no pocas oportunidades, han llevado a dramáticos retrocesos.
Por contraste, si observamos a la Unión Europea podremos constatar que se trata de un proceso de integración que nunca se ha detenido. Ha sido criticado y duramente en muchos países de la Unión, ha tenido altos y bajos, ha atravesado por enormes problemas pero siempre ha seguido adelante Nuestra historia
en cambio, como he señalado, es una historia de avances y retrocesos cuya única explicación razonable es que, a diferencia de Europa, nosotros hemos tendido a eludir los verdaderos problemas que trae consigo un proceso integrador.
El primero y quizá principal entre esos problemas es, querámoslo o no, el de la reticencia ante la “supranacionalidad”, o si se prefiere la resistencia a ceder soberanía para alcanzar la integración. Y si algo demuestran todas las experiencias exitosas en este terreno es que no puede haber una integración real sin una cesión igualmente real de soberanía.
Todos los temas comerciales son potestad de la Unión Europea y no de sus países miembros. ¿Contamos con algo parecido en América Latina? Por cierto que no y ni siquiera soñamos con tenerlo. En una región en la que ni siquiera tenemos mecanismos de solución de controversias, existe una mucha menor disposición –sobre todo en el Sur- de entregar a alguna entidad supranacional atribución alguna en materia económica o comercial.
El segundo gran problema es que aparentemente se cree que, por ser la integración económica una situación en la que todos han de ganar, nadie tendrá que pagar por ella. Se trata sin duda de un error, pues no habría habido integración europea si algunos países no hubiesen aportado el dinero necesario para financiarla. Es más: no habría habido integración europea si desde los años cincuenta y hasta hoy día, algunos países no hubieran estado dispuestos a pagar ingentes sumas de dinero para financiar los costos que, para la agricultura de otros países, tenía esa integración. Y, así como financiaron ese esfuerzo en materia agrícola,
los mismos países financiaron un amplio conjunto de otras materias de presupuesto común europeo, teniendo siempre en consideración que ese gasto presente iba a redundar en enormes beneficios futuros.
Guardando las distancias, no hay mucha diferencia entre esa situación y la de América del Sur hoy día. También entre nosotros hay países grandes y pequeños y países que cuentan con más recursos que otros. Y si no existe disposición a replicar de alguna manera esos “Acuerdos Diferenciados” en que no todos contribuyen o se benefician en la misma proporción, no se va a llegar muy lejos en materia de integración efectiva.
El tercer problema dice relación con una suerte de obsesión maximalista respecto de la integración. La obstinación con que se plantea que, desde un inicio, ésta debe ir “desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego”. Lo cierto es que, en Europa, un acuerdo que hubiese ido desde el Báltico hasta las Islas Griegas no habría prosperado jamás: la integración europea es lo que es porque ha avanzado en forma paulatina. Y justamente por ello es que, entre nosotros y no obstante sus dificultades, son tan promisorios los acuerdos subregionales: el MERCOSUR o la Comunidad Andina son más reales y generan más esperanza que la ilusión de unificar, de una vez, al conjunto del continente. Esperando las condiciones para alcanzar esa integración “de una vez” sólo se puede terminar en la condición de una flota que marche a la velocidad del barco más lento; una situación que únicamente sirve para que todo el continente termine rezagado. Por el contrario, es mi firme convicción que los países que estén dispuestos a avanzar más rápido deben integrarse entre sí a la mayor velocidad posible. Y debe tenerse consciencia de que, para avanzar rápido, inevitablemente se deberá enfrentar temas aún más complejos, como el de la integración de las políticas económicas porque ciertamente es muy difícil, sino imposible, lograr la integración entre países que no lleven adelante políticas similares. En suma, para integrarse los países tienen que tener algo o mucho en común; se trata de un factor que también nos muestra la integración europea: que la integración ocurre entre países que son afines antes de integrarse.
3.- EL DESAFÍO DE LA DEMOCRACIA
Ninguna de las situaciones que podrían calificarse como efectivamente críticas vividas por América Latina en los últimos años fue provocada por revoluciones o golpes militares o tuvo una raíz ideológica, sino que se originaron en momentos de descontento popular que terminaron por expresarse de manera tumultuaria. Tal descontento está bastante extendido entre la gente común, que observa, con una impaciencia creciente la ineficiencia y a veces también la corrupción de sus gobiernos, no obstante que ellos hayan sido generados democráticamente o que gobiernen con estricta observancia de la Constitución y las leyes.
La política no es sólo materia de ideas o valores sino también, y mucho más importante, de resultados que sean benéficos para el pueblo. Y es allí en donde algunos de nuestros gobiernos y algunas de nuestras elites políticas han fallado, porque para hacer un buen gobierno no basta con sentir y comportarse como un demócrata: el verdadero desafío es mantener la estabilidad de la democracia proveyendo al mismo tiempo a los ciudadanos de todos aquellos beneficios y soluciones a sus problemas que esa misma democracia les promete. Eso es lo que yo entiendo por gobernabilidad: un tema que concierne a la eficacia y a la eficiencia de los gobiernos y que, como acabo de decir, en mi juicio es la condición necesaria para abordar luego la superación de todos nuestros restantes desafíos.
El primero de ellos es ser conscientes de que la ampliación de la democracia y sus instituciones son justamente las primeras obligaciones de un gobierno democrático. Para ello son un requisito imprescindible la participación y el consenso. Por el contrario, la exclusión y a veces la represión del adversario son un seguro camino para el debilitamiento de las instituciones democráticas. Esta obligación no siempre es tenida en consideración por nuestros gobernantes que, con alguna frecuencia y sin importar su historial democrático previo, no bien adquieren el favor de la mayoría caen en la tentación de buscar formas de ampliación de sus potestades o de prolongación de sus mandatos más allá de sus límites originales. Al actuar de esta manera estos gobiernos, aunque hayan sido electos democráticamente, no gobiernan de manera democrática pues no cumplen con el primer deber de un gobierno democráticamente electo: ejercer el poder de la misma manera democrática, ampliando la libertad mediante la inclusión, la transparencia y la participación.
Debo anotar que no se trata de un fenómeno que afecta sólo a nuestra región pues, como ha señalado Fareed Zacharia [9], existen en la historia muchos casos de gobiernos que han sido electos por una clara mayoría y luego, casi siempre con el apoyo complaciente de esa misma mayoría, han suprimido la libertad de expresión, limitado la libertad de prensa y en general de disidencia, han promovido o tolerado la discriminación y han violado los derechos humanos. Se trata de gobiernos que han sido electos democráticamente pero que no han gobernado de manera democrática. El tema, por cierto, ha abierto una discusión teórica –de la que el propio Zacharia no ha sido ajeno- entre quienes sostienen que basta que un gobierno se constituya democráticamente para que su legitimidad esté garantizada y quienes afirman que para legitimarse democráticamente los gobiernos deben además practicar un ejercicio democrático del poder del que están investidos.
La Organización de los Estados Americanos tiene una posición sólidamente consolidada sobre este punto, expresada en su Carta Fundamental y reafirmada en la Carta Democrática Interamericana aprobada por los cancilleres de las Américas en septiembre de 2001. En esta última se establece: “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Y agrega: “Son componentes fundamentales del ejercicios de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
La implementación plena de esta carta Democrática es indispensable para la creación de un clima de democracia estable en la región. Es la vía para garantizar a todos, a los ciudadanos en primer lugar y al entorno internacional luego, de que estos países no sólo realizan elecciones democráticas, sino que también son capaces de mantener una institucionalidad estable, en que las políticas, las leyes y las formas de gobierno no varían.
Dentro de esta institucionalidad, la separación clara de los poderse públicos y, en especial, la independencia del Poder Judicial y de los organismos de control público es indispensable. La falta de acceso a la justicia es una de las principales frustraciones de los ciudadanos en América Latina. También es preocupante la tendencia a usar la judicatura para fines políticos, sea por parte de los gobiernos para fortalecer su poder o de sus adversarios para atacarlos indebidamente
Por otra parte los sistemas mediante los cuales las autoridades son electas suelen no considerar la necesidad de mayorías estables y, por el contrario, crean condiciones inestables que se mantienen sólo mientras los gobiernos son exitosos. La debilidad de los partidos y otras organizaciones intermedias tiende a acentuar el problema. Como los partidos no son representativos y por lo general no gozan de una gran disciplina interna, las mayorías cambian frecuentemente y no es posible conformar coaliciones políticas estables. La debilidad del sistema convierte a la lucha por el poder en el único elemento constante, dejando poco espacio al compromiso y a la toma de decisiones de largo plazo.
Por ello una condición de la gobernabilidad en nuestra región es la generación de sistemas políticos que permitan una participación amplia y faciliten la formación de coaliciones sólidas y gobiernos mayoritarios. Esto, a su vez, demanda de los partidos políticos una mayor representatividad popular y la capacidad de participar en la formación de esas mayorías.
4-EL DESAFÍO DE LA GOBERNABILIDAD
América Latina y el Caribe tienen hoy democracias elegidas por voto secreto y universal de todos sus ciudadanos. Debe ahora avanzar mucho más hacia la forja de democracias institucionalmente estables, dotadas de efectivo balance de poder, control interno y ejercicio pleno de la ciudadanía política, civil y social.
Los gobiernos deben gobernar democráticamente, pero también deben ser capaces de gobernar realmente. Dicho de otra manera, para ser eficaz en su cometido, un gobierno electo democráticamente debe tener el poder y las condiciones de regir de manera efectiva en su país. Esto dice relación con el estado de derecho y también con el fortalecimiento de las instituciones políticas y los sistemas de representación y, particularmente, con la existencia de instituciones públicas permanentes que sean realmente respetadas. El crecimiento, la generación de empleo, la entrega de certezas para la inversión de capitales, la integración, los problemas de pobreza, discriminación y delincuencia, son todas cuestiones que pueden ser solucionadas con la aprobación y aplicación democrática de políticas públicas eficaces, eficientes y en las que debería considerarse la opinión, la participación y los derechos de todos. Para estar a la altura de esa empresa, sin embargo, los gobiernos de América Latina deben todavía satisfacer algunos requisitos y desarrollar algunas capacidades que se constituyen en requisitos y condiciones de la gobernabilidad.
Este es un problema de difícil superación en América Latina y el Caribe, pues muchos países de la región no están en condiciones de exhibir leyes básicas o instituciones formalmente capaces de sacar adelante políticas públicas. Muchas veces esas instituciones son ineficientes, demasiados “politizadas” o simplemente no son respetadas. Un poder judicial independiente, un Contralor General con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente y una fuerza policial eficiente y no corrupta son algunas de las instituciones que, en nuestras democracias, suelen existir en el papel pero no en la realidad.
Un segundo requisito de la gobernabilidad es hoy, más que nunca, la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública. Sólo unos pocos países de nuestra región escapan a una historia de mal gobierno y aprovechamiento de la función pública para beneficio personal. Debo declarar que creo que en esta materia se ha progresado significativamente en los últimos años y a ello no sido ajena la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, cuyo seguimiento corresponde a la OEA. Pero también es un hecho que subsisten aún focos graves de corrupción que, de no ser corregidos a tiempo, corren el riesgo de extenderse al conjunto de las instituciones en varios países.
El problema de la corrupción es también de imagen; una vez que la población se ha formado la convicción de que sus autoridades son corruptas, toma mucho tiempo convencerla de que esas prácticas han sido superadas. La opinión pública tiende a ver más corrupción de la que hay y la razón de ello es muchas veces la falta de transparencia y rendición adecuada de cuentas en la actividad gubernamental. Por eso hablamos en conjunto de probidad y transparencia. La autoridad debe estar siempre sometida a escrutinio público y ser capaz de dar cuenta también pública de todas sus actividades a través de mecanismos serios, técnicamente eficaces y apartados de la lucha política cotidiana.
Un tercer requisito de la gobernabilidad es que, para ser eficaces en su cometido, los gobiernos deben estar dotados de los instrumentos necesarios. Algo que tampoco ocurre satisfactoriamente con relación a buena parte de los gobiernos de la región, que vieron disminuir significativamente los medios institucionales o materiales con los que antaño podían enfrentar buena parte de los problemas a los que debían dar solución como parte de su mandato esencial. El fenómeno se explica por la reducción, exagerada en muchos casos, del tamaño del Estado.
Uno de los efectos de las reformas de los años noventa en muchos países del mundo en desarrollo fue la desaparición de los aparatos estatales gigantes, lo que constituyó un cambio positivo toda vez que la mayoría de esas estructuras estatales estaban a cargo de actividades productivas costosas, ineficientes o que podían ser manejadas mucho mejor por el sector privado. Sin embargo, bajo la consigna importada de que el Estado era parte del problema y no de la solución, una nueva noción, la de “gobierno pequeño”, sustituyó a la de Estado pequeño y terminó convertida en una cuestión de principios. Sobre esa base se desmantelaron y empobrecieron servicios contribuyendo así a aumentar el número de pobres e indigentes y reduciendo la calidad de la atención que el Estado debe a sus ciudadanos y que ellos esperan y exigen.
La desaparición de estas actividades gubernamentales, sin ser substituidas por nada que cubriera las necesidades que ellas atendían, ha generado una sensación de gran inseguridad en las personas, al grado que justamente desde hace una década muchas encuestas están mostrando que una parte muy significativa de la población vive con altos grados de incertidumbre. Según la encuesta de “Latino barómetro” que he citado antes, más de dos tercios de los latinoamericanos están preocupados por la posibilidad de perder su empleo en los próximos doce meses. La misma incertidumbre la tienen con relación a la posibilidad de lograr acceso a algún sistema de salud y, lo que es aún peor, muchos tienen la sensación de que si bien quizás sus hijos puedan gozar algún día de esos beneficios, ellos no los conocerán jamás.
Hoy está claro que el Estado es muy parte de la solución y que muchos de los problemas que nos afectan, especialmente la reducción de la desigualdad, la provisión de mejores servicios de educación, salud, agua potable y oportunidades de empleo, depende de la formulación de políticas públicas destinadas a ampliar y fortalecer la cohesión social.
Depende también de la presencia, en el aparato del Estado, de funcionarios públicos dotados de competencia profesional para el cumplimiento de sus tareas. A la representación política que ejercen los mandatarios popularmente electos, debe unirse un servicio civil del Estado capaz de mantener la continuidad y eficacia de la función pública. Convertir la administración pública en un simple premio para los vencedores de las elecciones es un vicio que también se practica en el mundo desarrollado, pero que debe ser erradicado para alcanzar los niveles de eficiencia que nuestra gobernabilidad requiere.
Uno de los mitos vinculados al “gobierno pequeño” es que disminuye las posibilidades de corrupción; y digo mito porque no ha sido esa la experiencia de muchos países del hemisferio durante los últimos años. De una parte porque ni los Estados ni los gobiernos –grandes o pequeños- son la única fuente o espacio de corrupción: el sector privado es también fuente, espacio y víctima de la corrupción, como han mostrado muchos escándalos corporativos en los últimos años en nuestro continente y fuera de él. Por otro lado se debe constatar que si bien el Estado puede haber disminuido su importancia como productor directo de bienes y servicios, ha aumentado su capacidad de hacer concesiones y asignaciones de recursos al sector privado, actividades en las que pueden llegar a establecerse asociaciones indebidas entre el dinero y la política.
Lo cierto es que, en materia de corrupción, el tamaño de los Estados y de los gobiernos no importa. Sí es importante, en cambio, la existencia de leyes y normas que proporcionen una adecuada respuesta a la necesidad de separar el dinero de la política; que regulen el lobby; que limiten y hagan transparente el financiamiento de las campañas políticas; que establezcan la obligatoriedad para la declaración de ingresos, propiedades e intereses de los servidores públicos y que permitan también la transparencia de los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte de los gobiernos. Sin elementos de ese tipo, operando de manera permanente y acompañados de un eficiente sistema de contraloría de las actividades públicas, siempre existirá la posibilidad que funcionarios de gobiernos -grandes o pequeños- sean objeto de las presiones y la influencia del dinero.
Quiero concluir esta muy larga presentación con una nota de optimismo respecto del futuro de América Latina y el Caribe, cuya situación he presentado a veces con tintes de extrema crudeza. Hemos salido hace pocas décadas de situaciones de extrema represión y conflicto. Enfrentamos hoy los tremendos desafíos de fortalecer nuestra democracia, asegurar el crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad, proteger nuestro medio ambiente y mejorar nuestra seguridad. Son desafíos pendientes, en mayor o menor medida, en el mundo entero. Creo sinceramente que nuestra región tiene los medios para lograr superarlos antes que otras, en la medida en que sus líderes sean capaces de forjar los consensos necesarios para ello y en que en la comunidad internacional se imponga una lógica efectiva de cooperación internacional.
PROBLEMAS DE AMÉRICA LATINA
América Latina,
los mayores problemas
José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA Año XIV. no. 79
mayo - junio de 2007
REFLEXIONES
La región de América Latina y el Caribe pertenece al mundo en vías de desarrollo, aunque tiene un nivel económico y social bastante mejor que el de África y de gran parte de Asia y su ingreso per cápita está cerca del promedio mundial. Los fracasos de nuestra civilización, sin embargo, forman también parte de su realidad, creando una sensación de injusticia que se hace hoy más patente, cuando la región está creciendo y su democracia progresa, pero sus carencias siguen afectando a muchos millones de sus habitantes.
1. POBREZA Y DESIGUALDAD
Hace más de una década, el entonces Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, señaló refiriéndose a su país: “Brasil no es un país pobre, sino un país injusto”. La frase ha sido repetida muchas veces, porque no sólo refleja de manera sintética la realidad brasileña, sino la de toda nuestra región, haciendo que el examen de esa realidad sea interesante cuando se habla de caridad y justicia entre los pueblos y entre las naciones.
América Latina no es, de manera alguna, el continente más pobre de la Tierra. En realidad, su ingreso promedio se parece al ingreso promedio de la población mundial y posee recursos naturales y humanos para dar una mejor existencia a todos sus hijos. Sin embargo alrededor de 100 millones de latinoamericanos durmieron la pasada noche sin haberse alimentado suficientemente durante el día. Es verdad que si se miran estadísticas mundiales, América Latina y el Caribe no aparecen en los peores lugares en el triste listado de la pobreza; que hay países de nuestro continente que obtienen mejores calificaciones que muchos países africanos en los índices de desarrollo humano, que nuestra mortalidad infantil no es tan infamante y que nuestra desnutrición no es tan deshonrosa. Sin embargo probablemente ello ocurra solamente porque nuestros países son naturalmente mucho más ricos. De ahí que, tan acuciante como la pobreza misma en nuestro continente, sea el hecho que no exista ni una sola razón que pueda explicar porqué hay cien millones de indigentes y doscientos millones de pobres mal viviendo en un continente rico.
CEPAL reporta que aproximadamente un 40% de la población de América Latina más de 200 millones de personas son pobres, la mayoría de los cuales pertenecen a familias monoparentales encabezadas por una mujer. De entre ellos casi la mitad son extremadamente pobres o indigentes; esto es, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que logran obtener, menos de un dólar al día. En Haití, el país más pobre de nuestra región, el 55% de la población sobrevive con menos de un dólar diario de ingreso.
Es mucha pobreza e inaceptable en una región que es rica en recursos. La misma CEPAL ha estimado que para alcanzar en 2015 las Metas del Milenio en materia de pobreza, la región debería incrementar su producto por habitante, en promedio, a una tasa de 2.9% anual. Ello significa que la gran mayoría de nuestros países cumplirá con la meta. Sin embargo, esta estimación promedio impide ver importantes diferencias. Así, la propia CEPAL estimaba en 2004 que los países con mayores niveles actuales de extrema pobreza, superiores al 30% Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Guyana debían aumentar su producto por habitante a una tasa de 4.4% promedio anual durante los siguientes 11 años para alcanzar esa meta. Es decir, la brecha de pobreza entre nuestros países se va ampliando, dejando atrás un conjunto de países que no conseguirán los niveles requeridos en su disminución.
A la desigualdad entre los países se une la desigualdad entre las personas. El 20% más pobre del continente lleva a sus hogares entre un 2.2% del ingreso nacional en Bolivia y un 8.8% en Uruguay, en circunstancias que el 20% más rico se apropia de porcentajes que van desde el 42,8% en Uruguay al 64% en Brasil.
La encuesta Latinobarómetro 2006 revela que el 61% de las personas que en la región tienen sólo educación básica o menos, tienen padres con el mismo grado de educación y que sólo el 9% de personas cuyos padres tenían ese nivel de educación, habían accedido a la educación superior. Quien nace en un hogar pobre o de padres con escasa educación tiende a permanecer igual.
En nuestra región, por otra parte, pobreza y desigualdad están asociadas a discriminación. Una gran mayoría de los indígenas son pobres, también lo es un número importante de afro americanos. Un número desproporcionado de hogares pobres en la región, por otra parte, es encabezado por una mujer. La pobreza tiene color y tiene género en América Latina y el Caribe. Ello hace el problema aún más hiriente y negativo y más urgente la necesidad de su solución.
Y se trata de una situación no sólo injusta, sino que también progresivamente insostenible. La frustración causada por el contraste entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión, de una parte, y el crecimiento económico realmente experimentado así como el mejoramiento de la calidad de vida prometido por las elecciones democráticas pero no materializado, de otra, sientan las bases para una futura situación de conflictos y turbulencias en la región. La democracia debe ser capaz de entregarle mucho más a la gente, no sólo porque la pobreza actual en nuestra región es moralmente inadmisible, sino porque además, de persistir, se convertirá en una amenaza seria a nuestras posibilidades de desarrollo futuro debido a los déficit de educación, ahorro y capacidad de emprendimiento que, entre otros lastres, trae consigo.
Una disminución de la desigualdad debería significar igualmente un mejoramiento sustantivo en esta materia. La misma CEPAL ha sido enfática en señalar que una mejor distribución del ingreso potenciaría el efecto de la expansión económica en la reducción de la pobreza, estimando que una reducción de sólo 5% en el valor del coeficiente de Gini permitiría que se redujera el crecimiento anual necesario para alcanzar las Metas del Milenio de Naciones Unidas en materia de eliminación de la pobreza, desde el 2.9% en que la estimaba en 2004 a un 2.1%.
Para enfrentar con éxito el desafío de la pobreza en América Latina, se requiere tener presente que ésta está determinada por múltiples factores, como la desigualdad y la discriminación, muchos de ellos económica, social o culturalmente estructurales. Ya no se puede creer, como ocurría décadas atrás en algunos de nuestros países, que la pobreza era un problema que se iba a resolver de manera natural en la medida en que nuestras economías crecieran. Es verdad que la solución de la pobreza está ligada al crecimiento económico (el año pasado América Latina creció fuertemente y la pobreza disminuyó en doce millones de personas), pero es igualmente cierto que también y primordialmente deberán comprenderse y atacarse los factores estructurales que generan los problemas de pobreza si se quiere que esa solución sea estable.
Finalmente, es importante recordar que la pobreza está ligada a otros procesos que repercuten en el tejido social de América Latina y el Caribe. El aumento desmesurado de la migración de poblaciones de los países con más problemas de pobreza y empleo hacia otros países de la región, hacia Estados Unidos y hacia Europa ha generado cambios en la economía y la sociedad de los países de origen y de destino. Los principales flujos se producen hacia Estados Unidos, país que recibe hoy algo más de un 20% del total de las migraciones en el mundo.
La migración hacia Estados Unidos provocada por la pobreza es principalmente la que tiene origen en México y Centroamérica (que son los principales países de origen de la inmigración legal e ilegal, como lo muestran los informes sobre remesas del Banco Mundial. Muchos de los más pobres de países como Perú, Paraguay, Ecuador o Bolivia, van a otros países de América del Sur o a Europa. En Argentina hay más de un millón de paraguayos y cerca de un millón de bolivianos. En España los ecuatorianos son el segundo grupo inmigrante, después de Marruecos, mucho más cercano. Las migraciones de otros países a Estados Unidos y Europa tienen también un fuerte componente de fuga de cerebros. Más de la mitad de los graduados caribeños con grado universitario vive en el exterior y en el caso de algunos países, como Haití y Granada, la cifra alcanza a más del 80%.
Las remesas son la primera fuente de divisas para la economía de todos los países centroamericanos y de casi todos los del Caribe y en el caso de México ya compiten con el petróleo y el turismo, al tiempo que disminuyen el desempleo. Pero provocan problemas sociales de gran envergadura, como la separación de las familias, al tiempo que son víctimas de discriminación en muchos de los países a los cuales llegan.
Nada parece indicar que las principales acusaciones que se lanzan en los países receptores en contra de los migrantes tengan base alguna. Las tasas de desempleo en Estados Unidos y España, por ejemplo, no parecen variar significativamente por la presencia de inmigrantes. Al contrario, el estado con mayor porcentaje de aumento de inmigrantes en Estados Unidos (Carolina del Norte) es también unos de los estados de más bajo desempleo; y las estadísticas sobre crimen muestran que los inmigrantes no cometen más delitos que los nacionales del país, en proporción al número de habitantes. Pero las diferencias culturales, raciales y culturales de los migrantes provocan problemas y tensiones sociales agudizadas por el racismo y el egoísmo de muchos.
2. VIOLENCIA
América Latina no ha sufrido grandes conflictos militares durante el siglo XX, al menos no de la envergadura de los ocurridos en los demás continentes. Hace pocos meses celebramos el 40 Aniversario de nuestro Tratado de Proscripción de las Armas Nucleares (Tratado de Tlatelolco) que todos nuestros países han observado. Con el término de las confrontaciones internas que fueron provocadas o inspiradas por la Guerra Fría es posible decir que en general, con la sola lamentable excepción de Colombia (donde sin embargo la violencia ha tenido una reducción en los últimos dos años), América Latina es hoy un continente de paz.
Pero nuestras tasas de criminalidad están entre las mayores del mundo. El nuestro es un continente que enfrenta problemas serios de delincuencia, organizada y no organizada, con los cuales no se puede seguir conviviendo. Cierto es que ha disminuido la violencia política que, hace no muchos años atrás, flagelaba a nuestra población; que tenemos mucho menos violencia política que en otras regiones del mundo, dentro de los Estados y entre los Estados. Pero también es cierto que esa violencia ha sido sustituida por el delito: por las pandillas, el narcotráfico, el crecimiento del crimen urbano, el lavado de dinero y otras muchas formas que éste adopta hoy en día. Varios países de América Latina y el Caribe están en la lista de aquellos que tienen el mayor promedio de homicidios en el mundo, con tasas que pueden llegar hasta 30 homicidios por cada cien mil habitantes. Con un 8% de la población mundial, la región registra el 75% de los secuestros que se producen globalmente. En ciertas ciudades de América Central y América del Sur grupos de delincuentes controlan ya no solamente la delincuencia sino el conjunto de la vida de algunos barrios.
La mayor parte de la violencia y de los delitos en nuestra región está vinculada al tráfico de drogas y al crimen organizado, cuyo crecimiento ha sido impulsado por una combinación de alta densidad de población en áreas urbanas, pobreza persistente y desigualdad del ingreso. La explosión de violencia ocurrida en Sao Paulo en mayo del 2006 fue la primera expresión masiva de los adversos efectos de la combinación de pobreza, drogas y violencia. En esa ciudad, una de las pandillas más grandes del mundo organizó un ataque de cinco días a la infraestructura urbana, con el resultado de 272 personas muertas, 91 de las cuales eran oficiales de policía. En algunos países de Centroamérica las bandas organizadas de jóvenes son superiores en número a la policía y tanto esta región como el Caribe se han convertido en terreno de tránsito de la droga y refugio de organizaciones criminales.
Se trata de una lacra social que no sólo degrada y daña física y moralmente a las personas sino que acarrea consigo un alto costo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la delincuencia, incluyendo el valor de propiedad robada, se eleva aproximadamente a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina. Esta estimación incluye el impacto de la delincuencia no sólo en la seguridad de las personas y propiedades sino también en la productividad, las inversiones, el empleo y el consumo.
Uno de los delitos más graves, menos reconocido hasta ahora, es la trata de personas. El número de niños, mujeres y esclavos que son traficados en nuestra región, en el interior de los países o a través de las fronteras es vergonzosamente alto, infamemente alto. Y es tan elevado porque un porcentaje igualmente alto de la población entre quince y veinte por ciento carece de identidad. No está inscrita en un registro ni tiene documento alguno que la identifique. Para ellos no existe un pedazo de papel en que conste su nombre o siquiera su existencia y son, por ello, objeto fácil y permanente de todo tipo de delitos perpetrados por bandas de criminales organizadas expresamente para ese fin.
3. DETERIORO AMBIENTAL
América Latina y el Caribe enfrentan tasas muy altas de deterioro ambiental, en rápido crecimiento. Elemento clave de esta degradación es el crecimiento de la población, unida a las más altas tasas de desigualdad. Las evidencias muestran que los pobres enfrentan el mayor peso de la degradación ambiental.
Los problemas del medio urbano, especialmente la contaminación del aire y del agua y los sistemas inadecuados de alcantarillado continúan teniendo un fuerte impacto sobre millones de personas que viven en nuestras ciudades. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud confirma que la degradación ambiental es una causa creciente de una cantidad de enfermedades. Alrededor de un cuarto de las enfermedades a nivel global es causado por la exposición a un medio ambiente contaminado, mientras la cifra aumenta a un tercio para los niños menores de cinco años.
La región ha sido bendecida por una de las más ricas dotaciones de recursos naturales y diversidad biológica del planeta y se ha convertido en un modelo en el apoyo de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a pesar del compromiso político hacia las áreas protegidas, la pérdida de bosques nativos, que albergan la más alta concentración de biodiversidad, continúa acelerándose. De acuerdo a un reciente informe de FAO, en 2005 casi 40 millones de hectáreas fueron despejadas en América Latina, lo cual representa la más alta tasa de pérdida forestal producida en cualquier lugar del planeta.
Hay otras formas de degradación de los recursos naturales, como por ejemplo la del 30% de los arrecifes de coral —que albergan la mayor concentración de biodiversidad marina— que están severamente dañadas y en riesgo de colapsar. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales y el reconocimiento del vínculo que existe entre estos eventos climáticos extremos, plantean enormes riesgos a la región, especialmente a los países del Caribe y Centroamérica.
Esta descontrolada degradación ambiental puede terminar por afectar la fortaleza de las instituciones democráticas. Es difícil sostener una democracia cuando 140 millones de personas carecen de acceso adecuado a servicios sanitarios, cuando 75 millones de personas no cuentan con agua potable limpia o cuando 80 millones de personas respiran contaminantes más allá de lo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud.
La gran mayoría de los afectados por el aire sucio y el agua sucia son también las comunidades más pobres de la región, dañados por décadas de injusticia y exclusión. También son los más expuestos a la violencia y el crimen. El conjunto de esta base de la sociedad configura una mezcla explosiva de miseria, inequidad y desesperanza que explica muchos de los fenómenos políticos anteriores y recientes de América Latina. Estas formas de injusticia y la incapacidad de resolverlas están en la base de la falta de fe en la democracia y del surgimiento de caudillismos como fórmulas mágicas de solución a una injusticia que ya no espera.
los mayores problemas
José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA Año XIV. no. 79
mayo - junio de 2007
REFLEXIONES
La región de América Latina y el Caribe pertenece al mundo en vías de desarrollo, aunque tiene un nivel económico y social bastante mejor que el de África y de gran parte de Asia y su ingreso per cápita está cerca del promedio mundial. Los fracasos de nuestra civilización, sin embargo, forman también parte de su realidad, creando una sensación de injusticia que se hace hoy más patente, cuando la región está creciendo y su democracia progresa, pero sus carencias siguen afectando a muchos millones de sus habitantes.
1. POBREZA Y DESIGUALDAD
Hace más de una década, el entonces Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, señaló refiriéndose a su país: “Brasil no es un país pobre, sino un país injusto”. La frase ha sido repetida muchas veces, porque no sólo refleja de manera sintética la realidad brasileña, sino la de toda nuestra región, haciendo que el examen de esa realidad sea interesante cuando se habla de caridad y justicia entre los pueblos y entre las naciones.
América Latina no es, de manera alguna, el continente más pobre de la Tierra. En realidad, su ingreso promedio se parece al ingreso promedio de la población mundial y posee recursos naturales y humanos para dar una mejor existencia a todos sus hijos. Sin embargo alrededor de 100 millones de latinoamericanos durmieron la pasada noche sin haberse alimentado suficientemente durante el día. Es verdad que si se miran estadísticas mundiales, América Latina y el Caribe no aparecen en los peores lugares en el triste listado de la pobreza; que hay países de nuestro continente que obtienen mejores calificaciones que muchos países africanos en los índices de desarrollo humano, que nuestra mortalidad infantil no es tan infamante y que nuestra desnutrición no es tan deshonrosa. Sin embargo probablemente ello ocurra solamente porque nuestros países son naturalmente mucho más ricos. De ahí que, tan acuciante como la pobreza misma en nuestro continente, sea el hecho que no exista ni una sola razón que pueda explicar porqué hay cien millones de indigentes y doscientos millones de pobres mal viviendo en un continente rico.
CEPAL reporta que aproximadamente un 40% de la población de América Latina más de 200 millones de personas son pobres, la mayoría de los cuales pertenecen a familias monoparentales encabezadas por una mujer. De entre ellos casi la mitad son extremadamente pobres o indigentes; esto es, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que logran obtener, menos de un dólar al día. En Haití, el país más pobre de nuestra región, el 55% de la población sobrevive con menos de un dólar diario de ingreso.
Es mucha pobreza e inaceptable en una región que es rica en recursos. La misma CEPAL ha estimado que para alcanzar en 2015 las Metas del Milenio en materia de pobreza, la región debería incrementar su producto por habitante, en promedio, a una tasa de 2.9% anual. Ello significa que la gran mayoría de nuestros países cumplirá con la meta. Sin embargo, esta estimación promedio impide ver importantes diferencias. Así, la propia CEPAL estimaba en 2004 que los países con mayores niveles actuales de extrema pobreza, superiores al 30% Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Guyana debían aumentar su producto por habitante a una tasa de 4.4% promedio anual durante los siguientes 11 años para alcanzar esa meta. Es decir, la brecha de pobreza entre nuestros países se va ampliando, dejando atrás un conjunto de países que no conseguirán los niveles requeridos en su disminución.
A la desigualdad entre los países se une la desigualdad entre las personas. El 20% más pobre del continente lleva a sus hogares entre un 2.2% del ingreso nacional en Bolivia y un 8.8% en Uruguay, en circunstancias que el 20% más rico se apropia de porcentajes que van desde el 42,8% en Uruguay al 64% en Brasil.
La encuesta Latinobarómetro 2006 revela que el 61% de las personas que en la región tienen sólo educación básica o menos, tienen padres con el mismo grado de educación y que sólo el 9% de personas cuyos padres tenían ese nivel de educación, habían accedido a la educación superior. Quien nace en un hogar pobre o de padres con escasa educación tiende a permanecer igual.
En nuestra región, por otra parte, pobreza y desigualdad están asociadas a discriminación. Una gran mayoría de los indígenas son pobres, también lo es un número importante de afro americanos. Un número desproporcionado de hogares pobres en la región, por otra parte, es encabezado por una mujer. La pobreza tiene color y tiene género en América Latina y el Caribe. Ello hace el problema aún más hiriente y negativo y más urgente la necesidad de su solución.
Y se trata de una situación no sólo injusta, sino que también progresivamente insostenible. La frustración causada por el contraste entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión, de una parte, y el crecimiento económico realmente experimentado así como el mejoramiento de la calidad de vida prometido por las elecciones democráticas pero no materializado, de otra, sientan las bases para una futura situación de conflictos y turbulencias en la región. La democracia debe ser capaz de entregarle mucho más a la gente, no sólo porque la pobreza actual en nuestra región es moralmente inadmisible, sino porque además, de persistir, se convertirá en una amenaza seria a nuestras posibilidades de desarrollo futuro debido a los déficit de educación, ahorro y capacidad de emprendimiento que, entre otros lastres, trae consigo.
Una disminución de la desigualdad debería significar igualmente un mejoramiento sustantivo en esta materia. La misma CEPAL ha sido enfática en señalar que una mejor distribución del ingreso potenciaría el efecto de la expansión económica en la reducción de la pobreza, estimando que una reducción de sólo 5% en el valor del coeficiente de Gini permitiría que se redujera el crecimiento anual necesario para alcanzar las Metas del Milenio de Naciones Unidas en materia de eliminación de la pobreza, desde el 2.9% en que la estimaba en 2004 a un 2.1%.
Para enfrentar con éxito el desafío de la pobreza en América Latina, se requiere tener presente que ésta está determinada por múltiples factores, como la desigualdad y la discriminación, muchos de ellos económica, social o culturalmente estructurales. Ya no se puede creer, como ocurría décadas atrás en algunos de nuestros países, que la pobreza era un problema que se iba a resolver de manera natural en la medida en que nuestras economías crecieran. Es verdad que la solución de la pobreza está ligada al crecimiento económico (el año pasado América Latina creció fuertemente y la pobreza disminuyó en doce millones de personas), pero es igualmente cierto que también y primordialmente deberán comprenderse y atacarse los factores estructurales que generan los problemas de pobreza si se quiere que esa solución sea estable.
Finalmente, es importante recordar que la pobreza está ligada a otros procesos que repercuten en el tejido social de América Latina y el Caribe. El aumento desmesurado de la migración de poblaciones de los países con más problemas de pobreza y empleo hacia otros países de la región, hacia Estados Unidos y hacia Europa ha generado cambios en la economía y la sociedad de los países de origen y de destino. Los principales flujos se producen hacia Estados Unidos, país que recibe hoy algo más de un 20% del total de las migraciones en el mundo.
La migración hacia Estados Unidos provocada por la pobreza es principalmente la que tiene origen en México y Centroamérica (que son los principales países de origen de la inmigración legal e ilegal, como lo muestran los informes sobre remesas del Banco Mundial. Muchos de los más pobres de países como Perú, Paraguay, Ecuador o Bolivia, van a otros países de América del Sur o a Europa. En Argentina hay más de un millón de paraguayos y cerca de un millón de bolivianos. En España los ecuatorianos son el segundo grupo inmigrante, después de Marruecos, mucho más cercano. Las migraciones de otros países a Estados Unidos y Europa tienen también un fuerte componente de fuga de cerebros. Más de la mitad de los graduados caribeños con grado universitario vive en el exterior y en el caso de algunos países, como Haití y Granada, la cifra alcanza a más del 80%.
Las remesas son la primera fuente de divisas para la economía de todos los países centroamericanos y de casi todos los del Caribe y en el caso de México ya compiten con el petróleo y el turismo, al tiempo que disminuyen el desempleo. Pero provocan problemas sociales de gran envergadura, como la separación de las familias, al tiempo que son víctimas de discriminación en muchos de los países a los cuales llegan.
Nada parece indicar que las principales acusaciones que se lanzan en los países receptores en contra de los migrantes tengan base alguna. Las tasas de desempleo en Estados Unidos y España, por ejemplo, no parecen variar significativamente por la presencia de inmigrantes. Al contrario, el estado con mayor porcentaje de aumento de inmigrantes en Estados Unidos (Carolina del Norte) es también unos de los estados de más bajo desempleo; y las estadísticas sobre crimen muestran que los inmigrantes no cometen más delitos que los nacionales del país, en proporción al número de habitantes. Pero las diferencias culturales, raciales y culturales de los migrantes provocan problemas y tensiones sociales agudizadas por el racismo y el egoísmo de muchos.
2. VIOLENCIA
América Latina no ha sufrido grandes conflictos militares durante el siglo XX, al menos no de la envergadura de los ocurridos en los demás continentes. Hace pocos meses celebramos el 40 Aniversario de nuestro Tratado de Proscripción de las Armas Nucleares (Tratado de Tlatelolco) que todos nuestros países han observado. Con el término de las confrontaciones internas que fueron provocadas o inspiradas por la Guerra Fría es posible decir que en general, con la sola lamentable excepción de Colombia (donde sin embargo la violencia ha tenido una reducción en los últimos dos años), América Latina es hoy un continente de paz.
Pero nuestras tasas de criminalidad están entre las mayores del mundo. El nuestro es un continente que enfrenta problemas serios de delincuencia, organizada y no organizada, con los cuales no se puede seguir conviviendo. Cierto es que ha disminuido la violencia política que, hace no muchos años atrás, flagelaba a nuestra población; que tenemos mucho menos violencia política que en otras regiones del mundo, dentro de los Estados y entre los Estados. Pero también es cierto que esa violencia ha sido sustituida por el delito: por las pandillas, el narcotráfico, el crecimiento del crimen urbano, el lavado de dinero y otras muchas formas que éste adopta hoy en día. Varios países de América Latina y el Caribe están en la lista de aquellos que tienen el mayor promedio de homicidios en el mundo, con tasas que pueden llegar hasta 30 homicidios por cada cien mil habitantes. Con un 8% de la población mundial, la región registra el 75% de los secuestros que se producen globalmente. En ciertas ciudades de América Central y América del Sur grupos de delincuentes controlan ya no solamente la delincuencia sino el conjunto de la vida de algunos barrios.
La mayor parte de la violencia y de los delitos en nuestra región está vinculada al tráfico de drogas y al crimen organizado, cuyo crecimiento ha sido impulsado por una combinación de alta densidad de población en áreas urbanas, pobreza persistente y desigualdad del ingreso. La explosión de violencia ocurrida en Sao Paulo en mayo del 2006 fue la primera expresión masiva de los adversos efectos de la combinación de pobreza, drogas y violencia. En esa ciudad, una de las pandillas más grandes del mundo organizó un ataque de cinco días a la infraestructura urbana, con el resultado de 272 personas muertas, 91 de las cuales eran oficiales de policía. En algunos países de Centroamérica las bandas organizadas de jóvenes son superiores en número a la policía y tanto esta región como el Caribe se han convertido en terreno de tránsito de la droga y refugio de organizaciones criminales.
Se trata de una lacra social que no sólo degrada y daña física y moralmente a las personas sino que acarrea consigo un alto costo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la delincuencia, incluyendo el valor de propiedad robada, se eleva aproximadamente a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina. Esta estimación incluye el impacto de la delincuencia no sólo en la seguridad de las personas y propiedades sino también en la productividad, las inversiones, el empleo y el consumo.
Uno de los delitos más graves, menos reconocido hasta ahora, es la trata de personas. El número de niños, mujeres y esclavos que son traficados en nuestra región, en el interior de los países o a través de las fronteras es vergonzosamente alto, infamemente alto. Y es tan elevado porque un porcentaje igualmente alto de la población entre quince y veinte por ciento carece de identidad. No está inscrita en un registro ni tiene documento alguno que la identifique. Para ellos no existe un pedazo de papel en que conste su nombre o siquiera su existencia y son, por ello, objeto fácil y permanente de todo tipo de delitos perpetrados por bandas de criminales organizadas expresamente para ese fin.
3. DETERIORO AMBIENTAL
América Latina y el Caribe enfrentan tasas muy altas de deterioro ambiental, en rápido crecimiento. Elemento clave de esta degradación es el crecimiento de la población, unida a las más altas tasas de desigualdad. Las evidencias muestran que los pobres enfrentan el mayor peso de la degradación ambiental.
Los problemas del medio urbano, especialmente la contaminación del aire y del agua y los sistemas inadecuados de alcantarillado continúan teniendo un fuerte impacto sobre millones de personas que viven en nuestras ciudades. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud confirma que la degradación ambiental es una causa creciente de una cantidad de enfermedades. Alrededor de un cuarto de las enfermedades a nivel global es causado por la exposición a un medio ambiente contaminado, mientras la cifra aumenta a un tercio para los niños menores de cinco años.
La región ha sido bendecida por una de las más ricas dotaciones de recursos naturales y diversidad biológica del planeta y se ha convertido en un modelo en el apoyo de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a pesar del compromiso político hacia las áreas protegidas, la pérdida de bosques nativos, que albergan la más alta concentración de biodiversidad, continúa acelerándose. De acuerdo a un reciente informe de FAO, en 2005 casi 40 millones de hectáreas fueron despejadas en América Latina, lo cual representa la más alta tasa de pérdida forestal producida en cualquier lugar del planeta.
Hay otras formas de degradación de los recursos naturales, como por ejemplo la del 30% de los arrecifes de coral —que albergan la mayor concentración de biodiversidad marina— que están severamente dañadas y en riesgo de colapsar. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales y el reconocimiento del vínculo que existe entre estos eventos climáticos extremos, plantean enormes riesgos a la región, especialmente a los países del Caribe y Centroamérica.
Esta descontrolada degradación ambiental puede terminar por afectar la fortaleza de las instituciones democráticas. Es difícil sostener una democracia cuando 140 millones de personas carecen de acceso adecuado a servicios sanitarios, cuando 75 millones de personas no cuentan con agua potable limpia o cuando 80 millones de personas respiran contaminantes más allá de lo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud.
La gran mayoría de los afectados por el aire sucio y el agua sucia son también las comunidades más pobres de la región, dañados por décadas de injusticia y exclusión. También son los más expuestos a la violencia y el crimen. El conjunto de esta base de la sociedad configura una mezcla explosiva de miseria, inequidad y desesperanza que explica muchos de los fenómenos políticos anteriores y recientes de América Latina. Estas formas de injusticia y la incapacidad de resolverlas están en la base de la falta de fe en la democracia y del surgimiento de caudillismos como fórmulas mágicas de solución a una injusticia que ya no espera.
La amenaza del narcotráfico en América Latina en el 2010
Durante 2009 América Latina registró un notorio crecimiento de los incidentes de delincuencia común y organizada. Sin embargo, una herida transversal y sangrante se abrió definitivamente desde el Río Bravo al norte hasta el estrecho de Magallanes al sur: el narcotráfico será uno de los dos principales riesgos en seguridad para Latinoamérica este año. Cada uno de los países de la región soportará escándalos de corrupción institucional a todo nivel; el lavado de dinero y la vinculación de empleados en redes del narcotráfico serán las principales amenazas delincuenciales.
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
LA OEA Y LA BÚSQUEDA DE CONSENSO CONTRA LAS DROGAS
Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional
por Markus Schultze-Kraft
Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental.
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores -una diferencia cada vez más difícil de sostener- no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes. Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas). La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas. En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior). El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.
por Markus Schultze-Kraft
Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental.
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores -una diferencia cada vez más difícil de sostener- no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes. Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas). La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas. En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior). El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.
CONTROVERTIDA AYUDA DE ESTADOS UNIDOS
Controvertida ayuda de EEUU en la lucha contra el narcotráfico en América latina
Sonia Alda
sábado, 02 de octubre de 2010
No cabe duda que, aunque en diferente medida, el narcotráfico es un grave problema que afecta a toda la región latinoamericana, bien por ser países productores de coca o porque su territorio es empleado como rutas para dar salida a la droga. Sin embargo, y pese a la existencia de esta amenaza común, es interesante observar cómo, según los gobiernos, se enfrentan esta amenaza de distinta manera. Muy particularmente en relación a la cooperación estadounidense.
Mientras que México y Colombia, ésta desde antes, cuentan con ayuda estadounidense, Venezuela y Bolivia por ejemplo rechazan frontalmente cualquier tipo de cooperación y presencia norteamericana. El motivo de esta diferencia es ideológico y no estratégico. Los países que se niegan a recibir esta ayuda se caracterizan por su furibundo antiimperialismo y de hecho guardan importantes diferencias programáticas e ideológicas con los gobiernos de los países latinoamericanos mencionados. De acuerdo a su planteamiento consideran que la ayuda estadounidense y la presencia de agentes en América Latina para cooperar en la lucha contra el narcotráfico ha sido una forma de asegurarse su intervención e influencia, sin control alguno, en la región.
Los países proclives a recibir ayuda estadounidense fundamentan su petición en la responsabilidad que los Estados Unidos tienen en el desarrollo del narcotráfico, pues son el mayor consumidor de drogas y, por tanto, es su demanda la que activa y acrecienta el problema. De acuerdo a este argumento México reclama permanentemente el aumento de la ayuda y la colaboración estadounidense que considera insuficiente. Por su parte, Colombia acaba de recibir la ayuda que los Estados Unidos habían congelado, por considerar que no se respetaban los derechos humanos.
La aspiración de recibir recursos estadounidenses impulsa a algunos gobiernos, como el de Alán García, presidente de Perú, a competir con sus países vecinos por conseguirlos, criticando abiertamente a Colombia porque recibe mucha más ayuda de los Estados Unidos que Perú. De hecho con el fin de conseguir fondos estaría dispuesto a consentir la presencia de tropas y helicópteros estadounidenses en territorio nacional a cambio de dicha colaboración.
Frente a esta postura se encuentran Venezuela y Bolivia que han rechazado toda la ayuda estadounidense en bienes, personal y dinero pues consideran que hasta el momento no ha sido más que una intromisión en la soberanía de sus países. El gobierno de Evo Morales decidió expulsar a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), en 2008, por considerar que lejos de contribuir a la lucha contra el narcotráfico se dedicaba a conspirar contra el gobierno. El rechazo de esta ayuda obliga a ambos gobiernos a demostrar que son capaces, sin los Estados Unidos, de combatir el narcotráfico. De ahí que Venezuela haya emprendido una intensiva campaña para demostrar su capacidad y recursos para hacer frente a esta amenaza pero, bajo su interpretación, sin las "imposiciones intervencionistas del Imperio".
No cabe duda de que los extremos nunca son buenos y en este caso tampoco. No parece aceptable no establecer límites a la presencia de un país extranjero en suelo nacional, con el fin de conseguir ayuda, siguiendo las declaraciones de Alán García; pero tampoco es realista prescindir de la cooperación y ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, de acuerdo a la gravedad de este problema, como en el caso venezolano y boliviano. Es posible negociar, sin que por ello "el imperio vaya hacerse con los destinos del país", como plantean los antiimperialistas.
No se puede prescindir de la ayuda estadounidense, pero en este empeño por conseguirla o rechazarla, pareciera que queda descartada la cooperación interlatinoamericana. Esta es una amenaza transnacional y se hace imprescindible la acción conjunta entre países vecinos. Es preciso superar desconfianzas y flexibilizar un sentimiento nacionalista que impide esta colaboración entre los países de la región. Quizás si se llevara a cabo esta cooperación dentro de la región, la ayuda estadounidense no sería tan imprescindible en la región.
*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
Sonia Alda
sábado, 02 de octubre de 2010
No cabe duda que, aunque en diferente medida, el narcotráfico es un grave problema que afecta a toda la región latinoamericana, bien por ser países productores de coca o porque su territorio es empleado como rutas para dar salida a la droga. Sin embargo, y pese a la existencia de esta amenaza común, es interesante observar cómo, según los gobiernos, se enfrentan esta amenaza de distinta manera. Muy particularmente en relación a la cooperación estadounidense.
Mientras que México y Colombia, ésta desde antes, cuentan con ayuda estadounidense, Venezuela y Bolivia por ejemplo rechazan frontalmente cualquier tipo de cooperación y presencia norteamericana. El motivo de esta diferencia es ideológico y no estratégico. Los países que se niegan a recibir esta ayuda se caracterizan por su furibundo antiimperialismo y de hecho guardan importantes diferencias programáticas e ideológicas con los gobiernos de los países latinoamericanos mencionados. De acuerdo a su planteamiento consideran que la ayuda estadounidense y la presencia de agentes en América Latina para cooperar en la lucha contra el narcotráfico ha sido una forma de asegurarse su intervención e influencia, sin control alguno, en la región.
Los países proclives a recibir ayuda estadounidense fundamentan su petición en la responsabilidad que los Estados Unidos tienen en el desarrollo del narcotráfico, pues son el mayor consumidor de drogas y, por tanto, es su demanda la que activa y acrecienta el problema. De acuerdo a este argumento México reclama permanentemente el aumento de la ayuda y la colaboración estadounidense que considera insuficiente. Por su parte, Colombia acaba de recibir la ayuda que los Estados Unidos habían congelado, por considerar que no se respetaban los derechos humanos.
La aspiración de recibir recursos estadounidenses impulsa a algunos gobiernos, como el de Alán García, presidente de Perú, a competir con sus países vecinos por conseguirlos, criticando abiertamente a Colombia porque recibe mucha más ayuda de los Estados Unidos que Perú. De hecho con el fin de conseguir fondos estaría dispuesto a consentir la presencia de tropas y helicópteros estadounidenses en territorio nacional a cambio de dicha colaboración.
Frente a esta postura se encuentran Venezuela y Bolivia que han rechazado toda la ayuda estadounidense en bienes, personal y dinero pues consideran que hasta el momento no ha sido más que una intromisión en la soberanía de sus países. El gobierno de Evo Morales decidió expulsar a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), en 2008, por considerar que lejos de contribuir a la lucha contra el narcotráfico se dedicaba a conspirar contra el gobierno. El rechazo de esta ayuda obliga a ambos gobiernos a demostrar que son capaces, sin los Estados Unidos, de combatir el narcotráfico. De ahí que Venezuela haya emprendido una intensiva campaña para demostrar su capacidad y recursos para hacer frente a esta amenaza pero, bajo su interpretación, sin las "imposiciones intervencionistas del Imperio".
No cabe duda de que los extremos nunca son buenos y en este caso tampoco. No parece aceptable no establecer límites a la presencia de un país extranjero en suelo nacional, con el fin de conseguir ayuda, siguiendo las declaraciones de Alán García; pero tampoco es realista prescindir de la cooperación y ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, de acuerdo a la gravedad de este problema, como en el caso venezolano y boliviano. Es posible negociar, sin que por ello "el imperio vaya hacerse con los destinos del país", como plantean los antiimperialistas.
No se puede prescindir de la ayuda estadounidense, pero en este empeño por conseguirla o rechazarla, pareciera que queda descartada la cooperación interlatinoamericana. Esta es una amenaza transnacional y se hace imprescindible la acción conjunta entre países vecinos. Es preciso superar desconfianzas y flexibilizar un sentimiento nacionalista que impide esta colaboración entre los países de la región. Quizás si se llevara a cabo esta cooperación dentro de la región, la ayuda estadounidense no sería tan imprescindible en la región.
*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
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