América Latina,
los mayores problemas
José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA Año XIV. no. 79
mayo - junio de 2007
REFLEXIONES
La región de América Latina y el Caribe pertenece al mundo en vías de desarrollo, aunque tiene un nivel económico y social bastante mejor que el de África y de gran parte de Asia y su ingreso per cápita está cerca del promedio mundial. Los fracasos de nuestra civilización, sin embargo, forman también parte de su realidad, creando una sensación de injusticia que se hace hoy más patente, cuando la región está creciendo y su democracia progresa, pero sus carencias siguen afectando a muchos millones de sus habitantes.
1. POBREZA Y DESIGUALDAD
Hace más de una década, el entonces Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, señaló refiriéndose a su país: “Brasil no es un país pobre, sino un país injusto”. La frase ha sido repetida muchas veces, porque no sólo refleja de manera sintética la realidad brasileña, sino la de toda nuestra región, haciendo que el examen de esa realidad sea interesante cuando se habla de caridad y justicia entre los pueblos y entre las naciones.
América Latina no es, de manera alguna, el continente más pobre de la Tierra. En realidad, su ingreso promedio se parece al ingreso promedio de la población mundial y posee recursos naturales y humanos para dar una mejor existencia a todos sus hijos. Sin embargo alrededor de 100 millones de latinoamericanos durmieron la pasada noche sin haberse alimentado suficientemente durante el día. Es verdad que si se miran estadísticas mundiales, América Latina y el Caribe no aparecen en los peores lugares en el triste listado de la pobreza; que hay países de nuestro continente que obtienen mejores calificaciones que muchos países africanos en los índices de desarrollo humano, que nuestra mortalidad infantil no es tan infamante y que nuestra desnutrición no es tan deshonrosa. Sin embargo probablemente ello ocurra solamente porque nuestros países son naturalmente mucho más ricos. De ahí que, tan acuciante como la pobreza misma en nuestro continente, sea el hecho que no exista ni una sola razón que pueda explicar porqué hay cien millones de indigentes y doscientos millones de pobres mal viviendo en un continente rico.
CEPAL reporta que aproximadamente un 40% de la población de América Latina más de 200 millones de personas son pobres, la mayoría de los cuales pertenecen a familias monoparentales encabezadas por una mujer. De entre ellos casi la mitad son extremadamente pobres o indigentes; esto es, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que logran obtener, menos de un dólar al día. En Haití, el país más pobre de nuestra región, el 55% de la población sobrevive con menos de un dólar diario de ingreso.
Es mucha pobreza e inaceptable en una región que es rica en recursos. La misma CEPAL ha estimado que para alcanzar en 2015 las Metas del Milenio en materia de pobreza, la región debería incrementar su producto por habitante, en promedio, a una tasa de 2.9% anual. Ello significa que la gran mayoría de nuestros países cumplirá con la meta. Sin embargo, esta estimación promedio impide ver importantes diferencias. Así, la propia CEPAL estimaba en 2004 que los países con mayores niveles actuales de extrema pobreza, superiores al 30% Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Guyana debían aumentar su producto por habitante a una tasa de 4.4% promedio anual durante los siguientes 11 años para alcanzar esa meta. Es decir, la brecha de pobreza entre nuestros países se va ampliando, dejando atrás un conjunto de países que no conseguirán los niveles requeridos en su disminución.
A la desigualdad entre los países se une la desigualdad entre las personas. El 20% más pobre del continente lleva a sus hogares entre un 2.2% del ingreso nacional en Bolivia y un 8.8% en Uruguay, en circunstancias que el 20% más rico se apropia de porcentajes que van desde el 42,8% en Uruguay al 64% en Brasil.
La encuesta Latinobarómetro 2006 revela que el 61% de las personas que en la región tienen sólo educación básica o menos, tienen padres con el mismo grado de educación y que sólo el 9% de personas cuyos padres tenían ese nivel de educación, habían accedido a la educación superior. Quien nace en un hogar pobre o de padres con escasa educación tiende a permanecer igual.
En nuestra región, por otra parte, pobreza y desigualdad están asociadas a discriminación. Una gran mayoría de los indígenas son pobres, también lo es un número importante de afro americanos. Un número desproporcionado de hogares pobres en la región, por otra parte, es encabezado por una mujer. La pobreza tiene color y tiene género en América Latina y el Caribe. Ello hace el problema aún más hiriente y negativo y más urgente la necesidad de su solución.
Y se trata de una situación no sólo injusta, sino que también progresivamente insostenible. La frustración causada por el contraste entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión, de una parte, y el crecimiento económico realmente experimentado así como el mejoramiento de la calidad de vida prometido por las elecciones democráticas pero no materializado, de otra, sientan las bases para una futura situación de conflictos y turbulencias en la región. La democracia debe ser capaz de entregarle mucho más a la gente, no sólo porque la pobreza actual en nuestra región es moralmente inadmisible, sino porque además, de persistir, se convertirá en una amenaza seria a nuestras posibilidades de desarrollo futuro debido a los déficit de educación, ahorro y capacidad de emprendimiento que, entre otros lastres, trae consigo.
Una disminución de la desigualdad debería significar igualmente un mejoramiento sustantivo en esta materia. La misma CEPAL ha sido enfática en señalar que una mejor distribución del ingreso potenciaría el efecto de la expansión económica en la reducción de la pobreza, estimando que una reducción de sólo 5% en el valor del coeficiente de Gini permitiría que se redujera el crecimiento anual necesario para alcanzar las Metas del Milenio de Naciones Unidas en materia de eliminación de la pobreza, desde el 2.9% en que la estimaba en 2004 a un 2.1%.
Para enfrentar con éxito el desafío de la pobreza en América Latina, se requiere tener presente que ésta está determinada por múltiples factores, como la desigualdad y la discriminación, muchos de ellos económica, social o culturalmente estructurales. Ya no se puede creer, como ocurría décadas atrás en algunos de nuestros países, que la pobreza era un problema que se iba a resolver de manera natural en la medida en que nuestras economías crecieran. Es verdad que la solución de la pobreza está ligada al crecimiento económico (el año pasado América Latina creció fuertemente y la pobreza disminuyó en doce millones de personas), pero es igualmente cierto que también y primordialmente deberán comprenderse y atacarse los factores estructurales que generan los problemas de pobreza si se quiere que esa solución sea estable.
Finalmente, es importante recordar que la pobreza está ligada a otros procesos que repercuten en el tejido social de América Latina y el Caribe. El aumento desmesurado de la migración de poblaciones de los países con más problemas de pobreza y empleo hacia otros países de la región, hacia Estados Unidos y hacia Europa ha generado cambios en la economía y la sociedad de los países de origen y de destino. Los principales flujos se producen hacia Estados Unidos, país que recibe hoy algo más de un 20% del total de las migraciones en el mundo.
La migración hacia Estados Unidos provocada por la pobreza es principalmente la que tiene origen en México y Centroamérica (que son los principales países de origen de la inmigración legal e ilegal, como lo muestran los informes sobre remesas del Banco Mundial. Muchos de los más pobres de países como Perú, Paraguay, Ecuador o Bolivia, van a otros países de América del Sur o a Europa. En Argentina hay más de un millón de paraguayos y cerca de un millón de bolivianos. En España los ecuatorianos son el segundo grupo inmigrante, después de Marruecos, mucho más cercano. Las migraciones de otros países a Estados Unidos y Europa tienen también un fuerte componente de fuga de cerebros. Más de la mitad de los graduados caribeños con grado universitario vive en el exterior y en el caso de algunos países, como Haití y Granada, la cifra alcanza a más del 80%.
Las remesas son la primera fuente de divisas para la economía de todos los países centroamericanos y de casi todos los del Caribe y en el caso de México ya compiten con el petróleo y el turismo, al tiempo que disminuyen el desempleo. Pero provocan problemas sociales de gran envergadura, como la separación de las familias, al tiempo que son víctimas de discriminación en muchos de los países a los cuales llegan.
Nada parece indicar que las principales acusaciones que se lanzan en los países receptores en contra de los migrantes tengan base alguna. Las tasas de desempleo en Estados Unidos y España, por ejemplo, no parecen variar significativamente por la presencia de inmigrantes. Al contrario, el estado con mayor porcentaje de aumento de inmigrantes en Estados Unidos (Carolina del Norte) es también unos de los estados de más bajo desempleo; y las estadísticas sobre crimen muestran que los inmigrantes no cometen más delitos que los nacionales del país, en proporción al número de habitantes. Pero las diferencias culturales, raciales y culturales de los migrantes provocan problemas y tensiones sociales agudizadas por el racismo y el egoísmo de muchos.
2. VIOLENCIA
América Latina no ha sufrido grandes conflictos militares durante el siglo XX, al menos no de la envergadura de los ocurridos en los demás continentes. Hace pocos meses celebramos el 40 Aniversario de nuestro Tratado de Proscripción de las Armas Nucleares (Tratado de Tlatelolco) que todos nuestros países han observado. Con el término de las confrontaciones internas que fueron provocadas o inspiradas por la Guerra Fría es posible decir que en general, con la sola lamentable excepción de Colombia (donde sin embargo la violencia ha tenido una reducción en los últimos dos años), América Latina es hoy un continente de paz.
Pero nuestras tasas de criminalidad están entre las mayores del mundo. El nuestro es un continente que enfrenta problemas serios de delincuencia, organizada y no organizada, con los cuales no se puede seguir conviviendo. Cierto es que ha disminuido la violencia política que, hace no muchos años atrás, flagelaba a nuestra población; que tenemos mucho menos violencia política que en otras regiones del mundo, dentro de los Estados y entre los Estados. Pero también es cierto que esa violencia ha sido sustituida por el delito: por las pandillas, el narcotráfico, el crecimiento del crimen urbano, el lavado de dinero y otras muchas formas que éste adopta hoy en día. Varios países de América Latina y el Caribe están en la lista de aquellos que tienen el mayor promedio de homicidios en el mundo, con tasas que pueden llegar hasta 30 homicidios por cada cien mil habitantes. Con un 8% de la población mundial, la región registra el 75% de los secuestros que se producen globalmente. En ciertas ciudades de América Central y América del Sur grupos de delincuentes controlan ya no solamente la delincuencia sino el conjunto de la vida de algunos barrios.
La mayor parte de la violencia y de los delitos en nuestra región está vinculada al tráfico de drogas y al crimen organizado, cuyo crecimiento ha sido impulsado por una combinación de alta densidad de población en áreas urbanas, pobreza persistente y desigualdad del ingreso. La explosión de violencia ocurrida en Sao Paulo en mayo del 2006 fue la primera expresión masiva de los adversos efectos de la combinación de pobreza, drogas y violencia. En esa ciudad, una de las pandillas más grandes del mundo organizó un ataque de cinco días a la infraestructura urbana, con el resultado de 272 personas muertas, 91 de las cuales eran oficiales de policía. En algunos países de Centroamérica las bandas organizadas de jóvenes son superiores en número a la policía y tanto esta región como el Caribe se han convertido en terreno de tránsito de la droga y refugio de organizaciones criminales.
Se trata de una lacra social que no sólo degrada y daña física y moralmente a las personas sino que acarrea consigo un alto costo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la delincuencia, incluyendo el valor de propiedad robada, se eleva aproximadamente a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina. Esta estimación incluye el impacto de la delincuencia no sólo en la seguridad de las personas y propiedades sino también en la productividad, las inversiones, el empleo y el consumo.
Uno de los delitos más graves, menos reconocido hasta ahora, es la trata de personas. El número de niños, mujeres y esclavos que son traficados en nuestra región, en el interior de los países o a través de las fronteras es vergonzosamente alto, infamemente alto. Y es tan elevado porque un porcentaje igualmente alto de la población entre quince y veinte por ciento carece de identidad. No está inscrita en un registro ni tiene documento alguno que la identifique. Para ellos no existe un pedazo de papel en que conste su nombre o siquiera su existencia y son, por ello, objeto fácil y permanente de todo tipo de delitos perpetrados por bandas de criminales organizadas expresamente para ese fin.
3. DETERIORO AMBIENTAL
América Latina y el Caribe enfrentan tasas muy altas de deterioro ambiental, en rápido crecimiento. Elemento clave de esta degradación es el crecimiento de la población, unida a las más altas tasas de desigualdad. Las evidencias muestran que los pobres enfrentan el mayor peso de la degradación ambiental.
Los problemas del medio urbano, especialmente la contaminación del aire y del agua y los sistemas inadecuados de alcantarillado continúan teniendo un fuerte impacto sobre millones de personas que viven en nuestras ciudades. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud confirma que la degradación ambiental es una causa creciente de una cantidad de enfermedades. Alrededor de un cuarto de las enfermedades a nivel global es causado por la exposición a un medio ambiente contaminado, mientras la cifra aumenta a un tercio para los niños menores de cinco años.
La región ha sido bendecida por una de las más ricas dotaciones de recursos naturales y diversidad biológica del planeta y se ha convertido en un modelo en el apoyo de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a pesar del compromiso político hacia las áreas protegidas, la pérdida de bosques nativos, que albergan la más alta concentración de biodiversidad, continúa acelerándose. De acuerdo a un reciente informe de FAO, en 2005 casi 40 millones de hectáreas fueron despejadas en América Latina, lo cual representa la más alta tasa de pérdida forestal producida en cualquier lugar del planeta.
Hay otras formas de degradación de los recursos naturales, como por ejemplo la del 30% de los arrecifes de coral —que albergan la mayor concentración de biodiversidad marina— que están severamente dañadas y en riesgo de colapsar. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales y el reconocimiento del vínculo que existe entre estos eventos climáticos extremos, plantean enormes riesgos a la región, especialmente a los países del Caribe y Centroamérica.
Esta descontrolada degradación ambiental puede terminar por afectar la fortaleza de las instituciones democráticas. Es difícil sostener una democracia cuando 140 millones de personas carecen de acceso adecuado a servicios sanitarios, cuando 75 millones de personas no cuentan con agua potable limpia o cuando 80 millones de personas respiran contaminantes más allá de lo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud.
La gran mayoría de los afectados por el aire sucio y el agua sucia son también las comunidades más pobres de la región, dañados por décadas de injusticia y exclusión. También son los más expuestos a la violencia y el crimen. El conjunto de esta base de la sociedad configura una mezcla explosiva de miseria, inequidad y desesperanza que explica muchos de los fenómenos políticos anteriores y recientes de América Latina. Estas formas de injusticia y la incapacidad de resolverlas están en la base de la falta de fe en la democracia y del surgimiento de caudillismos como fórmulas mágicas de solución a una injusticia que ya no espera.
lunes, 7 de febrero de 2011
La amenaza del narcotráfico en América Latina en el 2010
Durante 2009 América Latina registró un notorio crecimiento de los incidentes de delincuencia común y organizada. Sin embargo, una herida transversal y sangrante se abrió definitivamente desde el Río Bravo al norte hasta el estrecho de Magallanes al sur: el narcotráfico será uno de los dos principales riesgos en seguridad para Latinoamérica este año. Cada uno de los países de la región soportará escándalos de corrupción institucional a todo nivel; el lavado de dinero y la vinculación de empleados en redes del narcotráfico serán las principales amenazas delincuenciales.
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
LA OEA Y LA BÚSQUEDA DE CONSENSO CONTRA LAS DROGAS
Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional
por Markus Schultze-Kraft
Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental.
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores -una diferencia cada vez más difícil de sostener- no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes. Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas). La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas. En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior). El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.
por Markus Schultze-Kraft
Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental.
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores -una diferencia cada vez más difícil de sostener- no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes. Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas). La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas. En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior). El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.
CONTROVERTIDA AYUDA DE ESTADOS UNIDOS
Controvertida ayuda de EEUU en la lucha contra el narcotráfico en América latina
Sonia Alda
sábado, 02 de octubre de 2010
No cabe duda que, aunque en diferente medida, el narcotráfico es un grave problema que afecta a toda la región latinoamericana, bien por ser países productores de coca o porque su territorio es empleado como rutas para dar salida a la droga. Sin embargo, y pese a la existencia de esta amenaza común, es interesante observar cómo, según los gobiernos, se enfrentan esta amenaza de distinta manera. Muy particularmente en relación a la cooperación estadounidense.
Mientras que México y Colombia, ésta desde antes, cuentan con ayuda estadounidense, Venezuela y Bolivia por ejemplo rechazan frontalmente cualquier tipo de cooperación y presencia norteamericana. El motivo de esta diferencia es ideológico y no estratégico. Los países que se niegan a recibir esta ayuda se caracterizan por su furibundo antiimperialismo y de hecho guardan importantes diferencias programáticas e ideológicas con los gobiernos de los países latinoamericanos mencionados. De acuerdo a su planteamiento consideran que la ayuda estadounidense y la presencia de agentes en América Latina para cooperar en la lucha contra el narcotráfico ha sido una forma de asegurarse su intervención e influencia, sin control alguno, en la región.
Los países proclives a recibir ayuda estadounidense fundamentan su petición en la responsabilidad que los Estados Unidos tienen en el desarrollo del narcotráfico, pues son el mayor consumidor de drogas y, por tanto, es su demanda la que activa y acrecienta el problema. De acuerdo a este argumento México reclama permanentemente el aumento de la ayuda y la colaboración estadounidense que considera insuficiente. Por su parte, Colombia acaba de recibir la ayuda que los Estados Unidos habían congelado, por considerar que no se respetaban los derechos humanos.
La aspiración de recibir recursos estadounidenses impulsa a algunos gobiernos, como el de Alán García, presidente de Perú, a competir con sus países vecinos por conseguirlos, criticando abiertamente a Colombia porque recibe mucha más ayuda de los Estados Unidos que Perú. De hecho con el fin de conseguir fondos estaría dispuesto a consentir la presencia de tropas y helicópteros estadounidenses en territorio nacional a cambio de dicha colaboración.
Frente a esta postura se encuentran Venezuela y Bolivia que han rechazado toda la ayuda estadounidense en bienes, personal y dinero pues consideran que hasta el momento no ha sido más que una intromisión en la soberanía de sus países. El gobierno de Evo Morales decidió expulsar a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), en 2008, por considerar que lejos de contribuir a la lucha contra el narcotráfico se dedicaba a conspirar contra el gobierno. El rechazo de esta ayuda obliga a ambos gobiernos a demostrar que son capaces, sin los Estados Unidos, de combatir el narcotráfico. De ahí que Venezuela haya emprendido una intensiva campaña para demostrar su capacidad y recursos para hacer frente a esta amenaza pero, bajo su interpretación, sin las "imposiciones intervencionistas del Imperio".
No cabe duda de que los extremos nunca son buenos y en este caso tampoco. No parece aceptable no establecer límites a la presencia de un país extranjero en suelo nacional, con el fin de conseguir ayuda, siguiendo las declaraciones de Alán García; pero tampoco es realista prescindir de la cooperación y ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, de acuerdo a la gravedad de este problema, como en el caso venezolano y boliviano. Es posible negociar, sin que por ello "el imperio vaya hacerse con los destinos del país", como plantean los antiimperialistas.
No se puede prescindir de la ayuda estadounidense, pero en este empeño por conseguirla o rechazarla, pareciera que queda descartada la cooperación interlatinoamericana. Esta es una amenaza transnacional y se hace imprescindible la acción conjunta entre países vecinos. Es preciso superar desconfianzas y flexibilizar un sentimiento nacionalista que impide esta colaboración entre los países de la región. Quizás si se llevara a cabo esta cooperación dentro de la región, la ayuda estadounidense no sería tan imprescindible en la región.
*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
Sonia Alda
sábado, 02 de octubre de 2010
No cabe duda que, aunque en diferente medida, el narcotráfico es un grave problema que afecta a toda la región latinoamericana, bien por ser países productores de coca o porque su territorio es empleado como rutas para dar salida a la droga. Sin embargo, y pese a la existencia de esta amenaza común, es interesante observar cómo, según los gobiernos, se enfrentan esta amenaza de distinta manera. Muy particularmente en relación a la cooperación estadounidense.
Mientras que México y Colombia, ésta desde antes, cuentan con ayuda estadounidense, Venezuela y Bolivia por ejemplo rechazan frontalmente cualquier tipo de cooperación y presencia norteamericana. El motivo de esta diferencia es ideológico y no estratégico. Los países que se niegan a recibir esta ayuda se caracterizan por su furibundo antiimperialismo y de hecho guardan importantes diferencias programáticas e ideológicas con los gobiernos de los países latinoamericanos mencionados. De acuerdo a su planteamiento consideran que la ayuda estadounidense y la presencia de agentes en América Latina para cooperar en la lucha contra el narcotráfico ha sido una forma de asegurarse su intervención e influencia, sin control alguno, en la región.
Los países proclives a recibir ayuda estadounidense fundamentan su petición en la responsabilidad que los Estados Unidos tienen en el desarrollo del narcotráfico, pues son el mayor consumidor de drogas y, por tanto, es su demanda la que activa y acrecienta el problema. De acuerdo a este argumento México reclama permanentemente el aumento de la ayuda y la colaboración estadounidense que considera insuficiente. Por su parte, Colombia acaba de recibir la ayuda que los Estados Unidos habían congelado, por considerar que no se respetaban los derechos humanos.
La aspiración de recibir recursos estadounidenses impulsa a algunos gobiernos, como el de Alán García, presidente de Perú, a competir con sus países vecinos por conseguirlos, criticando abiertamente a Colombia porque recibe mucha más ayuda de los Estados Unidos que Perú. De hecho con el fin de conseguir fondos estaría dispuesto a consentir la presencia de tropas y helicópteros estadounidenses en territorio nacional a cambio de dicha colaboración.
Frente a esta postura se encuentran Venezuela y Bolivia que han rechazado toda la ayuda estadounidense en bienes, personal y dinero pues consideran que hasta el momento no ha sido más que una intromisión en la soberanía de sus países. El gobierno de Evo Morales decidió expulsar a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), en 2008, por considerar que lejos de contribuir a la lucha contra el narcotráfico se dedicaba a conspirar contra el gobierno. El rechazo de esta ayuda obliga a ambos gobiernos a demostrar que son capaces, sin los Estados Unidos, de combatir el narcotráfico. De ahí que Venezuela haya emprendido una intensiva campaña para demostrar su capacidad y recursos para hacer frente a esta amenaza pero, bajo su interpretación, sin las "imposiciones intervencionistas del Imperio".
No cabe duda de que los extremos nunca son buenos y en este caso tampoco. No parece aceptable no establecer límites a la presencia de un país extranjero en suelo nacional, con el fin de conseguir ayuda, siguiendo las declaraciones de Alán García; pero tampoco es realista prescindir de la cooperación y ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, de acuerdo a la gravedad de este problema, como en el caso venezolano y boliviano. Es posible negociar, sin que por ello "el imperio vaya hacerse con los destinos del país", como plantean los antiimperialistas.
No se puede prescindir de la ayuda estadounidense, pero en este empeño por conseguirla o rechazarla, pareciera que queda descartada la cooperación interlatinoamericana. Esta es una amenaza transnacional y se hace imprescindible la acción conjunta entre países vecinos. Es preciso superar desconfianzas y flexibilizar un sentimiento nacionalista que impide esta colaboración entre los países de la región. Quizás si se llevara a cabo esta cooperación dentro de la región, la ayuda estadounidense no sería tan imprescindible en la región.
*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
Narcotráfico en América
El Narcotráfico En América Latina
Universidad Santo Tomas-Colombia 2007.
A partir de la década de los noventa, el narcotráfico pasó a ser un tema de alto interés en las esferas políticas y sociales de los países de América Latina. Durante mucho tiempo, el problema de las drogas ilegales solo era tratado por los expertos de la salud y algunos organismos estatales de dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo hoy en día la situación ha cambiado; ahora el narcotráfico se ve como una seria amenaza a la seguridad nacional dejando a un lado el campo delictivo, pues el narcotráfico afecta a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier estado. Para poder lograr sus objetivos (es decir, alcanzar las mayores ganancias económicas posibles) el narcotráfico necesita acabar con cualquier marco legal, social y moral de los países donde opera y se reproduce; utilizando diferentes métodos de disuasión desde la extorsión/corrupción hasta la violencia.
El narcotráfico por lo tanto ha contribuido substancialmente al incremento de la criminalidad en America Latina. En la mayoría de los países las tasas de delincuencia aumentaron cuatro o seis veces en los años noventa; convirtiendo a estos países en los más inseguros del mundo. Un ejemplo a esta situación fueron los hechos ocurridos en Brasil en el mes de Mayo del 2006 en el estado de Sao Paulo donde se presentaron durante 5 días ataques contra organismos de seguridad, motines en las cárceles y tomas de rehenes dejando 272 muertos entre ellos 92 policías. Estos hechos de violencia fueron ejecutados por un de los grupos criminales más importantes de la Región: el Primeiro Comando da Capital (PCC), también denominado el “Partido del Crimen”, que cuenta con una base social de medio millón de personas dedicadas al negocio del narcotráfico y trafico ilícito de armas obteniendo ganancias semanales de 300.000 dólares aproximadamente.
La situación no es distinta en el Caribe y Centroamérica; algunos países se han convertido en zonas estratégicas para el tráfico de la droga y protección para organizaciones criminales dedicadas a la prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades aprovechando la falta o carencia de control por parte de las autoridades. Esta situación se agrava, con la presencia de las “maras”, (grupos delictivos juveniles que emanan su nombre de la “marabunta”, una terrible plaga de hormigas que acaba con todo lo que encuentra a su paso) las cuales pueden estar compuestas entre 70.000 y 100.000 miembros dedicados al trafico ilícito de armas y drogas. En Diciembre de 2004 miembros de la “Mara salvatrucha” o MS-13 abrieron fuego contra un bus publico en la ciudad de Chamalecón, (Honduras), asesinando a 28 pasajeros, queriendo enviar con esta acción un mensaje al gobierno nacional para que se terminara la ofensiva contra sus miembros.
La reacción de los países afectados por estas organizaciones ha sido por medio del uso de la fuerza a través de programas nacionales como el “Plan Escoba” en Guatemala, “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. La política represiva por medio del uso de la fuerza militar y policial, por parte de los diferentes gobiernos ha dejado a un lado las medidas preventivas y de inserción social; convirtiendo los centros de reclusión tanto en centros de reclutamiento de las “maras” como campos de batalla; por ejemplo en el salvador mueren diariamente entre 2 y 3 mareros en disputas por el control territorial. En una cárcel del Salvador en el año 2004 murieron calcinados unos 100 miembros del MS-13.
En México, la situación es muy preocupante, ya que los diferentes carteles de las drogas se han constituido en un poder paralelo en todos los sectores del país. Ciudades como Tijuana (sede del cartel de los hermanos Arellano Felix), registraron en el 2006 más de 500 asesinatos vinculados con otros carteles del narcotráfico especialmente con el fugitivo capo Joaquín “el chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa. Por la violencia generada entre estos carteles, dirigentes políticos y económicos del Estado de Baja California, le solicitaron al presidente Felipe Calderón que extendiera a la ciudad de Tijuana el operativo militar antidroga, el cual se viene aplicando desde diciembre del 2006 en el Estado de Michoacán. Sin embargo, el ex procurador de los Derechos Humanos del Estado de Baja California Raúl Ramírez expresó sus dudas sobre la efectividad del operativo para erradicar la violencia y el narcotráfico en la región, además señalo sus preocupaciones acerca de la actuación del Ejército en asuntos propios de la Policía, la cual puede generar en detenciones arbitrarias y otras violaciones de las garantías fundamentales.
A pesar de las criticas, el presidente Calderón en su visita a Michoacán, exhortó a las Fuerzas armadas a continuar combatiendo tanto a los narcotraficantes como a otros criminales, prometiendo utilizar toda la fuerza del Estado para esto, el presidente Calderón unifico bajo un solo mando las Fuerzas federales encargadas de esta misión, con el objetivo de evitar que México siga siendo rehén de la delincuencia organizada.
Universidad Santo Tomas-Colombia 2007.
A partir de la década de los noventa, el narcotráfico pasó a ser un tema de alto interés en las esferas políticas y sociales de los países de América Latina. Durante mucho tiempo, el problema de las drogas ilegales solo era tratado por los expertos de la salud y algunos organismos estatales de dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo hoy en día la situación ha cambiado; ahora el narcotráfico se ve como una seria amenaza a la seguridad nacional dejando a un lado el campo delictivo, pues el narcotráfico afecta a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier estado. Para poder lograr sus objetivos (es decir, alcanzar las mayores ganancias económicas posibles) el narcotráfico necesita acabar con cualquier marco legal, social y moral de los países donde opera y se reproduce; utilizando diferentes métodos de disuasión desde la extorsión/corrupción hasta la violencia.
El narcotráfico por lo tanto ha contribuido substancialmente al incremento de la criminalidad en America Latina. En la mayoría de los países las tasas de delincuencia aumentaron cuatro o seis veces en los años noventa; convirtiendo a estos países en los más inseguros del mundo. Un ejemplo a esta situación fueron los hechos ocurridos en Brasil en el mes de Mayo del 2006 en el estado de Sao Paulo donde se presentaron durante 5 días ataques contra organismos de seguridad, motines en las cárceles y tomas de rehenes dejando 272 muertos entre ellos 92 policías. Estos hechos de violencia fueron ejecutados por un de los grupos criminales más importantes de la Región: el Primeiro Comando da Capital (PCC), también denominado el “Partido del Crimen”, que cuenta con una base social de medio millón de personas dedicadas al negocio del narcotráfico y trafico ilícito de armas obteniendo ganancias semanales de 300.000 dólares aproximadamente.
La situación no es distinta en el Caribe y Centroamérica; algunos países se han convertido en zonas estratégicas para el tráfico de la droga y protección para organizaciones criminales dedicadas a la prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades aprovechando la falta o carencia de control por parte de las autoridades. Esta situación se agrava, con la presencia de las “maras”, (grupos delictivos juveniles que emanan su nombre de la “marabunta”, una terrible plaga de hormigas que acaba con todo lo que encuentra a su paso) las cuales pueden estar compuestas entre 70.000 y 100.000 miembros dedicados al trafico ilícito de armas y drogas. En Diciembre de 2004 miembros de la “Mara salvatrucha” o MS-13 abrieron fuego contra un bus publico en la ciudad de Chamalecón, (Honduras), asesinando a 28 pasajeros, queriendo enviar con esta acción un mensaje al gobierno nacional para que se terminara la ofensiva contra sus miembros.
La reacción de los países afectados por estas organizaciones ha sido por medio del uso de la fuerza a través de programas nacionales como el “Plan Escoba” en Guatemala, “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. La política represiva por medio del uso de la fuerza militar y policial, por parte de los diferentes gobiernos ha dejado a un lado las medidas preventivas y de inserción social; convirtiendo los centros de reclusión tanto en centros de reclutamiento de las “maras” como campos de batalla; por ejemplo en el salvador mueren diariamente entre 2 y 3 mareros en disputas por el control territorial. En una cárcel del Salvador en el año 2004 murieron calcinados unos 100 miembros del MS-13.
En México, la situación es muy preocupante, ya que los diferentes carteles de las drogas se han constituido en un poder paralelo en todos los sectores del país. Ciudades como Tijuana (sede del cartel de los hermanos Arellano Felix), registraron en el 2006 más de 500 asesinatos vinculados con otros carteles del narcotráfico especialmente con el fugitivo capo Joaquín “el chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa. Por la violencia generada entre estos carteles, dirigentes políticos y económicos del Estado de Baja California, le solicitaron al presidente Felipe Calderón que extendiera a la ciudad de Tijuana el operativo militar antidroga, el cual se viene aplicando desde diciembre del 2006 en el Estado de Michoacán. Sin embargo, el ex procurador de los Derechos Humanos del Estado de Baja California Raúl Ramírez expresó sus dudas sobre la efectividad del operativo para erradicar la violencia y el narcotráfico en la región, además señalo sus preocupaciones acerca de la actuación del Ejército en asuntos propios de la Policía, la cual puede generar en detenciones arbitrarias y otras violaciones de las garantías fundamentales.
A pesar de las criticas, el presidente Calderón en su visita a Michoacán, exhortó a las Fuerzas armadas a continuar combatiendo tanto a los narcotraficantes como a otros criminales, prometiendo utilizar toda la fuerza del Estado para esto, el presidente Calderón unifico bajo un solo mando las Fuerzas federales encargadas de esta misión, con el objetivo de evitar que México siga siendo rehén de la delincuencia organizada.
domingo, 6 de febrero de 2011
La Unión Europea y África
Estrategia de la UE para África
La estrategia de la UE para África es la respuesta de la Unión Europea (UE) al doble reto que consiste en volver a situar a África en la vía del desarrollo sostenible y en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de aquí a 2015. Socia desde hace tiempo y vecina próxima de África, la UE está bien situada para contribuir a dar a este continente un impulso decisivo en este proceso.
SÍNTESIS
La estrategia de la Unión Europea (UE) para África define un marco de acción para el conjunto de los Estados miembros con el fin de apoyar los esfuerzos desplegados por África para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Desde hace algunos años, se vienen registrando numerosos progresos en África, sobre todo en materia de gobernanza y de crecimiento económico. La Unión Africana (UA), la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) y las organizaciones internacionales han dotado a África de una hoja de ruta política y económica y de una visión para el futuro.
No obstante, para África, el camino que queda por recorrer para lograr el desarrollo sostenible es aún largo.
Una realidad muy contrastada
En África coexisten diferentes regímenes políticos, experiencias históricas, contextos culturales y religiosos, contextos económicos y geográficos. También coexisten zonas de inseguridad con centros de estabilidad.
Algunos países africanos han vivido y viven períodos duraderos de paz, seguridad, estabilidad económica y política y de participación democrática, mientras que otros siguen inmersos en conflictos interminables.
Esta mayor inestabilidad va acompañada de un aumento de la delincuencia organizada transnacional, que ha provocado una mayor amenaza del tráfico y consumo de drogas, la trata de seres humanos, el contrabando de recursos naturales y el tráfico de armas.
No obstante, los factores de crecimiento no escasean. La explotación duradera de los recursos naturales, el desarrollo agrícola y la inversión en recursos humanos crean un clima favorable a las inversiones. Varios países africanos son ricos en recursos naturales que permiten un verdadero desarrollo sostenible. Las economías africanas dependientes de los productos agrícolas básicos pueden reducir su vulnerabilidad interviniendo sobre la tendencia a la baja de los precios a largo plazo y sobre las fluctuaciones de los precios mundiales.
Un clima de inversión fiable y atractivo es fundamental para el crecimiento. La estabilidad y el nivel de gobernanza de un país, la transparencia, el diálogo con los medios financieros nacionales e internacionales, así como la integración regional son todos factores que contribuyen al desarrollo económico. Nuevos protagonistas externos, como Brasil, India o China, se ven cada vez más atraídos por el potencial económico que representa África. Otros que son socios de África desde hace mucho tiempo, como los Estados Unidos, Japón y Rusia, muestran un interés renovado por este continente.
En estas regiones es especialmente importante crear interconexiones para facilitar el acceso de las poblaciones a los mercados y reducir los costes de las actividades comerciales. Por consiguiente, es necesario elaborar un proceso de integración regional con el fin de reforzar la situación de África en la economía mundial.
Dinámica social
El desarrollo humano también refleja condiciones muy variadas. Aunque algunos países africanos registraron un crecimiento económico impresionante, la distribución muy desigual de los ingresos impide a menudo que este crecimiento tenga un efecto positivo sobre la pobreza.
La creación de empleo sigue siendo uno de los principales retos para la reducción de la pobreza y el desarrollo social, sobre todo para las mujeres y las minorías étnicas. La situación del empleo está estrechamente vinculada al índice de alfabetización que mejora poco a poco.
El bienestar de los habitantes depende también de las condiciones de higiene y salud. En particular, la pandemia de VIH/sida representa una pesada carga para numerosos países de África.
Dinámica medioambiental
Desde el punto de vista medioambiental, el continente africano tiene grandes contrastes. El cambio climático va a aumentar aún más la presión sobre los recursos hídricos, afectará a la biodiversidad y a la salud humana, deteriorará la seguridad alimentaria y empeorará la desertización. Las inundaciones y las sequías son frecuentes, y se intensificarán a causa del cambio climático, mientras que los sistemas de alerta rápida son inadecuados y la gestión de las catástrofes deficiente. Por tanto, la adaptación al cambio climático es una cuestión de primera necesidad para el desarrollo del continente.
Los procesos de desertización afectan a casi la mitad del continente africano; las zonas más gravemente afectadas se sitúan a lo largo de los márgenes desérticos.
Además, los recursos hídricos renovables de África son inferiores a la media mundial y varios países sufren restricciones o escasez. Además, África posee un 17 % de los bosques mundiales y la deforestación, con fines comerciales o agrícolas, es un motivo de preocupación importante.
Los principios de las relaciones UE-África
Durante las últimas décadas, los acuerdos entre la UE y África se han hecho cada vez más numerosos, e incluyen los Convenios de Lomé, firmados con los países miembros del grupo de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y sustituidos por el Acuerdo de Cotonú en 2000, los Acuerdos con Sudáfrica y los Acuerdos de Colaboración y de Asociación Euromediterráneos.
Por consiguiente, ha llegado el momento de desarrollar los principios fundamentales que regulan el vínculo entre África y la UE. La presente Comunicación prevé tres principios:
• la igualdad, basada en el reconocimiento y el respeto recíprocos de las instituciones y la definición de intereses colectivos mutuos;
• la asociación, es decir, el desarrollo de vínculos basados en una cooperación comercial y política;
• la apropiación, que implica que las estrategias y políticas de desarrollo pertenecen a los países en cuestión y no se imponen desde fuera.
La UE se compromete en África en los tres niveles de gobernanza –nacional, regional y continental–, sobre la base del principio de subsidiariedad: sólo se tratarán a un nivel superior los problemas que serían tratados con menor eficacia a un nivel inferior. La solidaridad interafricana entre estos niveles debería aumentar, así como elevar el diálogo con el conjunto del continente africano al nivel político más elevado.
La estrategia de respuesta de la UE
La UE debería intensificar su ayuda en los ámbitos considerados como condiciones previas a la realización de los ODM, es decir, la paz, la seguridad y la buena gobernanza, necesarias para crear un entorno propicio al crecimiento económico, a los intercambios y a las interconexiones y a la cohesión social y medioambiental.
Por ello, la UE incrementará sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad mediante un amplio abanico de acciones que va del apoyo de las operaciones africanas en materia de paz, a un planteamiento global de prevención de los conflictos para combatir las causas profundas de los conflictos violentos. Estas acciones contemplan también la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de las armas de destrucción masiva, así como el apoyo de las estrategias regionales y nacionales en favor del desarme, la desmovilización, la reintegración y la reinserción con el fin de contribuir a la reintegración de los excombatientes (incluidos los niños soldados) y a la estabilización de las situaciones posteriores al conflicto.
Por lo que se refiere a la buena gobernanza, a pesar de los progresos realizados, queda aún un largo camino por recorrer. Con el fin de reformar el Estado, la UE contribuirá a construir instituciones centrales eficaces y fiables, para lo cual emprenderá una iniciativa en materia de gobernanza en apoyo del mecanismo africano de evaluación por los pares. Se esforzará por aumentar el respeto de los derechos humanos y de la democracia y desarrollará la capacidad local y el proceso de descentralización con el fin de reforzar la democracia y el desarrollo. La UE también animará a los países africanos a firmar y aplicar los principales instrumentos internacionales en materia de prevención de la delincuencia.
Para contribuir a una reducción eficaz de la pobreza, la UE fomentará un crecimiento económico rápido y diversificado en África apoyando la estabilidad macroeconómica y contribuyendo a la creación de mercados regionales integrados. El acceso limitado a los servicios de transporte y comunicación, al agua, a los equipamientos sanitarios y a la energía frena el crecimiento económico. Por ello, la Comisión propone establecer una asociación UE-África para la infraestructura. Asimismo, es necesario armonizar las políticas de transporte apoyando el programa «transporte» del África subsahariana, desarrollar la infraestructura energética así como la gestión integrada del agua para mejorarla en las cuencas fluviales transfronterizas.
Si se tiene en cuenta que el 40 % de los africanos sobreviven con menos de un dólar diario, se impone la necesidad de contribuir al establecimiento de una protección social para los más vulnerables. En este contexto, la UE apoyará la educación, el acceso a los conocimientos y la transferencia de las competencias prolongando la enseñanza primaria a lo largo de la vida, el acceso al agua, a la higiene y a la energía, así como la mejora de las infraestructuras sanitarias y el suministro de servicios sanitarios esenciales.
También se prestará una atención especial a las políticas para el empleo, la promoción de la diversidad cultural y la transformación de la migración en fuerza positiva dentro del proceso de desarrollo.
En el sector del medio ambiente, las acciones de la UE se referirán a la gestión de la diversidad del medio ambiente, la mejora de la gestión sostenible de las tierras con el fin de detener la desertización, la conservación de la biodiversidad, la limitación de los efectos del cambio climático y el apoyo a la buena gestión de los productos químicos.
Aunque la UE es el donante más importante del mundo para África, la financiación comunitaria debe aumentar considerablemente. En junio de 2005, se comprometió a aumentar la ayuda pública de forma colectiva al 0,56 % del PIB (Producto Interior Bruto), de aquí a 2010, y al 0,7 % del PIB de aquí a 2015. En concreto, para el África Subsahariana estarán disponibles unos 4 000 millones de euros al año. La presente estrategia para África debería constituir el marco de referencia para los programas y las medidas encuadradas dentro del 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
La presente estrategia fue adoptada por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de diciembre de 2005.
La estrategia de la UE para África es la respuesta de la Unión Europea (UE) al doble reto que consiste en volver a situar a África en la vía del desarrollo sostenible y en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de aquí a 2015. Socia desde hace tiempo y vecina próxima de África, la UE está bien situada para contribuir a dar a este continente un impulso decisivo en este proceso.
SÍNTESIS
La estrategia de la Unión Europea (UE) para África define un marco de acción para el conjunto de los Estados miembros con el fin de apoyar los esfuerzos desplegados por África para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Desde hace algunos años, se vienen registrando numerosos progresos en África, sobre todo en materia de gobernanza y de crecimiento económico. La Unión Africana (UA), la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) y las organizaciones internacionales han dotado a África de una hoja de ruta política y económica y de una visión para el futuro.
No obstante, para África, el camino que queda por recorrer para lograr el desarrollo sostenible es aún largo.
Una realidad muy contrastada
En África coexisten diferentes regímenes políticos, experiencias históricas, contextos culturales y religiosos, contextos económicos y geográficos. También coexisten zonas de inseguridad con centros de estabilidad.
Algunos países africanos han vivido y viven períodos duraderos de paz, seguridad, estabilidad económica y política y de participación democrática, mientras que otros siguen inmersos en conflictos interminables.
Esta mayor inestabilidad va acompañada de un aumento de la delincuencia organizada transnacional, que ha provocado una mayor amenaza del tráfico y consumo de drogas, la trata de seres humanos, el contrabando de recursos naturales y el tráfico de armas.
No obstante, los factores de crecimiento no escasean. La explotación duradera de los recursos naturales, el desarrollo agrícola y la inversión en recursos humanos crean un clima favorable a las inversiones. Varios países africanos son ricos en recursos naturales que permiten un verdadero desarrollo sostenible. Las economías africanas dependientes de los productos agrícolas básicos pueden reducir su vulnerabilidad interviniendo sobre la tendencia a la baja de los precios a largo plazo y sobre las fluctuaciones de los precios mundiales.
Un clima de inversión fiable y atractivo es fundamental para el crecimiento. La estabilidad y el nivel de gobernanza de un país, la transparencia, el diálogo con los medios financieros nacionales e internacionales, así como la integración regional son todos factores que contribuyen al desarrollo económico. Nuevos protagonistas externos, como Brasil, India o China, se ven cada vez más atraídos por el potencial económico que representa África. Otros que son socios de África desde hace mucho tiempo, como los Estados Unidos, Japón y Rusia, muestran un interés renovado por este continente.
En estas regiones es especialmente importante crear interconexiones para facilitar el acceso de las poblaciones a los mercados y reducir los costes de las actividades comerciales. Por consiguiente, es necesario elaborar un proceso de integración regional con el fin de reforzar la situación de África en la economía mundial.
Dinámica social
El desarrollo humano también refleja condiciones muy variadas. Aunque algunos países africanos registraron un crecimiento económico impresionante, la distribución muy desigual de los ingresos impide a menudo que este crecimiento tenga un efecto positivo sobre la pobreza.
La creación de empleo sigue siendo uno de los principales retos para la reducción de la pobreza y el desarrollo social, sobre todo para las mujeres y las minorías étnicas. La situación del empleo está estrechamente vinculada al índice de alfabetización que mejora poco a poco.
El bienestar de los habitantes depende también de las condiciones de higiene y salud. En particular, la pandemia de VIH/sida representa una pesada carga para numerosos países de África.
Dinámica medioambiental
Desde el punto de vista medioambiental, el continente africano tiene grandes contrastes. El cambio climático va a aumentar aún más la presión sobre los recursos hídricos, afectará a la biodiversidad y a la salud humana, deteriorará la seguridad alimentaria y empeorará la desertización. Las inundaciones y las sequías son frecuentes, y se intensificarán a causa del cambio climático, mientras que los sistemas de alerta rápida son inadecuados y la gestión de las catástrofes deficiente. Por tanto, la adaptación al cambio climático es una cuestión de primera necesidad para el desarrollo del continente.
Los procesos de desertización afectan a casi la mitad del continente africano; las zonas más gravemente afectadas se sitúan a lo largo de los márgenes desérticos.
Además, los recursos hídricos renovables de África son inferiores a la media mundial y varios países sufren restricciones o escasez. Además, África posee un 17 % de los bosques mundiales y la deforestación, con fines comerciales o agrícolas, es un motivo de preocupación importante.
Los principios de las relaciones UE-África
Durante las últimas décadas, los acuerdos entre la UE y África se han hecho cada vez más numerosos, e incluyen los Convenios de Lomé, firmados con los países miembros del grupo de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y sustituidos por el Acuerdo de Cotonú en 2000, los Acuerdos con Sudáfrica y los Acuerdos de Colaboración y de Asociación Euromediterráneos.
Por consiguiente, ha llegado el momento de desarrollar los principios fundamentales que regulan el vínculo entre África y la UE. La presente Comunicación prevé tres principios:
• la igualdad, basada en el reconocimiento y el respeto recíprocos de las instituciones y la definición de intereses colectivos mutuos;
• la asociación, es decir, el desarrollo de vínculos basados en una cooperación comercial y política;
• la apropiación, que implica que las estrategias y políticas de desarrollo pertenecen a los países en cuestión y no se imponen desde fuera.
La UE se compromete en África en los tres niveles de gobernanza –nacional, regional y continental–, sobre la base del principio de subsidiariedad: sólo se tratarán a un nivel superior los problemas que serían tratados con menor eficacia a un nivel inferior. La solidaridad interafricana entre estos niveles debería aumentar, así como elevar el diálogo con el conjunto del continente africano al nivel político más elevado.
La estrategia de respuesta de la UE
La UE debería intensificar su ayuda en los ámbitos considerados como condiciones previas a la realización de los ODM, es decir, la paz, la seguridad y la buena gobernanza, necesarias para crear un entorno propicio al crecimiento económico, a los intercambios y a las interconexiones y a la cohesión social y medioambiental.
Por ello, la UE incrementará sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad mediante un amplio abanico de acciones que va del apoyo de las operaciones africanas en materia de paz, a un planteamiento global de prevención de los conflictos para combatir las causas profundas de los conflictos violentos. Estas acciones contemplan también la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de las armas de destrucción masiva, así como el apoyo de las estrategias regionales y nacionales en favor del desarme, la desmovilización, la reintegración y la reinserción con el fin de contribuir a la reintegración de los excombatientes (incluidos los niños soldados) y a la estabilización de las situaciones posteriores al conflicto.
Por lo que se refiere a la buena gobernanza, a pesar de los progresos realizados, queda aún un largo camino por recorrer. Con el fin de reformar el Estado, la UE contribuirá a construir instituciones centrales eficaces y fiables, para lo cual emprenderá una iniciativa en materia de gobernanza en apoyo del mecanismo africano de evaluación por los pares. Se esforzará por aumentar el respeto de los derechos humanos y de la democracia y desarrollará la capacidad local y el proceso de descentralización con el fin de reforzar la democracia y el desarrollo. La UE también animará a los países africanos a firmar y aplicar los principales instrumentos internacionales en materia de prevención de la delincuencia.
Para contribuir a una reducción eficaz de la pobreza, la UE fomentará un crecimiento económico rápido y diversificado en África apoyando la estabilidad macroeconómica y contribuyendo a la creación de mercados regionales integrados. El acceso limitado a los servicios de transporte y comunicación, al agua, a los equipamientos sanitarios y a la energía frena el crecimiento económico. Por ello, la Comisión propone establecer una asociación UE-África para la infraestructura. Asimismo, es necesario armonizar las políticas de transporte apoyando el programa «transporte» del África subsahariana, desarrollar la infraestructura energética así como la gestión integrada del agua para mejorarla en las cuencas fluviales transfronterizas.
Si se tiene en cuenta que el 40 % de los africanos sobreviven con menos de un dólar diario, se impone la necesidad de contribuir al establecimiento de una protección social para los más vulnerables. En este contexto, la UE apoyará la educación, el acceso a los conocimientos y la transferencia de las competencias prolongando la enseñanza primaria a lo largo de la vida, el acceso al agua, a la higiene y a la energía, así como la mejora de las infraestructuras sanitarias y el suministro de servicios sanitarios esenciales.
También se prestará una atención especial a las políticas para el empleo, la promoción de la diversidad cultural y la transformación de la migración en fuerza positiva dentro del proceso de desarrollo.
En el sector del medio ambiente, las acciones de la UE se referirán a la gestión de la diversidad del medio ambiente, la mejora de la gestión sostenible de las tierras con el fin de detener la desertización, la conservación de la biodiversidad, la limitación de los efectos del cambio climático y el apoyo a la buena gestión de los productos químicos.
Aunque la UE es el donante más importante del mundo para África, la financiación comunitaria debe aumentar considerablemente. En junio de 2005, se comprometió a aumentar la ayuda pública de forma colectiva al 0,56 % del PIB (Producto Interior Bruto), de aquí a 2010, y al 0,7 % del PIB de aquí a 2015. En concreto, para el África Subsahariana estarán disponibles unos 4 000 millones de euros al año. La presente estrategia para África debería constituir el marco de referencia para los programas y las medidas encuadradas dentro del 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
La presente estrategia fue adoptada por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de diciembre de 2005.
África importa el 95% de las armas para la guerra
África importa el 95% de sus armas para la guerra
Joseba Vivanco
Gara
Los enfrentamientos armados sangran cada año 18.000 millones de dólares a la economía africana. El Kalashnikov es el rey de un arsenal ingente que, según denuncia un informe de Oxfam, en un 95% se fabrica fuera de África, a donde buena parte llega a través del incontrolado tráfico ilegal.
Hay 550 millones de armas de fuego en circulación. Eso significa que hay un arma de fuego por cada 12 personas en el planeta. La pregunta es: ¿Cómo armamos a las otras 11?». Es una de las demoledoras reflexiones que hace Yuri Orlov, el insensible traficante de armas que el actor Nicolas Cage encarna en la reciente película «El Señor de la Guerra''. Hace un par de años, el galardonado documental ``La pesadilla de Darwin'', donde los gigantescos aviones Antonov partían desde Tanzania con percas del lago Victoria y regresaban al corazón de África cargados de munición y kalashnikovs, nos desveló los entresijos del tráfico ilegal de armas. Ahora, este nuevo film retrata a los protagonistas de este comercio ilícito, uno de los más lucrativos del mundo. «¿Sabéis quiénes heredarán la Tierra? Los traficantes de armas, porque los demás ya están demasiado ocupados matándose los unos a los otros», vuelve a demolernos Orlov.
El nombre ficticio de Yuri Orlov bien pudiera ser el de Victor Bout, un empresario ruso con toda una flota de aviones que suministran armas por todo África, o Leonid Minin, otro intermediario bien conocido por la ONU y las organizaciones civiles que denuncian este tráfico de sangre. Una de esas ONG es Oxfam International, que acaba de hacer público un revelador informe titulado ``Los millones perdidos de África'', en el que pone de manifiesto que los enfrentamientos armados que han asolado este continente en la última década le cuestan 18.000 millones de dólares cada año.
Pero lo más revelador es que el 95% del grueso de armas y municiones con las que los africanos se matan entre sí proviene del exterior. Ni los países africanos fabrican el fusil de asalto Kalashnikov, ni manufacturan municiones. Y volviendo a tomar como referencia las reflexiones de Yuri Orlov, el peligro no era antes Irak ni tampoco lo es ahora Irán: «Nueve de cada diez personas son asesinadas con misiles de asalto y armas pequeñas como las tuyas (...). Los misiles nucleares están en silos; tus AK-47 son las armas de destrucción masivas».
Un 38% de los conflictos armados está localizado en el continente negro y en 2006 casi la mitad de los considerados de alta intensidad tuvieron como escenario suelo africano. A ello hay que sumarle los elevados índices de delincuencia armada en algunos países como Ghana o en regiones como el norte de Nigeria o Kenia, por poner sólo unos ejemplos.
«Las peleas a puñetazos se convierten en peleas a tiros», resume Oxfam, que se pregunta directamente de dónde proceden esos millones de armas que inundan la sociedad africana. No es tan difícil seguir el rastro. Leonid Minin es un traficante de armas nombrado en diversos informes de la ONU por la venta de armas a Liberia y Sierra Leona. En 1999, se constató que 68 toneladas de armas ucranianas fueron enviadas a Burkina Faso utilizando certificados de usuario final falsos por una compañía británica, Air Foyle, y bajo contrato emitido por una compañía registrada en Gibraltar. A los pocos días de su llegada a Burkina Faso, las armas fueron enviadas a Liberia en un avión de Minin. El avión tenía matrícula de las islas Caimán y era operado por una compañía registrada en Mónaco. Las armas fueron transferidas posteriormente de Liberia a Sierra Leona. Así es el tráfico de armas.
«Las armas que se fabrican en África casi nunca son utilizadas en los conflictos africanos», deja patente este informe. Una veintena de compañías en Sudáfrica, siete en Egipto y una en Nigeria conforman todo su entramado de fabricación de armas ligeras. Para hacerse una idea de la magnitud de la adquisición africana de este tipo de arsenales, baste el dato oficial de la ONU de que en 2005 se importaron este tipo de armas por valor de 59,2 millones de dólares, y sólo el 1% procedía del mercado interno. Y hablamos de comercio autorizado.
El documento de Oxfam hace especial hincapié en el ampliamente conocido Kalashnikov, la que presenta como «la máquina de matar preferida en el mundo», con entre 50 y 70 millones de unidades repartidas a lo largo y ancho de los cinco continentes. La gran mayoría de países fabricantes de este fusil y sus derivados están localizados en otros continentes, como mínimo en trece países. Y otro tanto sucede con las necesarias cantidades de munición.
La carencia de legislaciones internacionales efectivas o de normativas estatales que regulen la intermediación y su transporte impiden poner coto a este comercio ilegal del que se benefician `señores de la guerra' como el ruso Victor Bout y su flota de 50 aviones, compañías aéreas y agencias de tránsito, pero también las industrias armamentísticas de los países más ricos. A África, por contra, cada bala le cuesta 6.000 dólares, los que pagó un chico congoleño para que le reconstruyeran la mandíbula que un disparo le destrozó; un coste equivalente a un año de educación primaria para cien escolares o a la vacunación de 250 niños.
Joseba Vivanco
Gara
Los enfrentamientos armados sangran cada año 18.000 millones de dólares a la economía africana. El Kalashnikov es el rey de un arsenal ingente que, según denuncia un informe de Oxfam, en un 95% se fabrica fuera de África, a donde buena parte llega a través del incontrolado tráfico ilegal.
Hay 550 millones de armas de fuego en circulación. Eso significa que hay un arma de fuego por cada 12 personas en el planeta. La pregunta es: ¿Cómo armamos a las otras 11?». Es una de las demoledoras reflexiones que hace Yuri Orlov, el insensible traficante de armas que el actor Nicolas Cage encarna en la reciente película «El Señor de la Guerra''. Hace un par de años, el galardonado documental ``La pesadilla de Darwin'', donde los gigantescos aviones Antonov partían desde Tanzania con percas del lago Victoria y regresaban al corazón de África cargados de munición y kalashnikovs, nos desveló los entresijos del tráfico ilegal de armas. Ahora, este nuevo film retrata a los protagonistas de este comercio ilícito, uno de los más lucrativos del mundo. «¿Sabéis quiénes heredarán la Tierra? Los traficantes de armas, porque los demás ya están demasiado ocupados matándose los unos a los otros», vuelve a demolernos Orlov.
El nombre ficticio de Yuri Orlov bien pudiera ser el de Victor Bout, un empresario ruso con toda una flota de aviones que suministran armas por todo África, o Leonid Minin, otro intermediario bien conocido por la ONU y las organizaciones civiles que denuncian este tráfico de sangre. Una de esas ONG es Oxfam International, que acaba de hacer público un revelador informe titulado ``Los millones perdidos de África'', en el que pone de manifiesto que los enfrentamientos armados que han asolado este continente en la última década le cuestan 18.000 millones de dólares cada año.
Pero lo más revelador es que el 95% del grueso de armas y municiones con las que los africanos se matan entre sí proviene del exterior. Ni los países africanos fabrican el fusil de asalto Kalashnikov, ni manufacturan municiones. Y volviendo a tomar como referencia las reflexiones de Yuri Orlov, el peligro no era antes Irak ni tampoco lo es ahora Irán: «Nueve de cada diez personas son asesinadas con misiles de asalto y armas pequeñas como las tuyas (...). Los misiles nucleares están en silos; tus AK-47 son las armas de destrucción masivas».
Un 38% de los conflictos armados está localizado en el continente negro y en 2006 casi la mitad de los considerados de alta intensidad tuvieron como escenario suelo africano. A ello hay que sumarle los elevados índices de delincuencia armada en algunos países como Ghana o en regiones como el norte de Nigeria o Kenia, por poner sólo unos ejemplos.
«Las peleas a puñetazos se convierten en peleas a tiros», resume Oxfam, que se pregunta directamente de dónde proceden esos millones de armas que inundan la sociedad africana. No es tan difícil seguir el rastro. Leonid Minin es un traficante de armas nombrado en diversos informes de la ONU por la venta de armas a Liberia y Sierra Leona. En 1999, se constató que 68 toneladas de armas ucranianas fueron enviadas a Burkina Faso utilizando certificados de usuario final falsos por una compañía británica, Air Foyle, y bajo contrato emitido por una compañía registrada en Gibraltar. A los pocos días de su llegada a Burkina Faso, las armas fueron enviadas a Liberia en un avión de Minin. El avión tenía matrícula de las islas Caimán y era operado por una compañía registrada en Mónaco. Las armas fueron transferidas posteriormente de Liberia a Sierra Leona. Así es el tráfico de armas.
«Las armas que se fabrican en África casi nunca son utilizadas en los conflictos africanos», deja patente este informe. Una veintena de compañías en Sudáfrica, siete en Egipto y una en Nigeria conforman todo su entramado de fabricación de armas ligeras. Para hacerse una idea de la magnitud de la adquisición africana de este tipo de arsenales, baste el dato oficial de la ONU de que en 2005 se importaron este tipo de armas por valor de 59,2 millones de dólares, y sólo el 1% procedía del mercado interno. Y hablamos de comercio autorizado.
El documento de Oxfam hace especial hincapié en el ampliamente conocido Kalashnikov, la que presenta como «la máquina de matar preferida en el mundo», con entre 50 y 70 millones de unidades repartidas a lo largo y ancho de los cinco continentes. La gran mayoría de países fabricantes de este fusil y sus derivados están localizados en otros continentes, como mínimo en trece países. Y otro tanto sucede con las necesarias cantidades de munición.
La carencia de legislaciones internacionales efectivas o de normativas estatales que regulen la intermediación y su transporte impiden poner coto a este comercio ilegal del que se benefician `señores de la guerra' como el ruso Victor Bout y su flota de 50 aviones, compañías aéreas y agencias de tránsito, pero también las industrias armamentísticas de los países más ricos. A África, por contra, cada bala le cuesta 6.000 dólares, los que pagó un chico congoleño para que le reconstruyeran la mandíbula que un disparo le destrozó; un coste equivalente a un año de educación primaria para cien escolares o a la vacunación de 250 niños.
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