Narcotráfico en América

El Narcotráfico En América Latina
Universidad Santo Tomas-Colombia 2007.
A partir de la década de los noventa, el narcotráfico pasó a ser un tema de alto interés en las esferas políticas y sociales de los países de América Latina. Durante mucho tiempo, el problema de las drogas ilegales solo era tratado por los expertos de la salud y algunos organismos estatales de dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo hoy en día la situación ha cambiado; ahora el narcotráfico se ve como una seria amenaza a la seguridad nacional dejando a un lado el campo delictivo, pues el narcotráfico afecta a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier estado. Para poder lograr sus objetivos (es decir, alcanzar las mayores ganancias económicas posibles) el narcotráfico necesita acabar con cualquier marco legal, social y moral de los países donde opera y se reproduce; utilizando diferentes métodos de disuasión desde la extorsión/corrupción hasta la violencia.
El narcotráfico por lo tanto ha contribuido substancialmente al incremento de la criminalidad en America Latina. En la mayoría de los países las tasas de delincuencia aumentaron cuatro o seis veces en los años noventa; convirtiendo a estos países en los más inseguros del mundo. Un ejemplo a esta situación fueron los hechos ocurridos en Brasil en el mes de Mayo del 2006 en el estado de Sao Paulo donde se presentaron durante 5 días ataques contra organismos de seguridad, motines en las cárceles y tomas de rehenes dejando 272 muertos entre ellos 92 policías. Estos hechos de violencia fueron ejecutados por un de los grupos criminales más importantes de la Región: el Primeiro Comando da Capital (PCC), también denominado el “Partido del Crimen”, que cuenta con una base social de medio millón de personas dedicadas al negocio del narcotráfico y trafico ilícito de armas obteniendo ganancias semanales de 300.000 dólares aproximadamente.
La situación no es distinta en el Caribe y Centroamérica; algunos países se han convertido en zonas estratégicas para el tráfico de la droga y protección para organizaciones criminales dedicadas a la prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades aprovechando la falta o carencia de control por parte de las autoridades. Esta situación se agrava, con la presencia de las “maras”, (grupos delictivos juveniles que emanan su nombre de la “marabunta”, una terrible plaga de hormigas que acaba con todo lo que encuentra a su paso) las cuales pueden estar compuestas entre 70.000 y 100.000 miembros dedicados al trafico ilícito de armas y drogas. En Diciembre de 2004 miembros de la “Mara salvatrucha” o MS-13 abrieron fuego contra un bus publico en la ciudad de Chamalecón, (Honduras), asesinando a 28 pasajeros, queriendo enviar con esta acción un mensaje al gobierno nacional para que se terminara la ofensiva contra sus miembros.
La reacción de los países afectados por estas organizaciones ha sido por medio del uso de la fuerza a través de programas nacionales como el “Plan Escoba” en Guatemala, “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. La política represiva por medio del uso de la fuerza militar y policial, por parte de los diferentes gobiernos ha dejado a un lado las medidas preventivas y de inserción social; convirtiendo los centros de reclusión tanto en centros de reclutamiento de las “maras” como campos de batalla; por ejemplo en el salvador mueren diariamente entre 2 y 3 mareros en disputas por el control territorial. En una cárcel del Salvador en el año 2004 murieron calcinados unos 100 miembros del MS-13.
En México, la situación es muy preocupante, ya que los diferentes carteles de las drogas se han constituido en un poder paralelo en todos los sectores del país. Ciudades como Tijuana (sede del cartel de los hermanos Arellano Felix), registraron en el 2006 más de 500 asesinatos vinculados con otros carteles del narcotráfico especialmente con el fugitivo capo Joaquín “el chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa. Por la violencia generada entre estos carteles, dirigentes políticos y económicos del Estado de Baja California, le solicitaron al presidente Felipe Calderón que extendiera a la ciudad de Tijuana el operativo militar antidroga, el cual se viene aplicando desde diciembre del 2006 en el Estado de Michoacán. Sin embargo, el ex procurador de los Derechos Humanos del Estado de Baja California Raúl Ramírez expresó sus dudas sobre la efectividad del operativo para erradicar la violencia y el narcotráfico en la región, además señalo sus preocupaciones acerca de la actuación del Ejército en asuntos propios de la Policía, la cual puede generar en detenciones arbitrarias y otras violaciones de las garantías fundamentales.
A pesar de las criticas, el presidente Calderón en su visita a Michoacán, exhortó a las Fuerzas armadas a continuar combatiendo tanto a los narcotraficantes como a otros criminales, prometiendo utilizar toda la fuerza del Estado para esto, el presidente Calderón unifico bajo un solo mando las Fuerzas federales encargadas de esta misión, con el objetivo de evitar que México siga siendo rehén de la delincuencia organizada.