LA OEA Y LA BÚSQUEDA DE CONSENSO CONTRA LAS DROGAS

Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional
por Markus Schultze-Kraft
Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental.
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores -una diferencia cada vez más difícil de sostener- no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes. Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas). La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas. En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior). El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.